La posición del Gobierno de Castilla-La Mancha sobre la reforma del modelo de financiación autonómica, caducado desde hace más de una década, no ha variado en los últimos años. Concierto catalán al margen, que el presidente Emiliano García-Page pide sacar de la mesa para abordar una negociación entre “todas” las comunidades de régimen común, el barón socialista reivindica que tengan un mayor peso a la hora de calcular la financiación aspectos singulares de su región como son la despoblación, la renta, la dispersión y, sobre todo, la superficie. Todo ello partiendo de la base sobre el efecto de estas especificidades en el coste real de prestar servicios públicos como sanidad, educación o dependencia.
La propuesta que defiende el ejecutivo de García-Page está más cerca de la de otras comunidades ahora gobernadas por el PP con mayores problemas de despoblación, como Aragón, Extremadura o Castilla y León, que de la lanzada a finales de 2021 por Hacienda en el informe del grupo de trabajo sobre el cálculo de la población ajustada. Frente a ella, en Castilla-La Mancha se pone el foco en que la superficie y la despoblación tengan una ponderación propia como “variable determinante” en el cálculo de la prestación de cada servicio de competencia autonómica.
Solo con una reforma que tenga en cuenta estos criterios se garantizaría la igualdad en el acceso a la sanidad o la educación, según defienden desde este territorio. A diferencia de otras comunidades que reclaman un mayor peso de los criterios sobre número de habitantes, como Comunidad Valenciana o Andalucía, en Castilla-La Mancha se argumenta que la despoblación y la superficie hace que el coste por habitante en la prestación de servicios se multiplique.
Por poner un ejemplo, dentro de la propia comunidad autónoma, en Guadalajara el coste de una UVI móvil completa es de cinco euros por habitante, mientras que en Molina de Aragón se eleva a los 167. Según los cálculos del contrainforme de este territorio con la última propuesta de Hacienda, en educación este coste se multiplicaría por tres. “La superficie y la dispersión obligan al mantenimiento de un elevado número de centros sanitarios, con elevados costes fijos unitarios asociados a los mismos, a lo que se unen unos elevados costes de transporte”, sostienen.
García-Page apuesta por un acuerdo entre el Gobierno y el PP que se centre primero en pactar la financiación de las competencias autonómicas comunes y, solo después, abordar las competencias singulares. Una presión que llevará al congreso federal del PSOE que se celebrará en Sevilla entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre.
En la propuesta de Castilla-La Mancha se llama también la atención sobre la necesidad de valorar “adecuadamente” las diferencias de renta entre las comunidades autónomas. Esto es, porque a menor se produce una mayor demanda de servicios públicos, tanto en educación como en sanidad. En Madrid, Cataluña y Baleares se producen así los mayores porcentajes de cobertura de servicios por parte del sector privado.
“Competencia desleal”
“La financiación de estos servicios en el sistema se basa en la población potencial que, en el caso de estas comunidades con mayor riqueza, no acudirá en una buena parte a los servicios públicos, liberando una porción de los recursos recibidos que pueden destinarse a otros conceptos de gasto. Por el contrario, en las comunidades con un menor nivel de renta, el uso de los servicios públicos será más intensivo, implicando un mayor esfuerzo por parte de la Administración Pública”, sostienen desde el Ejecutivo de García-Page.
La otra batalla de este territorio en materia de financiación pasa por la “corresponsabilidad fiscal”, mirando especialmente a la “competencia desleal” de Madrid. De ahí que se reivindiquen modificaciones pertinentes en materia de tributos cedidos que garantice una recaudación homogénea. Una reivindicación que el barón socialista llevará al 41 congreso federal del PSOE para tratar de impulsar una “ley nacional de armonización fiscal”.
