El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) y la empresa Desokupa suscribieron el pasado mes de agosto un acuerdo para la formación en defensa personal de 30.000 agentes. La polémica generada por una nueva muestra de compadreo entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y empresas de desokupación vinculadas con la extrema derecha llevaron a la Secretaría de Estado a solicitar a la Dirección General de la Policía la apertura de un expediente informativo para analizar el acuerdo. Este viernes, el órgano dependiente del Ministerio del Interior ha zanjado el caso.
La autoridad ha dado carpetazo al expediente si ninguna sanción ni actuación, pese a que se llegó a plantear la impugnación del acuerdo. Además, la Dirección General de la Policía tampoco llevará más allá la investigación, tal y como ha adelantado elDiario.es y ha podido confirmar ElPlural.com a través de fuentes de Interior. «Recabará toda la información sobre la compatibilidad de los agentes en activo que impartirían la formación extracurricular ofrecida por el sindicato policial a los miembros del cuerpo», trasladaban desde el Ministerio al inicio del expediente.
En este, se investigaba si los policías que impartían el curso como profesores tenían en regla la compatibilidad para desempeñar trabajos en el ámbito económico privado. “Los expedientes disciplinarios son extraordinariamente garantistas, pero extremadamente garantistas. Hay algunos que acaban pesando muchos kilos por toda la documentación, las pruebas que se aportan, etc.”, trasladaba el director general de la Policía, Francisco Pardo, hace mes y medio en una comparecencia en el Congreso de los Diputados. Desde allí, a requerimiento de Enrique Santiago, diputado de Sumar, aseguraba no contar con más información de la ya facilitada.
“Pero le insisto: confíe”, insistía el alto mando de la Policía durante la Comisión de Interior. A más, el Ministerio del Interior trasladó a la Abogacía del Estado si el convenio en cuestión afectaría a las subvenciones públicas que recibe el sindicato policial. Es decir, si se destinaban fondos públicos otorgados a dicha colaboración, situación que no ha podido comprobar la Abogacía al no tener acceso al convenio. “Si en algún momento llegase una factura” vinculada al convenio, al presentarse las cuentas, “podría investigarse”, explican fuentes de interior.
Desde el equipo de Marlaska argumentaban meses atrás que la motivación de acudir al organismo público era dilucidar si el acuerdo entre Desokupa y el sindicato policial «afectaría a las subvenciones públicas que recibe el sindicato policial y, en su caso, cuál sería el procedimiento administrativo a seguir para corregir las irregularidades que puedan producirse». Interior buscaba determinar si el acuerdo «conculca valores democráticos» y, a falta de pruebas que así lo indiquen, la Abogacía del Estado no ha podido ir más allá.
El acuerdo
“Acuerdo firmado entre el Club Desokupa y el SUP para la formación de hasta 30.000 policías en España. El curso será homologado y puntuable. Además cualquier persona se podrá inscribir a partir del 20 de agosto”, anunciaba en agosto el dueño de la empresa ultra de desokupación, Daniel Esteve. La misma felicidad la trasladaba la secretaria general del sindicato policial, Mónica García.
«Es un acuerdo histórico. Esto es un plus. Es un más a más. Tenemos un problema en las calles», comentaba Gracia. «Hay una violencia desmedida, la autoridad se ha perdido, y los compañeros están cada vez más en riesgo. Con este acuerdo, queremos que se sientan más seguros», añadía.
