Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cambió de estrategia en su tercera comparecencia ante el juez Juan Carlos Peinado, imputada por los delitos de tráfico de influencias, apropiación indebida, corrupción en los negocios e intrusismo. En las dos primeras citaciones se negó a declarar. Y este miércoles respondió únicamente las preguntas de su abogado, el exfiscal Antonio Camacho. Durante 35 minutos se exculpó de todas las acusaciones y descargó toda responsabilidad en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Defendió su solvencia profesional, pero también la solidez de las iniciativas docentes que ha encabezado en la Complutense. Y por eso, en un momento de la declaración, según informan a este diario fuentes presentes en el interrogatorio, lamentó ante el juez que el procedimiento judicial y la decisión de la Universidad de extinguir el máster y la cátedra, sin ánimo de lucro y cuyo objetivo fue la difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), hayan perjudicado a las empresas, los profesores, los alumnos y los profesionales que han apoyado estos estudios.
Gómez quiso dejar claro que no fue contratada en 2017 por el Instituto de Empresa (IE) por ser la mujer del presidente del Gobierno. En esas fechas, resaltó, el líder del Ejecutivo era Mariano Rajoy. Asimismo, destacó que su relación profesional con la Complutense nunca estuvo amparada por un contrato de trabajo o laboral que le impidiera realizar otras actividades profesionales al margen de la Universidad.
Desde 2012
En concreto, recordó que sus vínculos con el mundo universitario se remontan a 2012. Fue ese año cuando comenzó a colaborar con la Universidad Complutense de Madrid con un diploma técnico, y desde 2014 como codirectora del Máster Propio de la UCM en Fundraising Público y Privado. En marzo de 2020 empezó a codirigir el Máster en “Transformación Social Competitiva: los Objetivos de Desarrollo Sostenible como estrategia”. Son títulos propios, no oficiales. Por esta labor docente, y por codirigir los másteres, su retribución tenía un techo de 15.000 euros. No es catedrática, nunca estuvo en plantilla de la universidad y no percibió un salario, ha explicado al juez Peinado, a quien especificó que a finales de octubre de 2020 fue nombrada directora de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, un puesto que tampoco conlleva ninguna retribución.
Al responder a su letrado, Begoña Gómez relató que la Cátedra Extraordinaria, que se otorga por «profesionalidad», nace tras una reunión con el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, en julio de 2020. En su comparecencia este miércoles ante los medios de comunicación Camacho apuntó que el motivo de que este encuentro tuviera lugar en Moncloa se debió a que la pandemia desaconsejaba las reuniones en lugares concurridos, al mismo tiempo que recordó que la residencia de su clienta es el complejo presidencial. Fue en julio de 2020 cuando trasladó al rector una invitación a un Congreso para impulsar el nuevo máster. Y ese momento Goyache le informó de que podía incorporar los dos másteres activos bajo lo que denominó una posible Cátedra Extraordinaria. Y esta iniciativa, que se financió con recursos privados y no públicos, se materializó unos meses después, en octubre de 2020.
En todo momento, Begoña Gómez puso de manifiesto que el propósito de Cátedra y del máster era difundir lo que denominó «Objetivos de Desarrollo Sostenible». Nunca buscó ningún tipo de lucro, ni por su parte ni por la de sus compañeros o las empresas que colaboraron de forma desinteresada. Y por eso desarrolló numerosos eventos y actos, cuya ejecución evidencia que se puede colaborar «con empresas de forma altruista». Otro de los objetivos de la Cátedra era el desarrollo de un proyecto tecnológico de medición de impacto gratuito para las pymes.
Apropiación indebida
En relación con el delito de apropiación indebida del software de la Complutense, Begoña Gómez afirmó ante el juez Peinado que inscribió las marcas de sus estudios porque simplemente pretendía darles una imagen y una identidad. De hecho, el logo «TSC: Transformación Social Competitiva» ya estaba registrado con anterioridad a la aprobación del máster y mucho antes que la Cátedra. Además, lo puso al servicio de la Universidad.
En el mismo sentido, inscribió el dominio de internet ‘transforma.org’, una decisión que puso en conocimiento de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación dentro del marco del proyecto de la plataforma tecnológica gratuita. Además, optó por la extensión «.org», ya que es la que se usa de forma habitual para páginas web sin fines de lucro, como organizaciones benéficas, ONG, proyectos de código abierto y plataformas educativas. Al no renovarse el dominio, este ha sido adquirido por una tercera persona.
También explicó que el proyecto de la plataforma tecnológica gratuita siempre tuvo como fin que fuese 100% propiedad de la Complutense. Así, relató que desde un principio estaba previsto crear esta plataforma para la Cátedra Extraordinaria con el apoyo de Reale y La Caixa. La finalidad de este software era la medición del impacto social y su cuantificación. Y por eso la Complutense licitó un contrato de 60.000 euros que terminó siendo adjudicado a Deloitte.
Delito de intrusismo
Begoña Gómez aprovechó su declaración para defenderse de la acusación de intrusismo por elaborar ella misma, sin estar preparada profesionalmente, los pliegos del contrato del software. Por eso, descargó cualquier responsabilidad en la Complutense, una universidad en la que todos los procesos de contratación son guiados, es decir, los órganos gestores de la Escuela de Gobierno y el propio vicerrector asesoran, orientan y proporcionan instrucciones. Y en este caso, explicó, recibió un correo —que está aportado a las actuaciones— en el que los responsables de la Complutense le indicaron que debía firmar el Pliego de Prescripciones Técnicas, lo que efectivamente hizo. Sin embargo, la plataforma nunca llegó a estar operativa.
En relación a las supuestas cartas de apoyo al empresario Juan Carlos Barrabés en licitaciones públicas del Gobierno, Begoña Gómez especificó que no participó en ellas. Únicamente firmó dos cartas que no apoyaban a la empresa Barrabés, sino la importancia del proyecto que se licitaba. Finalmente, puso de manifiesto al juez Peinado el hecho de que el Ayuntamiento de Madrid, que adjudicó contratos a las empresas de Barrabés, también rubricó el mismo modelo de carta.