Volar con una aerolínea de bajo coste es tirar una moneda al aire y, en muchas ocasiones, lo que el pasajero ha conseguido ahorrar por el billete acaba en manos de la compañía a través de una larga lista de cobros ilícitos: cobro del equipaje de mano, de la impresión de la tarjeta de embarque o por selección de asiento incluso cuando los pasajeros son un padre y su hijo o personas dependientes. Una vulneración de derechos que no ha dejado pasar el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que ha interpuesto una multa millonaria.
La cartera liderada por Pablo Bustinduy abrió un expediente para investigar estas prácticas “abusivas” hace más de un año y lo ha cerrado con una sanción de 179 millones de euros repartidos entre cinco aerolíneas. No obstante, el reparto no es equitativo y el 60% del montante ha recaído sobre Ryanair, una de las más señaladas y que, además, presume de sus prácticas abusivas. A esta compañía irlandesa le han caído 107,7 millones de euros, muy por delante de su inmediata perseguidora.
En la segunda posición de la clasificación de principales señaladas aparece Vueling, con 39,2 millones de euros de multa, muy cerca de esayJet, que deberá soportar 29,09 millones. Ya a mucha distancia, Norwegian ha sido sancionada con 1,6 millones y Volotea con 1,18 millones. Las multas, propuestas por la Secretaría General de Consumo y Juego, han sido confirmadas a través de una orden firmada por el ministro de Consumo, quedando rechazados los recursos de las compañías, que reniegan de aceptar la decisión y acudirán a los tribunales.
“El compromiso del Ministerio de Consumo es claro: no puede haber modelos de negocio basados en la vulneración de derechos de ciudadanía”, ha reaccionado Bustinduy a través de sus redes sociales. De esta manera, el Ministerio pone fin a la investigación iniciada por la Dirección General de Consumo en 2023 por unas prácticas que han sido calificadas como infracciones “muy graves” de la normativa de consumo recogidas en el artículo 47 del texto refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Esta es la primera ocasión que se da firmeza a sanciones calificadas como muy graves por parte de la Administración General del Estado en el ámbito de consumo, cuyo ministerio adquirió competencia sancionadora en junio de 2022. Los resultados, más allá de las sanciones, se trasladarán al desarrollo de las prácticas señaladas, que pasan a estar prohibidas. Al cobro de la tarjeta de embarque, equipaje de mano y selección de asientos en caso de menores y personas dependientes, se suman dos prácticas más:
- No permitir el pago en metálico en los aeropuertos españoles
- Omisiones engañosas de información y falta de claridad en los precios publicados tanto en su propia web como de terceros, dificultando la comparabilidad de ofertas de precios a las personas consumidoras y la toma de decisión por estas
Además, dentro del propio expediente se destaca Ryanair por una práctica concreta que se sanciona al margen del resto de aerolíneas: cobrar una cantidad “desproporcionada” a los usuarios por imprimir el billete en la terminal cuando no disponen de él. “Para garantizar la proporcionalidad y efectividad de las sanciones impuestas, así como su efecto disuasorio, el cálculo de las sanciones se ha realizado mediante el criterio del beneficio ilícito obtenido, es decir, calculando la multa con base en los beneficios obtenidos por las compañías aéreas por las prácticas infractoras”, explican desde Consumo.
La decisión formal de Bustinduy ha recibido el apoyo de otros compañeros de Gobierno y de partido. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha sido la primera en sumarse a la defensa y señalar la “prácticas abusivas” de estas aerolíneas. “Las reglas del juego son las mismas para todos”, ha asegurado la que fuera lideresa de Sumar, que ha recordado que “los consumidores tienen derechos y las empresas tienen la obligación de protegerlos”.
