Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, en el Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género celebrado en el Senado / José Luis Roca
El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como presunto autor de un delito de revelación de secretos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha necesitado esperar a que las acusaciones personadas le insten a practicar diligencias. Tras comprobar que el informe Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los dispositivos intervenidos en el registro del pasado 30 de octubre al máximo responsable del ministerio público constataba que no guardaba ningún mensaje de los días clave de la supuesta filtración, se ha dirigido a los investigadores para ahondar en las pesquisas con las que tratar de conocer los mensajes borrados.
El juez ha remitido un oficio al instituto armado para que le facilite los números de teléfono y de IMSI/IMEI (los que permiten identificar a un abonado), asociados de las tarjetas de los dispositivos móviles que figuran en el acta de la diligencia de entrada y registro practicada en el despacho de Álvaro García Ortiz, así como la titularidad asociada a estos números de teléfono. De momento no ha acordado otras pruebas, como las solicitadas por Manos Limpias, que el mismo viernes le instó a recabar información a través de las plataformas que albergan la nube de los posibles mensajes borrados, pero sí ha dado el primer paso para profundizar en unas pesquisas encaminadas a determinar si hubo una revelación de secretos.
Las otras acusaciones personadas también han pedido nuevas diligencias este lunes. La representación del empresario Alberto González Amador ha solicitado la imputación del número dos de la Secretaría Técnica de la Fiscalía, Diego Villafañe, que se cruza mensajes con la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también imputada, según constató la Guardia Civil al analizar el móvil de esta en un informe que destacaba el «papel preeminente» del fiscal general en la presunta revelación de datos personales de la imputación por delitos fiscales del novio de Díaz Ayuso.
También pide que se ordene a las compañías telefónicas conservar los datos generados y tratados en el marco de la prestación de servicios de comunicaciones desde el 7 de marzo hasta la fecha de la solicitud del propio Villafañe, de la que era jefa de gabinete del ahora ministro Óscar López Pilar Sánchez Acera –quien le facilitó el mail de la defensa del empresario en el que ofrecía asumir los delitos presuntamente cometidos al entonces secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato-, de los exsecretarios de Estado de Comunicación Francesc Vallès y Ion Antolín, de la directora de comunicación de la ministra de Vivienda, Laura Sánchez Espada, así como de ocho periodistas. Además, reclama que se oficie a las plataformas con residencia en Irlanda que puedan guardar los mensajes borrados por el fiscal general, porque «nadie borra su inocencia», afirma.
Nuevos delitos
Por su parte, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha solicitado este mismo lunes a Hurtado acordar ya la «toma de declaración como investigado» de Álvaro García Ortiz, como «supuesto autor de un delito de prevaricación administrativa en concurso con un delito bien de descubrimiento y revelación de secretos por apoderamiento ilegal» o bien por «infidelidad en la custodia de documentos públicos» en relación con la presunta filtración del mail con el que el empresario Alberto González Amador pretendía alcanzar un pacto para evitar llegar a juicio por fraude fiscal.
La acusación que ejerce el abogado Juan Antonio Frago, en nombre de la APIF, argumenta que con la prueba practicada «y muy especialmente el atestado relativo al teléfono móvil de la fiscal jefe provincial de Madrid», Pilar Rodríguez, «debe proceder a tomarse declaración al investigado que resta», el fiscal general del Estado, puesto que del informe de la Guardia Civil realizado sobre su teléfono «se deduce claramente que la versión de que la desprotección y filtrado, máxime por las horas nocturnas a las que se produjo, solo puede venir de la persona del investigado».
El escrito argumenta «el apoderamiento ilícito de la información«, por parte de los dos imputados, que reclamaron en un «cruce frenético de correos y llamadas en la noche del 13 de marzo» de los emails que se intercambiaron la defensa de Alberto González Amador y el fiscal de delitos económicos, Julián Salto, que fue quien firmó la denuncia por dos delitos fiscales y uno de falsedad.
La acusación popular argumenta que al igual que la presidenta del Consejo General del Poder Judicial no puede reclamar correos a ningún juez, «el fiscal general del Estado tampoco, por su cargo, tiene a su disposición toda la documentación de todas las causas nacionales a granel o sin control alguno», porque en ese caso existiría una base de datos del ministerio públicos con todos los procedimientos de España.
«Llamar a su presencia a un fiscal, y por los cauces reglamentarios, es algo muy distinto a quebrantar el descanso o tiempo libre de un funcionario fiscal para que, con total nocturnidad, se le exija una documentación sensible vía whatsapp, y para que esta acabe depositada en un correo electrónico no corporativo. Es una brecha de seguridad en materia de protección de datos en toda regla«, argumenta la APIF, para considerar consumada la filtración del artículo 417.2 del Código Penal.
Y en cuanto a la prevaricación administrativa, el escrito considera «indudablemente cierto […] que el fiscal general del Estado transmitió órdenes verbales y por un medio no ortodoxo, el whatsapp, para que, a la postre, Julián Salto redirigiera correos que no estaban al alcance de ninguno de los investigados».
Califica de «insalvable la forma (llamadas y whatsapp fuera manifiestamente de horario laboral), la falta de constancia posterior (no se volcó esta actuación a documentos oficiales), el borrado posterior de los whatsapp del móvil del investigado Álvaro García Ortiz, prueba incriminatoria donde las haya, la falta de firma electrónica, la ausencia de legalidad al no cumplir los cauces del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal de obtención de información de un inferior jerárquico, la brecha de seguridad al sacar de un entorno seguro la información secreta a un correo no corporativo, etc.» Y ello sostiene que puede ser constitutivo de un delito de prevaricación administrativa en concurso con el delito bien de infidelidad en la custodia de documentos públicos o bien de descubrimiento y revelación de secretos, por los que el fiscal debe declarar.
Cambios de teléfono
Además de la declaración como imputado de García Ortiz, la acusación que ejerce la APIF solicita nuevas diligencias entre las que figura conocer dónde estaba físicamente el fiscal general del Estado» en la franja de las 20.00 horas del 13 de marzo a la 1.00 del 14 de marzo, para lo que propone utilizar la geolocalización de sus móviles y de los del servicio de escolta. Argumenta que, así aunque no haya cámaras de seguridad en el exterior de la Fiscalía General del Estado, como respondió la institución a un requerimiento anterior, se podría comprobar si estuvo junto a un periodista esa noche.
El fiscal en excedencia y abogado de APIF, Juan Antonio Frago, solicita comprobar quién ha cambiado de teléfono en la Fiscalía General del Estado -el «equipo Fortuny», como lo llama Rodríguez-, desde que se abrió la causa, además de, como apuntan algunas informaciones, el propio García Ortiz. Para ello incluye un pantallazo de su propio teléfono en el que aparece que al día siguiente a los registros del despacho de García Ortiz, la fiscal jefe de la Inspección, María Antonio Sanz, cambió de número de teléfono. «No tenemos manera de acreditarlo por nuestros medios, pero esta no sería la única fiscal del entorno de Álvaro García Ortiz que cambió de número en fechas inmediatamente siguientes al doble registro domiciliario», asegura la acusación que ejerce la APIF.
