Unas tres millones de personas en España pertenecen al colectivo LGTBI+. De todas ellas, un 23% ha tenido alguna experiencia de sinhogarismo a lo largo de su vida y más del 30% están en riesgo de pobreza.
La Federación Estatal LGTBI+ ha publicado este miércoles el Informe Estado LGTBI+ 2024, donde ofrece una radiografía de las condiciones socioeconómicas y laborales del colectivo en España. La conclusión que extraen es que, a pesar de los avances legales, las personas del colectivo continúan enfrentando desigualdades profundas que limitan su acceso a derechos básicos como el empleo y la seguridad.
El informe destaca, entre otras cuestiones, que las personas LGTBI+ tienen un 13% más de riesgo de sufrir situaciones de pobreza, con una tasa de riesgo del 30,6 (cuatro puntos más que en 2023), en comparación con el 20,2% de la población general. Es un dato que afecta especialmente a mujeres lesbianas y personas trans y que «se agrava con la elevada precariedad laboral».
Un 14,7% de los hogares del colectivo tiene una baja intensidad laboral —menos de dos meses trabajados al año—, mientras que la temporalidad sigue siendo una constante, poniendo en riesgo la estabilidad económica de miles de personas. Los ingresos mensuales netos más frecuentes en estas familias están entre los 1.001 y los 1.668 euros netos.
Todo esto hace que el índice de carencia material severa, -que mide cuestiones como si se puede poner la calefacción en invierno, si se puede ir de vacaciones una semana al año, si se pagan los gastos de la vivienda habitual sin retrasos o si se cuenta con dinero (650 euros) para imprevistos-, se multiplique por tres en el caso de las personas LGTBI+.
Las mujeres tienen más problemas
En el ámbito del empleo, las mujeres LTBI+ se enfrentan a una tasa de paro del 17,39%, significativamente superior al promedio femenino de población general (13,73%), de los propios hombres del colectivo GTBI+ (8,92%) y hombres de población general (11%).
Para la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias, los datos reflejan que el género sigue siendo un factor de exclusión que, cuando se combinan con la orientación sexual, la identidad de género o la diversidad corporal, supone un aumento del riesgo de «discriminación que las empuja a los márgenes del mercado laboral».
El informe también revela cómo el edadismo afecta gravemente a las personas LGTBI+ mayores. Ellas registran una tasa de desempleo del 40% a partir de los 60 años, una cifra que triplica la media nacional.
Este fenómeno, que combina discriminación por cuestión de edad y de diversidad sexual, de género o corporal, «priva a las personas mayores LGTBI+ de una vejez digna y estable».
Sinhogarismo
Y a la precariedad económica se suma violencia extrema que enfrentan las personas LGTBI+ en situación de sinhogarismo, especialmente entre las más jóvenes del colectivo. Según el informe, un 23% de las personas LGTBI+ ha experimentado situaciones de violencia en algún momento de su vida.
Entre quienes han estado en situación de calle, las tasas de agresión física se quintuplican, y un 50% reporta haber sido víctima de discriminación en el último año.
En este sentido, Iglesias destaca que el sinhogarismo en el colectivo LGTBI+ es «una consecuencia directa de la discriminación, el rechazo y la exclusión social». El informe destaca que la orientación social siempre es la principal causa, llegando al 25% en el caso de las personas mayores de 55 años, y con un 24,4% en las de 18 a 24 años.
«Persiste entre las familias de origen situaciones que provocan el sinhogarismo, como puede ser la no aceptación de la condición sexual de las personas», indican los autores de este trabajo. Por eso, la Federación Estatal LGTBI+ hace un llamamiento a los poderes públicos para implementar medidas inmediatas que aborden estas desigualdades estructurales.
«El primer paso es implementar de manera efectiva la Ley LGTBI+. Pero no nos podemos quedar ahí, hay que avanzar en el desarrollo de políticas públicas para la construcción de una sociedad donde toda persona, independientemente de su orientación sexual, diversidad corporal o su identidad y/o expresión de género tengan acceso a los derechos que les corresponden», aseguran. Y lo deben hacer garantizando la «protección efectiva y acceso a recursos para quienes se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad».
