Gobierno, autonomías y ayuntamientos han acordado avanzar en la implantación de una ordenanza tipo para la apertura de comercios en todos los municipios, dar pasos para la implantación del etiquetado digital y la reducción de requisitos para la autorización de puntos de recarga de vehículos eléctricos. Además, han acordado clarificar la figura de los técnicos competentes para firmar certificados de eficiencia energética, con el fin de evitar la multiplicación de regulaciones en cada una de las diferentes comunidades autónomas. Y todo ello con efectos en algún momento de 2025.
Estas son algunas de las actuaciones concretas que integran el primer «plan de acción» para la reducción, simplificación y homogeneización burocrática en todos los territorios que impulsa el Ministerio de Economía, a través de la llamada ‘comunidad autónoma 18’ o ‘régimen 20’ (si se tienen en cuenta las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla).
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha explicado los detalles de este primer plan de acción antes el inicio de una reunión con representantes autonómicos, municipales y empresariales celebrada este miércoles en la sede del Ministerio de Economía, en el doble marco de la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios y de la Conferencia Sectorial de Comercio Interior.
Tal como lo explica el ministro Cuerpo, la llamada ‘comunidad 18’ (o ‘distrito 20′) se trataría de una comunidad autónoma teórica donde se aplicaría un mínimo común aceptado de reglas administrativas para ejercer la actividad empresarial. La iniciativa del ministro ha sido copiada del llamado ‘Informe Letta’ –el documento que el exprimer ministro italiano Enrico Letta presentó el pasado mes de junio para avanzar en el mercado único en Europa- para crear el ‘Estado 28’ en la UE, a modo de «atajo» para que las empresas puedan operar con mayor facilidad en cada uno de los países de la Unión Europea sin trabas administrativas diferentes en cada uno de ellos. Siguiendo esta idea, las empresas que aceptaran el ‘pasaporte’ de ese ‘distrito 20’ podrían operar en cualquier comunidad autónoma o municipio, sin tener que atender otras cargas burocráticas específicas de cada territorio.
En una reunión anterior, celebrada hace tres meses, el pasado 18 de septiembre, el ministro de Economía propuso a los representantes autonómicos y de la Federación de Municipios avanzar en este objetivo tomando como punto de partida cinco sectores de actividad empresarial: comercio y hostelería, colegios profesionales, transporte, educación (formación) y construcción de infraestructuras, como los puntos de recarga.
Ahora, en la reunión de este miércoles se ha presentado un «primer diagnóstico compartido» sobre la identificación de barreras y cargas administrativas que entorpecen la actividad empresarial en algunas áreas concretas. Además, se ha puesto sobre la mesa el citado plan de acción para 2025.
