Los grandes turoperadores se suman a la rebelión desatada en el sector turístico en España ante la entrada en vigor del nuevo registro de viajeros que exige a hoteles y viviendas turísticas, agencias de viajes y empresas de alquiler de vehículos a recopilar diversidad de datos de sus clientes, muchos de ellos información sensible de índole personal y datos bancarios para transmitírselos a la Policía. Las mayoristas también van a plantar cara a la normativa del Ministerio del Interior, que justifica el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska en aras de la seguridad para luchar contra el terrorismo y el crimen organizado. Se escudan en que contraviene la regulación a nivel europeo relativa a la protección de datos y se están armando jurídicamente para no tener que someterse al exhaustivo registro de hospedaje y alquiler de vehículos español. 

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