Cantabria es la comunidad que más recursos por habitante (ajustado) recibe del actual sistema de financiación autonómica. Con datos de la liquidación definitiva de 2022 (la última disponible), Cantabria recibió 4.163, 12 euros por habitante ajustado, el 67% de la cantidad resultante para Baleares (2.489,48 euros), que lleva el farolillo rojo en el listado de las comunidades de régimen común.
Con esta situación de partida, no es extraño que el principal planteamiento de Cantabria de cara a una reforma del modelo de financiación sea el mantenimiento de la cláusula de ‘statu quo’; es decir, “que nadie salga perdiendo, que nadie vea empeorada su posición”, según se lo explicó la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga Gómez (PP), al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el encuentro que ambos mantuvieron en La Moncloa el pasado 27 de septiembre.
Además, desde el gobierno regional existe un especial empeño en transmitir que, pese a ser la comunidad con mayor financiación por habitante, Cantabria también está “infrafinanciada”, pues es mucho más caro prestar los servicios de sanidad y educación en los valles de esta comunidad, con una población envejecida.
La cláusula de garantía del ‘statu quo’ fue incorporada en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) ya en 1986. Establecía que ninguna comunidad debería recibir un volumen de financiación inferior al que venía percibiendo con el sistema provisional. Después, este mecanismo ha permanecido en las sucesivas reformas de la Lofca. La última reforma, de 2009, aún vigente, garantiza en su artículo 5.1 que «se garantiza el statu quo», de modo que ninguna comunidad reciba en ese año menos de lo que recibía con el modelo previo, de 2001. Sin embargo, la comisión de expertos creada en 2017 para la reforma de la financiación autonómica abogaba por «eliminar la cláusula de statu quo», si bien aconsejaba hacerlo «de forma progresiva». Cantabria exige su mantenimiento.
Contra el principio de ordinalidad
La presidenta cántabra le trasladó dos mensajes principales a Sánchez: su rechazo “frontal” a una ‘financiación singular’ para Catalunya, y la exigencia de una serie de principios de cara a una reforma del modelo por que llegan los ingresos a las comunidades autónomas. Dijo que en ambas cuestiones estaba trasladando el sentir de “la mayoría del Parlamento de Cantabria”.
El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante la quinta edición del Gran Foro del Talento, en el Teatro Real, a 16 de mayo d / Ricardo Rubio – Europa Press – Archivo
Según Sáenz de Buruaga, el ‘principio de ordinalidad’ acordado entre el Gobierno y Catalunya (es decir, que el orden en el que las comunidades aportan dinero a la caja común de la financiación no se vea alterado a la hora del reparto) supondría una pérdida de 600 millones para Cantabria, una comunidad cuyo presupuesto anual ronda los 3.500 millones de euros. “No podríamos cumplir nuestras obligaciones. Supondría echar el cerrojazo a nuestra comunidad autónoma”.
Cantabria es la cuarta comunidad en aportar recursos al sistema (por habitante ajustado), por detrás de Madrid, Baleares y Catalunya. Pero es la primera en financiación homogénea por habitante ajustado, seguida de La Rioja, Extremadura, Aragón y todas las demás. El principio de ordinalidad significaría desplazar a Cantabria al cuarto lugar en la lista de ingresos por habitante.
Principio de coste efectivo
A la hora de defender los criterios que deberían regir el reparto de los ingresos en un nuevo modelo de financiación autonómica, Sáenz de Buruaga se detuvo en dos: el mantenimiento del ‘statu quo’ y el principio de coste efectivo en la prestación de servicios.
En teoría el sistema de financiación de autonómica debe garantizar los mismos recursos por habitante para atender la prestación de los servicios públicos esenciales (sanidad, educación y servicios sociales, sobre todo). Pero el coste efectivo de prestar el servicio no es igual en todos los territorios. Depende de variables como la dispersión de los núcleos rurales, el envejecimiento de la población y otras. Son cuestiones que se tienen en cuenta a la hora de transformar la cifra de población de un territorio en la llamada ‘población ajustada’.
Cantabria sostiene que los costes fijos de los servicios son más elevados en las comunidades más pequeñas. Y más aún, si la orografía es complicada y existe una amplia dispersión geográfica y una población más envejecida.
Así, según las autoridades autonómicas, Cantabria tiene el mayor coste sanitario ‘per cápita’ de todas las regiones, un 25% por encima de la media nacional. A ello contribuye también el hecho de tener en Santander el hospital Marqués de Valdecilla, un centro sanitario de referencia nacional, con un altísimo nivel de especialización pero que resulta muy caro de gestionar.
Por su parte, el servicio de educación pública se ve encarecido en Cantabria por la dispersión de la población en los valles del interior, en pequeños núcleos rurales con pequeñas poblaciones infantiles.
«Lo tengo muy claro. Somos la primera comunidad autónoma en el ranking de financiación autonómica, pero Cantabria y sus servicios públicos están infrafinanciados, tanto como las demás comunidades autónomas», afirmó Sáenz de Buruaga en el Parlamento autonómico el 17 de septiembre, en una sesión preparatoria del encuentro que iba a mantener con Pedro Sánchez diez días después.
Multilateralidad
En la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el 15 de julio, el consejero de Economía y Hacienda, Luis Ángel Agüeros, trasladó la propuesta de Cantabria de avanzar en una reforma del sistema autonómico, que tenga en cuenta, además de la mencionada multilateralidad, «el coste efectivo de los servicios, el mantenimiento del actual estatus quo y el principio constitucional de igualdad territorial».
Según dijo, «solo dentro de esta multilateralidad es legítimo que cada comunidad defienda sus intereses propios, que sin duda son diferentes» y rechazó Cantabria sea una comunidad «sobrefinanciada» con el sistema actual de financiación autonómica.
A juicio del consejero, la financiación recibida por Cantabria «está plenamente justificada», al asumir unos costes de prestación de los servicios públicos superiores al promedio, como consecuencia de su tamaño, dispersión, envejecimiento poblacional y orografía. Además, según recordó, en este planteamiento, el Gobierno regional «no está solo», sino que está avalado por todos los partidos en el Parlamento de Cantabria, incluido el PSOE, junto con CEOE-Cepyme y sindicatos.
En general, el actual modelo concede una ‘prima’ de financiación a las comunidades uniprovinciales, en la medida en que asumen tareas que en otras autonomías ejercen las diputaciones. Este principio ayuda a que Cantabria y La Rioja ocupen los dos primeros puestos en cuanto a financiación homogénea por habitante ajustado. Sin embargo, no ayuda a explicar que Murcia, también uniprovincial, sea la cuarta comunidad peor financiada (solo mejor que Comunitat Valenciana, Canarias y Baleares).
