La Guardia Civil ha liderado una operación internacional de pesca ilegal de moluscos capturados furtivamente en aguas contaminadas en la que han sido detenidas 62 personas.
La investigación ha sido llevada a cabo por el Seprona, en una operación conjunta con Francia y Portugal, coordinada por Europol. En nuestro país se han practicado 19 arrestos y, además, han sido investigadas otras ocho empresas del sector.
Han sido incautados un total de 30 toneladas de moluscos y seis toneladas de angulas por un valor superior a los 10 millones de euros en el mercado negro.
Almeja japonesa
Estas organizaciones criminales mariscaban principalmente almeja japonesa, muy apreciada por los consumidores, falsificando la documentación de estos moluscos recolectados en zonas contaminadas para presentarlo como apto para el consumo humano.
Posteriormente, estos ejemplares eran vendidos directamente a los establecimientos hosteleros para evitar así los procesos de depuración exigidos para su venta, de lo cual reducían costes y obtenían mayores beneficios.
Aunque la mayoría de las empresas destinatarias se encontraban en España, todos los moluscos provenían del marisqueo furtivo existente en la costa de Portugal, concretamente de zonas de pesca restringida y prohibida debido a las altas concentraciones de contaminantes existentes en sus aguas.
Riesgo de enfermedades
La posibilidad de absorción de éstos, mediante el proceso de filtrado natural del agua por parte del molusco en su proceso de alimentación, conlleva un riesgo evidente para la salud pública, ya que el consumo continuado de moluscos contaminados puede derivar en riesgo de enfermedades graves como la hepatitis.
Las investigaciones destaparon que algunas de estas organizaciones criminales también estaban traficando con angulas en Portugal, España y Francia. Ello condujo al descubrimiento y desmantelamiento de una importante red delictiva dedicada a la pesca furtiva, la recolección y el contrabando ilegal de angulas.
Pescadores asiáticos
La investigación ha permitido conocer que empresas intermediarias (todas en España), importaban los moluscos a Portugal, no realizando las oportunas descontaminaciones y depuración del producto y llevando a cabo su posterior comercialización en el mercado sin las preceptivas condiciones higiénicas y sanitarias.
Para ello, falsificaban la documentación desde el origen con lo que se perdía la trazabilidad del producto, dificultando su posterior control por las autoridades competentes.
La mayoría de los furtivos procedían de países asiáticos y cobraban un euro por kilo de molusco pescado. En el mercado de marisco, este producto alcanza hasta 25 euros por kilo.
Es la primera vez que se investiga una relación de este tipo de práctica ilegal en la UE con las actividades delictivas de tráfico de seres humanos y explotación laboral con los delitos contra el medio ambiente.
