La entidad estatal de suelo Sepes, la compañía dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana escogida para ser el origen de la nueva empresa pública del Gobierno, arrancará su actividad con 5.000 viviendas, después del acuerdo firmado este lunes en el Consejo de Ministros, que incluye el traspaso de los inmuebles residenciales hasta ahora propiedad de INVIED, ADIF y SIEPSE y la cesión de uso de los de MUFACE y Patrimonio Nacional.
Estos son los primeros pasos de la nueva empresa pública de vivienda estatal «capaz de construir y gestionar viviendas», una promesa anunciada por el presidente Pedro Sánchez durante el 41º Congreso Federal del PSOE a principios de mes de diciembre. Su germen será Sepes, que ya ha cambiado su organigrama y elevada al primer rango de empresa pública (a la altura de Adif, Renfe o Correos), con la intención de que cubra todo el ciclo residencial, desde la urbanización de un suelo hasta la construcción y gestión de alquileres.
Según los cálculos realizados por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA y ACTIVOS, el vertical económico de Prensa Ibérica, el conjunto de todas estas compañías públicas, a pesar de que no ofrecen un listado público, suman un total de 6.128 inmuebles, aunque no todos son viviendas (sí la mayoría de los contabilizados), ni pasarán a ser propiedad de Sepes. Los que correspondan a INVIED, ADIF y SIEPSE, primero, la entidad dependiente de Vivienda y Agenda Urbana deberá comprarlos a través del «procedimiento de enajenación previsto en la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas», mientras que las de Patrimonio Nacional y MUFACE deberá firmar convenios para asumir su gestión.
El INVIED, el principal casero
El Instituto de la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), según figura en sus cuentas, cuenta con un total de 9.389 viviendas en patrimonio. Sin embargo, 4.556 están calificadas como «no enajenables», al situarse localizadas dentro de bases, acuartelamientos, edificios o establecimientos militares. Los 4.833 inmuebles restantes sí podrán pasar a manos de Sepes, aunque primero deberá comprarlas. Estas se ubican en Comunidad de Madrid (1.609), Andalucía (842), Galicia (530), Murcia (515), Castilla y León (350), Canarias (206), Cataluña (167), Baleares (131), Aragón (116), Comunidad Valenciana (116), Extremadura (74), País Vasco (62), Castilla-La Mancha (50), Navarra (34), Asturias (19), La Rioja (11) y Cantabria (1).
Por su parte, la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE) es una de la que menos pistas da sobre los inmuebles de su propiedad. En sus cuentas anuales, las últimas disponibles son las del ejercicio 2020, revela que dispone de inmuebles residenciales en el Hospital Psiquiátrico dependiente de la Administración Penitenciaria de Siete Aguas (Valencia), Centro Operativo de Zaragoza, en la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta y en los acuartelamientos de la Guardia Civil de Utrillas (Teruel), Cambados (Pontevedra), Fuentesaúco (Zamora), Santa Marta de Tormes (Salamanca), San Esteban de Gormaz (Soria), Chipiona (Cádiz), Arganda del Rey (Madrid) y Santiago de Compostela.
Patrimonio Nacional y los diferentes Reales Patronatos, el organismo público propietario de los bienes cedidos por la Corona, según sus últimas cuentas, es propietario de 995 inmuebles, incluyendo viviendas, locales, terrenos, garajes y otro tipo de activos. Sin embargo, la entidad no dispone de un listado público completo y detallado de todas sus propiedades.
Tampoco tiene un listado ADIF o la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), aunque esta última registra en su memoria anual que dispone de un patrimonio inmobiliario de 300 fincas, sumando las viviendas, locales y garajes. En el caso de Patrimonio Nacional y MUFACE, Sepes no adquirirá los activos, sino que asumirá su gestión, conservando las primeras la propiedad.
Minucias al lado de Sareb
El número de inmuebles que tienen en propiedad las diferentes empresas públicas mencionadas son pocos en comparación a los que maneja la Sareb, el ‘banco malo’ creado tras el estallido de la burbuja financiera e inmobiliaria para rescatar a las quebradas cajas de ahorros. Esta empresa, controlada por FROB, cuenta con más de 10.000 viviendas destinadas a fines sociales, 8.000 de ellas en alquiler social con acompañamiento y 1.700 cedidas a diferentes administraciones para el mismo fin. Adicionalmente, habría que sumar todas las que dispone en situación de okupación ilegal, las que está desarrollando su promotora Árqura Homes, las que todavía están pendiente de ejecución hipotecaria y las que están a la venta en los diferentes portales.
