La ley para regular y establecer límites a los alquileres de temporada afronta este martes su segundo asalto en el Congreso para iniciar los trámites pertinentes. El Pleno de la Cámara Baja debatirá de nuevo la toma en consideración de una normativa que ya se llevó el veto de Vox, Partido Popular y, por supuesto, Junts. No obstante, el rechazo de los neoconvergentes sorprendió al resto de grupos, pues a todos ellos les prometió que no lo haría. A diferencia de la primera tentativa, los inputs recabados no invitan al pesimismo, sino todo lo contrario, aunque en la política española no puedes fiarte. Lo cierto es que los independentistas ven con buenos ojos las nimias diferencias con respecto al texto anterior para preservar las competencias autonómicas.
La proposición de ley que se someterá a debate y votación en el Pleno de la Cámara es prácticamente idéntica a la que en tiempos tumbaron las derechas. Junts, que decidió a última hora bajarse del barco del ‘sí’ para aliarse con populares y ultraderechistas para que desató una notoria polvareda en la Carrera de San Jerónimo. Los neoconvergentes tuvieron que explicarlo ante los medios de comunicación, justificando que la ley invade “competencias de Cataluña” y manifestaron su disposición a seguir con las conversaciones.
No obstante, la versión de los neoconvergentes no se recibió entre andanadas de fuegos artificiales. Ni tan siquiera por parte de la sociedad catalana. El Sindicato de Inquilinos salió en tromba contra Junts, a quienes acusaban de “mentir”, como y mandar a la “miseria” a todos los inquilinos. Recibieron críticas desde incluso desde sectores muy afines a Carles Puigdemont, como la Assemblea Nacional Catalana (ANC).
La entidad independentista atribuyó el ‘no’ de Junts a un “error de cálculo”, pero “muy grave” al mismo tiempo. Pese al rechazo, las fuerzas de izquierdas (Sumar, ERC, EH Bildu y BNG) registraron el articulado en octubre, con una disposición adicional que determina que en las autonomías con legislación propia sobre vivienda, prevalecerá la normativa regional. De este modo no sólo se blinda la competencia, sino que desproveen de motivos a Junts para desmarcarse ahora de su tramitación.
Optimismo moderado
Precisamente este punto es el que, ahora sí, alimenta el optimismo entre los dos socios de la coalición. No hay mucho miedo entre los aliados de un nuevo desmarque de Junts. De hecho, entienden que la disposición adicional ya cubre lo que reclaman de manera perenne en las filas conservadoras. Desde Sumar creen que esta vez no hay nada que motive a los neoconvergentes para salirse del acuerdo. Así las cosas, dan prácticamente por apoyada y aprobada la normativa, pero tampoco pierden la perspectiva y llaman a la cautela.
De su lado, la secretaria de Organización de Sumar, Lara Hernández, ha instado a Junts a no cometer el mismo error y apoyar la toma en consideración de una nueva proposición de ley para limitar el alquiler temporal. En una rueda de prensa este lunes en Madrid, Hernández envió un mensaje claro a Junts, pidiéndoles que se posicionen del lado correcto y no rechacen nuevamente esta propuesta, como hicieron meses atrás en el Congreso. Según ella, es urgente regular el alquiler de temporada, ya que es uno de los principales problemas en el ámbito de la vivienda.
«Junts tiene la oportunidad de decidir con quién vota: ¿con la mayoría catalana que pidió en su momento la aprobación de esta ley, o con los especuladores de la vivienda?», retó Hernández a los postconvergentes.
Además, la dirigente de Sumar exigió al Ministerio de Vivienda que tome medidas «valientes» frente a la emergencia habitacional actual. Por otro lado, criticó la postura de la patronal catalana en contra de la reducción de jornada, acusando a la CEOE y a ellos de estar «anclados en el pasado», dedicándose al «politiqueo» y defendiendo solo los intereses de las grandes multinacionales. En contraposición, defendió la reducción de jornada a 37,5 horas semanales como una medida respaldada por amplios sectores sociales, independientemente de la ideología política.
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