Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firmaron a finales de 2019 un acuerdo de coalición que incluía la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana -conocida como ‘Ley Mordaza‘- a «la mayor brevedad» posible. Cinco años después, la norma sigue intacta. Hace unas semanas, el Gobierno llegó a un acuerdo con ERC y EH Bildu para desbloquear su reforma, lo que despejó el camino para su tramitación. Sin embargo, han surgido nuevos obstáculos. El PNV y Podemos han registrado esta semana una serie de enmiendas en contra de ese pacto y la prohibición de las pelotas de goma sigue generando discrepancias, lo que nuevamente hacer peligrar la derogación de la ley.
Hace más de un año y medio, el Gobierno y parte de sus socios cerraron un amplio acuerdo para reformar la norma. Sin embargo, ERC y EH Bildu su opusieron e hicieron naufragar la negociación. Sus motivos fueron cuatro: la prohibición de las pelotas de goma, la rebaja de las infracciones por desobediencia a la autoridad y las faltas de respeto a los agentes y, por último, las devoluciones en caliente de migrantes en la frontera. Todo ello queda resuelto en el pacto que el Ejecutivo cerró a principios de octubre con republicanos catalanes y abertzales. Varios grupos han registrado enmiendas, pero las de PNV y Podemos son las más conflictivas.
Agravar las infracciones
La formación liderada por Aitor Esteban en el Congreso firmó el texto que incluía los cambios pactados, pero se ha desmarcado de alguna de esta propuesta. El Gobierno acordó con ERC y EH Bildu las faltas de respeto a la autoridad quedarán sin efecto cuando el sancionado «acceda a retractarse por sus expresiones» y que la desobediencia a la autoridad pasara de infracción grave a leve. Los jeltzales están en contra de ambas cuestiones y, entre más de una veintena de enmiendas -la mayoría de carácter técnico- plantean revertir estos cambios.
Por un lado, rechazan que las sanciones no tengan efecto si existe una disculpa del sancionado, algo que ERC y EH Bildu exigieron, y, además, amplían esta infracción a las faltas de respeto a un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con independencia de si está «en el ejercicio de sus funciones de protección», como establecía el nuevo texto. Por otro, la formación jeltzale quiere mantener la desobediencia «manifiesta y clara» a la autoridad como una infracción grave.
Las devoluciones en caliente
Podemos tampoco respalda este pacto, aunque en el sentido contrario, consideran que es «poco ambicioso». La secretaria general de la formación, Ione Belarra, criticó que el acuerdo anunciado fue «mucho titular y poco cambio«. En este sentido, los morados han registrado más de una veintena de enmiendas en las que plantean eliminar la «presunción de veracidad» que se otorga a las actas policiales, obligar a la policía a entregar un justificante tras cualquier identificación, eximir de responsabilidad por las infracciones cometidas a los menores de edad o eliminar varias de las infracciones leves que contiene la ley.
Además, los morados son muy críticos con la solución a la que llegaron el Gobierno y ERC y EH Bildu en torno a las devoluciones en caliente de migrantes, reguladas en una disposición adicional de esta norma. El Ejecutivo se comprometió a reformar la Ley de Extranjería, una vez aprobada esta modificación, para garantizar la identificación de los migrantes y evaluar las peticiones de asilo «previamente al proceso de posible expulsión». Sin embargo, Podemos considera que es insuficiente y plantea eliminar esta práctica.
Buscar la mayoría
Y, por último, hay un tema central que sigue provocando controversia en todos los grupos: la prohibición de las pelotas de goma. El texto acordado por el Gobierno establece que este material «se sustituirá progresivamente«. Mientras que ERC y EH Bildu reclaman que el Ministerio del Interior haga público en seis meses un calendario para la sustitución de las pelotas, Podemos, Junts y el BNG exigen su prohibición expresa.
El Ejecutivo necesita de todos y cada uno de los votos de sus socios para alcanzar la mayoría absoluta que requiere la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana al tener carácter orgánico. Ni siquiera una abstención crítica serviría. Por tanto, el Gobierno deberá sentarse a la mesa para seguir negociando con todos, aunque más especialmente con PNV y Podemos, si quiere cumplir el compromiso que firmó en 2019. Y, a la vista de las dinámicas parlamentarias de las últimas semanas, la tarea se plantea compleja.
