Nuevo frente contra la Conselleria de Educación. El sector de enseñanza de UGT ha presentado dos recursos administrativos contra la eliminación del requisito de valenciano en el cuerpo de la inspección educativa, tanto en el procedimiento de provisión o concurso de traslados para ocupar estos puestos, como en la convocatoria de bolsa de trabajo.
El sindicato considera que la decisión de la Conselleria de Educación de eliminar esta exigencia constituye «un grave ataque a la legalidad vigente y una interpretación interesada de la mal llamada Ley de Libertad Educativa, la Ley 1/2024,de 27 de junio, de la Generalitat, por la que se regula el plurilingüismo en el sistema educativo valenciano».
También El Sindicat de Treballadors i Treballadores de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV) presentó dos recursos de reposición por los motivos similares el pasado mes de noviembre.
Según UGT, contrariamente a lo que sostiene la Administración autonómica, la disposición derogatoria única de la Ley 1/2024 no elimina el requisito del valenciano para el cuerpo de la inspección educativa. Este cuerpo funcionarial no aparece entre los colectivos docentes exentos de dicha exigencia, como se detalla en la normativa vigente. Es más,el sindicato apunta a que «durante la tramitación del proyecto de ley, se incluyó inicialmente a la inspección educativa en la disposición derogatoria, pero fue eliminado en el texto definitivo con la clara intención de preservar el requisito lingüístico para este personal».
Los representates de los trabajadores de la enseñanza, advierten de que el artículo 17 de la ley, al que se aferra la conselleria para justificar su decisión, elimina el requisito lingüístico de multitud de especialidades y cuerpos docentes, entre los que no se encuentra, obviamente, la inspección educativa. «Esta norma se refiere exclusivamente a los cuerpos docentes que imparten docencia, y no al cuerpo de inspección, cuyas funciones y tareas son otras y no están directamente vinculadas con la docencia directa al alumnado», añaden.
Alumnos, en una clase de Primaria de un colegio de Alicante en el inicio de este curso. | PILAR CORTÉS / PILAR CORTÉS
Es más, avisan de que en esta ley «no existe ninguna regulación específica dirigida y que afecte a la inspección educativa. Solo se indica, en una disposición adicional sexta y como no podría ser de otra forma, que deberá velar por el cumplimiento de la ley, asesorar a los equipos directivos y comunidad educativa y supervisar los programas lingüísticos de los centros».
«De forma ilegal»
En este sentido, según el sindicato, la eliminación del C1 en los procedimientos de inspección educativa es el resultado de «una lectura interesada de la ley que atenta contra el marco jurídico y agrava la situación de la lengua propia en el sistema educativo valenciano que, en teoría, esta legislación sobre el plurilingüismo debería fomentar y proteger». A la eliminación del requisito lingüístico en multitud de cuerpos y especialidades docentes con atención directa al alumnado, ahora se pretende extender esta medida, a la inspección educativa. «Y, además, de forma ilegal«, añade.
UGT avisa de que si la Conselleria no rectifica, interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, «ya que es fundamental garantizar que los procesos de provisión y traslado respeten el marco normativo establecido y la catalogación lingüística de determinados puestos de trabajo, en este caso los de la inspección educativa, que caracteriza a nuestro sistema educativo».
