La Generalitat Valenciana ha decidido tomar cartas en el asunto y activar un plan B para comenzar la retirada de los miles de vehículos afectados por la DANA que se están acumulando en más de 60 ubicaciones distintas. Tal como ha confirmado el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, la necesaria modificación del reglamento se está demorando más de lo previsto y «necesitamos darle solución inmediata y ahí nos hemos tomado desde la Generalitat para hacer algo al respecto».
Desde la Generalitat acaban de confirmar la puesta en marcha de un plan de emergencia para vaciar lo más rápidamente posible esas carpas y ubicar esos vehículos en una ubicación segura que garantice la trazabilidad de todos esos vehículos. «Es decir, que sepamos en todo momento dónde están y cuál tiene que ser el destino para poder cumplir con los trámites de las peritaciones. Quiero recordar que son competencias que nos estamos arrogando la Generalitat, que no nos corresponden, obviamente, pero que la necesidad hace que tengamos que hacerlo así. Yo creo que es una respuesta lo más ágil posible. Pretendemos durante los próximos días iniciar ya esos trabajos con un una orden que saldrá hoy publicada, por la cual vamos a utilizar la legislación propia de emergencias para retirar los vehículos de donde están y buscar una ubicación segura y en la que, como digo, podamos comprobar siempre esa trazabilidad».
Una cuestión burocrática
Miles de coches se amontonan unos sobre otros en 60 campas improvisadas tras el paso de la dana. En enclaves que van desde Catarroja a Aldaia o Benetússer, pasando por la ZAL del puerto de Valencia y un sinfín más de municipios golpeados se puede observar la devastación que la catástrofe ha supuesto para aproximadamente 120.000 vehículos. Una realidad inusual cuya solución -en forma de retirada- se mantiene a día de hoy aún bloqueada por la burocracia. Sobre ello, el Consell anunció ayer un plan para agilizar ese retiro en caso de que este proceso se dilate, aunque desde los desguaces apuntan a un real decreto del Gobierno central como la medida a priori necesaria para solucionar la situación.
No en vano, como explica el director técnico de la patronal valenciana de este sector (Adecova), Pere Anrubia, para poder llevarse esos coches rumbo a sus instalaciones «previamente tiene que haber una decisión del último propietario que diga que se ha acabado su vida útil», una situación cuyos plazos ordinarios están impidiendo avanzar. El último balance del que tiene conocimiento señala, sin ir más lejos, que lo que «ha repuntado hasta ahora son las bajas temporales» -un proceso sin coste, que se puede revertir fácilmente y que impide utilizar el vehículo, eximiendo eso sí de pagar el impuesto de circulación anual-, pero no así las definitivas.
