Lo que comenzó como investigación de un supuesto pelotazo de compra de mascarillas para administraciones socialistas en lo peor de la pandemia, y se ha convertido ya en el caso Ábalos ante el tribunal Supremo, ha derivado en los últimos días en acusaciones que apuntan a la llegada de efectivo a Ferraz para financiar presuntamente de manera irregular al Partido Socialista. Esta posibilidad es alimentada por el considerado nexo corruptor del caso Koldo, Víctor de Aldama, que la utiliza como estrategia de defensa; pero también por personas de su entorno como es la empresaria Carmen Pano, investigada junto a él en otra causa diferente por un fraude de hidrocarburos.
El mismo día en el que Aldama declaraba en el Tribunal Supremo que tanto el exministro José Luis Ábalos como su asesor en Transportes Koldo García llegaron a cobrar casi 4 millones de euros en comisiones, y que le aseguraban que parte de las mismas eran para el partido; el juez del caso hidrocarburos en la Audiencia Nacional ordenaba la detención de Pano y su hija Leonor, que fue novia del comisionista. Carmen Pano admitió en una entrevista al diario digital El Español «haber entregado 90.000 euros en efectivo en octubre de 2020 en la sede del PSOE «por instrucciones directas de Víctor de Aldama».
No obstante, ninguno de los tres jueces que a día de hoy investigan a Aldama — el magistrado del Supremo Leopoldo Puente, el instructor del caso Koldo en la Audiencia Nacional Ismael Moreno y el juez de este mismo órgano Santiago Pedraz, que investiga el fraude de carburante– indagan sobre un posible delito de financiación ilegal del partido en el Gobierno.
Para el partido «muchas veces»
Pese a haberlo apuntado de forma somera en su primera confesión ante el juez Moreno, Aldama ha incidido este lunes en la posible financiación opaca del PSOE al afirmar expresamente que de las comisiones que recibió por intermediar para que sus socios obtuvieran jugosos contratos en diferentes administraciones socialistas había una parte que siempre era para Koldo y Ábalos, quienes «muchas veces» él le decían que «era dinero para el partido».
Aldama no ha cuantificado por el momento cuál es la cantidad que según su versión llegó a financiar de forma irregular al partido liderado por Pedro Sánchez. Únicamente ha cifrado entre 3,5 y 4 millones de euros el total que habría repartió entre el exministro José Luis Ábalos y su asesor en Transportes Koldo García desde finales de 2019 y hasta casi 2022. Es un cálculo aproximativo teniendo en cuenta que el ministro y su asesor se llevaban entre un 1 y un 1,5 por ciento del total de lo adjudicado en cada contrato que facilitaban a la trama de empresas del comisionista.
Aunque casi siempre era Koldo el que cobraba, un total de 170.000 fueron recogidos directamente por Ábalos, según su testimonio. Especificó incluso, a preguntas del instructor del Supremo, el lugar donde entregó este dinero, que era el propio Ministerio y hasta tres veces en un chalet en el Viso, una exclusiva zona residencial de la capital. En un momento de la declaración, el magistrado le llegó a cuestionar sobre la falta de sentido de realizar pagos por licitaciones futuras, a lo que el comisionista respondió que se trataba de pagos «a futuro», una especie de inversión.
En cuanto a Pano, ha sido detenida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en una operación desarrollada por orden del juez Pedraz en el marco de la estafa de hidrocarburos que se eleva a más de 182 millones de euros. Pese a que no forma parte de la investigación de este asunto, al menos por el momento, la empresaria habría admitió la comisión de un delito de cohecho al confesar pagos en metálico en la sede socialista de Ferraz por encargo de su socio.
La instrucción también la sitúa como responsable de pagar una parte del chalé en La Alcaidesa, en la localidad gaditana de La Línea de la Concepción, del que disfrutó José Luis Ábalos con su familia, según los informes que la Guardia Civil entregó al primer instructor del caso Koldo. Tras conocerse sus manifestaciones al diario digital, las acusaciones populares personadas en el procedimiento urgieron al instructor Moreno su citación como investigada, algo que el titular del Juzgado Central número 2 ha rechazado por el momento. Sin embargo, el juez no se ha olvidado de ella y ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que realice determinadas diligencias para comprobar sus manifestaciones.
A juicio de Anticorrupción, lo dicho por esta empresaria sobre la entrega de efectivo en Ferraz vendría a entrar en contradicción con la investigación realizada hasta el momento sobre la actividad de Aldama y sus socios. La diligencia ordenada por el juez del caso se centra en el análisis de los dispositivos intervenidos al resto de investigados, para aclarar si sus conversaciones permiten determinar la verosimilitud de las palabras de Pano.
