Las grietas en el bloque de investidura se ahondan en cada paso legislativo del Gobierno. La división entre los socios se hizo evidente este jueves, cuando el Congreso derogó con el apoyo de PNV y Junts el impuesto a las energéticas que Hacienda había comprometido a prorrogar con Podemos, ERC, Bildu y BNG. El enfrentamiento abierto entre las dos facciones que sostienen a Pedro Sánchez, la de izquierdas y los más conservadores, llevó a un choque frontal que amenaza con nuevas réplicas después de que el de que el Gobierno cediera a Podemos la suspensión una enmienda impulsada precisamente por el PNV. La particularidad del acuerdo es que la suspensión se incluirá dentro del decreto ómnibus donde se prorrogan las medidas del escudo social, vinculando este paquete a la suspensión de su enmienda anti okupación. Los nacionalistas vascos siempre han apoyado las sucesivas prórrogas de este decreto, pero en esta ocasión apoyarlo supondría votar para revertir su propia propuesta.
La enmienda que el PNV incluyó en la Ley sobre la eficiencia del servicio público de la justicia planteaba que los delitos relacionados con la okupación de vivienda -allanamiento, en caso de estar habitada, y usurpación, cuando está vacía- tuvieran un procedimiento judicial rápido, para agilizar los desalojos en estas situaciones. La enmienda se aprobó con los votos de PP, PNV y Junts, pero también de Bildu y ERC, que aseguraron haber votado «por error» esta modificación, que se aprobó de manera definitiva este jueves en el Congreso, gracias a los votos de Podemos, que dio su apoyo a cambio de extender dos medidas del escudo social -seis meses de subvenciones al Transportes y un año de suspensión de desahucios a personas vulnerables-, además de revertir la enmienda del PNV.
En Podemos habían amenazado con tumbar este jueves la medida estrella del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, al considerar que esa enmienda permitía los «desahucios exprés». Después de permitir su aprobación, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, anunció los acuerdos, tanto la suspensión de desahucios a colectivos vulnerables, también por impago de alquiler, como la suspensión de los «desahucios en precario», aquellos que se producen cuando una vivienda está okupada sin mediar un contrato. La exministra aseguró sobre la enmienda que se iba a «suspender su efecto con carácter inmediato» puesto que, según su versión, la modificación impulsada por el PNV «buscaba agilizar los desahucios de las familias en las situaciones de más dificultad».
Estas palabras sublevaron al portavoz del PNV, Aitor Esteban, que cargó duramente contra la exministra y diputada: «Ione Belarra miente: la enmienda del PNV aprobada no es sobre desahucios, es sobre okupas. No afecta a la familia que no puede hacer frente al pago de su vivienda. Le afecta a aquel que delinque okupando una vivienda ajena», criticó el diputado en redes sociales. «Podemos está a favor de la okupación, el PNV en contra», zanjó el portavoz. Unos minutos antes, el dirigente ya había cargado también contra la formación morada por desestabilizar al Gobierno con sus posiciones de máximos. «Aquí los que estamos siendo responsables y dando un cierto equilibrio a este gobierno somos precisamente nosotros», aseguró Esteban en los pasillos del Congreso, donde recordó que «no hay una mayoría de izquierdas en el Congreso» y que os nacionalistas vascos sí podrían «poner en peligro» al Gobierno «porque podemos buscar mayorías alternativas» con la derecha. «Ella [Belarra] está en una está en una esquina», afeó. «Y a ver si se empieza a dar cuenta que para algunas cosas no tiene mayoría».
La escalada verbal y los encontronazos han aumentado considerablemente en los últimos días, después de que Podemos haya calificado al PNV como «cachorrito de Repsol» y le haya acusado de representar a la empresa en el Congreso de los Diputados. Y el difícil equilibrio del Gobierno, que alcanza acuerdos paralelos con ambas facciones del bloque de investidura puede adquirir aún más complejidad, dada la tensión escenificada entre sus socios. El escudo social no ha estado en duda en las sucesivas prórrogas desde que comenzó a impulsarse con la guerra de Ucrania en 2022. En la última prórroga del mes de junio, el Congreso la aprobó por unanimidad, ante dificultades de cualquier partido de rechazar medidas eminentemente sociales y destinadas a reducir la inflación.
Pero en esta ocasión hay algunas diferencias con las últimas votaciones. Además de reducirse el alcance de este escudo social, también es la primera vez que un socio de Gobierno amenaza con dejarlo caer. Fue precisamente el PNV el que amenazó al Gobierno con votar contra este decreto ómnibus si se planteaba incluir en él la prórroga al impuesto a las energéticas. Finalmente, el Ministerio de Hacienda accedió a sacar esta prórroga del escudo social e incluirla en un decreto aparte. El Gobierno mantiene sus planes de prorrogar este impuesto pese a que fue derogado este jueves en el Congreso gracias a PNV y Junts. Una manera más de contravenir de nuevo a los nacionalistas vascos.
La suspensión pactada ahora con Podemos para revertir la enmienda del PNV no hace más que aumentar la tensión entre los socios. Tanto el PNV como Junts han mostrado esta legislatura su creciente preocupación por los casos de okupación, y está por ver si el apartado comprometido con el Gobierno termina vinculado al escudo social, como se comprometió con el partido morado, o si finalmente se vota por separado. Una circunstancia que, de producirse, impediría que la suspensión se hiciese efectiva, ya que no saldría adelante con la actual mayoría del Congreso. Y supondría, además, firmar un nuevo incumplimiento con Podemos, que ha amenazado con bloquear la legislatura si no se materializan los pactos firmados.
