Un 60% de los funcionarios de MUFACE son profesores no universitarios. Un amplísimo colectivo que, el 11 de diciembre ha convocado, junto a otros sindicatos, concentraciones para exigir al Gobierno una nueva licitación y a las aseguradoras responsabilidad para que se suscriba «lo antes posible» un nuevo convenio. Lo hacen tras conocerse los resultados de las consultas de mercado convocadas por el organismo con compañías como DKV pidiendo una subida de la prima de casi el 41% para el primer año. En conversación con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, Francisco Venzalá, presidente del sindicato de profesores ANPE, la primera fuerza sindical del ramo en España, clama por una solución «y acabar con la incertidumbre».
MUFACE prevé que, cuando acabe 2024, se hayan sumado unos 36.300 nuevos docentes de enseñanza pública no universitaria, que ingresan como funcionarios en prácticas o de carrera en cuerpos de ámbito estatal. De ellos, un 52% son personas que han superado procesos de oposición y el resto, un 48%, han aprobado procesos de estabilización. Son las cifras que aportaba el organismo el pasado verano, presumiendo de una «incorporación masiva» de docentes a la entidad en un momento clave.
Faltaban todavía unos meses para la llegada de la gran crisis de la mutualidad, la que estalló cuando sus aseguradoras dejaron desierto el convenio, lo que ha obligado a MUFACE a ir a una nueva licitación. Un escenario que los profesores viven con enorme inquietud, admite Venzalá, en vísperas de las concentraciones que el 11 de este mes han convocado en toda España junto a sindicatos como CCOO o UGT.
Las aseguradoras
El presidente de ANPE comparecía hace apenas unos días con otros líderes sindicales para anunciar las movilizaciones. En rueda de prensa, hacían público un manifiesto en el que acusaban de «insaciables» a las aseguradoras que, con el argumento de que el modelo está ‘infrafinanciado’, «quieren aumentar sus beneficios económicos a costa del Estado«. Venzalá matiza. «Cuando uno se adhiere a un manifiesto, no significa que comparta al 100% toda la terminología. A lo mejor nosotros (se refiere al sindicato ANPE), más que insaciables, hubiésemos utilizado intransigentes, insensibles… «.
Porque, dice, esos más de 400.000 mutualistas titulares que son personal docente de enseñanza no universitaria arrastran desde hace años un enorme desasosiego por su atención sanitaria viendo el devenir de MUFACE. Cuando se le pregunta al presidente de ANPE por esa amplia incorporación de los profesores a la mutualidad, responde: «Sinceramente, yo entiendo que fue una cuestión, quizás más logística, por descargar también el Sistema Nacional de Salud». Dicho esto, puntualiza. No todos acuden a la sanidad privada. Cita, como ejemplo, el comentado informe del Ministerio de Sanidad -en el que se sugería acabar con el modelo- según el cual «dos de cada tres nuevos mutualistas eligen la sanidad pública«.
«Ahí están los datos, es decir, dos de cada tres, prácticamente un 70% de los nuevos funcionarios, escogen como opción la atención sanitaria pública. A lo mejor también las compañías tienen que hacer una reflexión de por qué eso ocurre, porque se supone o se presupone, hablando bien claro, que el cliente joven es el más rentable, no es un tema de costos o de costes», añade.
Los dos bandos
Sea como sea, para el presidente de ANPE, se ha llegado a una situación a la que no se debería «haber llegado» con dos bandos: el Gobierno y las aseguradoras. Sobre estas compañías señala que, aun defendiendo el negocio de la sanidad privada, deberían tener mayor empatía. «El objeto con el cual están ‘comercializando’, su producto, es un tema tan delicado como la salud. Y la salud está protegida y garantizada por el artículo 43 de nuestra Constitución. Esto no son bienes de equipo, tuberías, paneles, papel o material fungible. No, no. Estamos hablando de un tema muy delicado«, prosigue.
El Gobierno ya ha dejado claro que no piensa disolver MUFACE. Y Francisco Venzalá no duda de esas intenciones. «Pero, claro, lo tiene que demostrar. A lo mejor se tenía que haber previsto el no haber llegado a esta confrontación, a este tira y afloja que está generando tanta incertidumbre. La Administración y las compañías están condenadas a entenderse«, insiste.
Una situación muy compleja
De lo contrario, señala el presidente del sindicato de docentes, se produciría una «situación muy compleja» en el sistema sanitario. «Hay comunidades como Andalucía, Extremadura o Castilla y León donde, el absorber a esa cantidad de mutualistas para dar prestación sanitaria en el ámbito de lo público, prácticamente colapsaría el sistema, sobre todo en determinadas especialidades. Por poner un ejemplo, estamos hablando de un país donde faltan médicos de atención primaria«.
En la calle, esta semana, dice, pedirán nuevamente soluciones. «Que acerquen las posturas. Tal y como parece que apunta el Gobierno, que va a proponer o plantear una nueva licitación a tres años, incluso daría más juego a las propias compañías, para evaluar sus temas económicos. Pues que haya ese acuerdo. Y a partir de ahí, con serenidad, se tendrán que sentar para ir viendo y no volver a repetir una situación tan dramática como la que se está viviendo en este momento».
Porque, concluye, hay muchísima inquietud entre los profesores. «Y son personas que, en muchos casos, tienen unos tratamientos y que están preocupados por la continuidad. Puedo decir, sin ningún género de dudas, que es de las cuestiones que más incertidumbre y preocupación, han generado en el colectivo del funcionario docente en los últimos años».
