A falta de poco más de dos semanas para que se celebren las elecciones a la presidencia de la RFEF, todavía se desconocen los candidatos que formarán parte del proceso electoral. La Federación se encuentra inmersa en una profunda crisis institucional tras la inhabilitación de Pedro Rocha y la intervención del Gobierno para que Rafael Louzán no se presente como candidato a presidir el máximo organismo del fútbol español.
La Audiencia Nacional ratificó el jueves la decisión del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) de inhabilitar a Pedro Rocha durante los dos próximos años al estar imputado por corrupción. Ante esta sentencia, las federaciones territoriales impulsaron la candidatura de Rafael Louzán, presidente de la Federación Gallega de Fútbol.
Sin embargo, de prosperar su candidatura, el Gobierno le denunciará al estar imputado por prevaricación. Según El País, el Consejo Superior de Deportes (CSD) no hace valoraciones «en positivo» de los estatutos y se rige a las normas establecidas por la Ley del Deporte: no puede presentarse ningún candidato que esté imputado.
De hecho, el 6 de noviembre la Federación envió una declaración jurada a todos los candidatos que se quieran presentar a las elecciones de la RFEF en el que debían firmar que no se encuentran inhabilitados por resolución firme en vía administrativa.
Si la candidatura de Louzán prospera y el Gobierno decide intervenir tomando acciones legales, serán los tiempos quienes determinen si el mandatario de la territorial gallega se presenta o no. Si el martes 3 de diciembre se confirma la candidatura del gallego, la denuncia del CSD obligaría al TAD a reunirse de manera extraordinaria para paralizar su investidura.
Las denuncias previas del CSD
En el caso de que Rafael Louzán sea el único candidato a presidir la RFEF, automáticamente se le proclamaría presidente el 6 de diciembre, por lo que el CSD y el TAD deberían solicitar a la Comisión Electoral de la Federación que la investidura fuera suspendida hasta conocer el resultado de la denuncia.
No sería la primera vez que el CSD toma partido de la situación institucional de la Federación. El 26 de agosto de 2023 ya elevaron una denuncia ante el TAD contra Luis Rubiales para conseguir una «suspensión cautelar y provisional como consecuencia de su inaceptable comportamiento durante la final del Campeonato del Mundo femenino de fútbol».
Además, el 25 de marzo el CSD trasladó al TAD la petición de inhabilitar a Pedro Rocha ante la denuncia de Miguel Ángel Galán. Finalmente la Audiencia Nacional ratificó la decisión del TAD a pesar de los recursos presentados por el expresidente de la comisión gestora para poder presentarse a las elecciones.
Condenado por prevaricación
El pasado judicial de Louzán añade un elemento de tensión a su ascenso. En 2021, fue condenado por la Audiencia Provincial de Pontevedra por prevaricación en la adjudicación de obras en un campo de fútbol mientras él era presidente de la Diputación de Pontevedra y del PP provincial.
Rafael Louzán fue condenado a dos años de cárcel y siete de inhabilitación para empleo o cargo público por prevaricación y fraude en la reforma de un campo de fútbol en Moraña.
Las obras proyectadas ya habían sido ejecutadas con anterioridad casi en su totalidad. Tras su recurso, cayó la pena de cárcel y el delito de fraude. Aunque el Tribunal Supremo aún no ha emitido un fallo definitivo, la Ley del Deporte establece que una condena firme lo obligaría a abandonar cualquier cargo en la RFEF. Para blindarse, Louzán modificó los estatutos de la Federación Gallega, eliminando requisitos como estar «en pleno uso de los derechos civiles».
