En 2013, un año antes de la Revolución de Euromaidán, el entonces presidente de Ucrania, el prorruso Viktor Yanukóvich, no tuvo reparos en colocar, al frente del Servicio de Seguridad de Ucrania (SSU, más conocido en Occidente como SBU) a Aleksándr Yakimenko. La ‘peculiaridad’ del nombramiento no solo radicaba en que el jefe del Estado hoy huido a Moscú había evitado el procedimiento habitual de presentar a su nuevo responsable de inteligencia en la Rada, el Parlamento unicameral ucraniano. Yakimenko era, además, un ciudadano ruso, cuya biografía era ignorada por los diputados que lo debían supervisar, incluyendo la fecha de su nacionalización como ucraniano, y que, para más inri, entre 1991 y 1998 había servido como militar en el Ejército del Kremlin, graduándose en 1997 en la Academia de la Fuerza Aérea Gagarin, en la región de Moscú.
Yakimenko solo ocupó el cargo durante un año. En 2014, en medio de la efervescencia revolucionaria en Kiev, fue relevado por el Parlamento ucraniano, dándose a la fuga y reapareciendo a los pocos días en Rusia junto con otros 15 exaltos cargos del SBU. Juzgado en 2023 ‘in absentia’ por la justicia ucraniana bajo la acusación de traición, su caso ejemplifica la ingente y hercúlea transformación que han tenido que experimentar los servicios secretos de Ucrania en la última década, en particular el SBU.
De una agencia escindida del KGB soviético, con una capacidad de supervisar e interferir en la vida política y económica de un país difícil de imaginar en Occidente, se ha transformado en la actualidad en una institución que está llevando a cabo algunos de los golpes más audaces contra el enemigo ruso, incluyendo espectaculares ataques contra el puente de Kerch, que une la anexionada Crimea con la Federación Rusa, o el reciente asesinato del general ruso encargado de las fuerzas de defensa química y bacteriológica Ígor Kirilov, calificado de «objetivo legítimo» por fuentes de seguridad ucranianas bajo el anonimato. Uno de los últimos sondeos de opinión realizados por el instituto Rating muestra que el SBU ha pasado de ser una de las instituciones más denostadas a convertirse en «uno de los tres organismos estatales en los que más confían los ciudadanos», recuerda a EL PERIÓDICO Viktoria Vdovychenko, directora del programa conjunto Futuro para Ucrania, adscrito al Centro para la Geopolítica de la Universidad de Cambridge. Y cita como una de las razones su papel de «pivote» a la hora de frenar el avance ruso sobre Kiev en el arranque de la invasión rusa en 2022.
Ciertamente, las atribuciones del SBU, heredero de la antigua sección ucraniana del KGB, la convertían en los años 90 y bajo el mandato de Yanukovich en un omnímodo poder fáctico. «Era una copia de la KGB, podía interferir en asuntos políticos, económicos, con gente instalada en todas las posiciones, una institución temida por todos y que los políticos en el poder podían utilizar contra sus oponentes», explica desde Kiev Vadim Halaychuk, diputado en la Rada por Servidor del Pueblo, el partido del presidente Volodímir Zelenski. También se dedicaban a supervisar los delitos económicos, una atribución que, al igual que en Rusia, generaba grandes niveles de corrupción y concedía a ciertos agentes del SBU capacidad de enriquecerse, más allá de sus atribuciones. No obstante, puntualiza Vdovynchenko, en Ucrania «siempre hubo diferencias con Rusia, y ni siquiera durante el periodo de Yanukovich» se produjeron los abusos de poder que se practicaban en el país vecino.
Infiltración rusa
Otro de los fenómenos que han caracterizado al SBU desde su fundación hasta 2014, el año del Euromaidán, ha sido el elevado grado de infiltración por Rusia. Al fin y al cabo, se trata de una agencia formada a partir de la sección ucraniana del KGB, y sus integrantes habían trabajado durante largo tiempo con sus colegas rusos, estableciendo lazos de confianza y camaradería. A partir de la salida del poder de Yanukovich y la definitiva orientación del país eslavo hacia Occidente, muchos funcionarios dejaron el SBU, desincentivados por los cambios, en particular la imposibilidad de hacer dinero y mantener negocios paralelos. Ello no ha impedido que periódicamente, y con relativa frecuencia, sigan apareciendo informaciones de altos cargos detenidos y/o acusados de colaborar con el enemigo ruso.
El caso de Andriy Naumov, jefe de la seguridad interna en la agencia, generó gran estupor: fue relevado de su cargo por Zelenski un mes después del inicio de la invasión y calificado de «traidor». En la actualidad, se halla a la espera de juicio en Serbia, país en el que reside, acusado de blanqueo de dinero. En el verano de 2022, el jefe del SBU en Crimea Oleg Kulinich fue detenido también de «traición», y se halla en la cárcel a la espera de juicio.
Semejante pesada herencia institucional requiere un ingente trabajo de reforma, en un tiempo en el que el país, además, se halla envuelto en una guerra de desgaste lanzada desde el vecino del este. Ucrania afronta un doble desafío: es un país que «tiene que reformarse» y a la vez «luchar» por sobrevivir, recuerda Vdovychenko, quien insiste en que las reformas que se aprueban e implementan van en la dirección de adecuar a la agencia «a los estándares» que plantean tanto la UE como en la OTAN. Pero «es una demanda» también incitada «por la sociedad civil ucraniana», subraya.
El legislador Halaychuk considera que entre el 50% y el 60% del trabajo legislativo necesario para adecuar al SBU a los estándares occidentales ya está hecho, y cita como ejemplo la Ley de Seguridad del Estado, aprobada en primera lectura en 2021, que, entre otras reformas, transfiere las atribuciones de investigaciones prejudiciales al Servicio Federal de Investigación. También las capacidades de contrainteligencia y lucha contra el terrorismo, tipificadas de acuerdo con los criterios de la Alianza Atlántica, subraya la académica Vdovychenko.
Quedará pendiente, eso sí, el tema del número de efectivos del SBU, que actualmente, de forma extraoficial, se estima en alrededor de 30.000 agentes, cifras muy superiores a las de agencias homólogas en Occidente. Halaychuk considera que, mientras la guerra continúe, es una cuestión imposible de plantear: «La reforma requiere cambios, despedir a gente, contratar, crear nuevas unidades, abolir otras: imagínese que los agentes, en la situación actual, tengan que preocuparse del futuro de sus carreras en lugar de llevar a cabo sus operaciones», concluye Halaychuk.
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