Miles de agricultores británicos se han concentrado este martes en el centro de Londres para protestar contra las subidas de impuestos incluidas en el primer presupuesto del nuevo Gobierno laborista del Reino Unido. Unos gravámenes que incluyen la aplicación de un impuesto de sucesiones del 20% sobre las propiedades agrícolas valoradas en más de un millón de libras esterlinas (1,2 millones de euros) y que han puesto en pie de guerra a un sector asfixiado por los escasos márgenes de beneficios, las inclemencias climáticas y las consecuencias del Brexit. La protesta, que ha congregado a cerca de 10.000 personas –según datos de la policía metropolitana– ha sido secundada por los líderes de los principales partidos de la oposición.
Los representantes del sector consideran que el impuesto de sucesiones, del que hasta ahora estaban exentas las propiedades agrícolas, supondrá el fin de las explotaciones familiares y beneficiará a las grandes corporaciones. «Sabemos lo que esto significa para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestro futuro. Conocemos la terrible presión a la que se ven sometidas las viejas generaciones de agricultores que lo han dado todo para alimentar a este país», ha dicho Tom Bradshaw, presidente de la asociación de agricultores National Farmers Union (NFU) en un discurso esta mañana. «El impacto humano de esta política es sencillamente inaceptable. Es un error», ha añadido.
El Gobierno laborista asegura que el impuesto de sucesión no afectará a las explotaciones más pequeñas y apunta a que sólo el 27% del total deberán pagar el nuevo gravamen. Unos datos que han sido contestados por la NFU, que argumenta que serán cerca de un 75% los negocios agrícolas afectados. «Primero dijeron que esta política protegería a ‘la mayoría de las explotaciones’. Cuando no pudieron mantener esa línea, cambiaron a decir que estaban protegiendo a las ‘pequeñas explotaciones familiares’. Y cuando eso se vino abajo, anoche mismo, pasaron a sugerir que este desastre de política haría ‘pagar a las explotaciones más valiosas’. Esta no es una política construida sobre bases sólidas», ha señalado Bradshaw.
Malestar social
La protesta se ha llevado a cabo frente a la sede del Gobierno británico en Downing Street, donde han empezado a concentrarse los manifestantes desde primera hora de la mañana a pesar del frío y de la llovizna. Entre los asistentes se encuentra James Strang, un agricultor de las afueras de Londres. «El impuesto de sucesiones acabará con las explotaciones familiares. Las cifras que está utilizando el Gobierno son falsas, no tienen ni idea de la realidad», señala en declaraciones a El Periódico. A su lado, Tim Russell-Smith, un agricultor de Gales, le da la razón. «Las explotaciones familiares deben tener entre 100 y 500 acres para ser viables –entre 40 y 200 hectáreas– y todas superan el límite fijado por el Gobierno. Los pequeños agricultores somos la columna vertebral de la producción de alimentos en este país, sin nosotros esta producción se irá reduciendo cada vez más», asegura.
Para David Johnson, dueño de una explotación agrícola en Escocia, la decisión del Gobierno de Keir Starmer demuestra la falta de comprensión con un sector que atraviesa sus propias dificultades. «Mucha gente se quedará sin sus negocios y las próximas generaciones serán expulsadas de sus tierras. Esto abre la puerta a que las grandes corporaciones se hagan con todas las propiedades». Johnson apunta a que el nuevo impuesto obligará a muchos descendientes a vender una parte de las tierras, algo que pretende evitar cediendo la propiedad a sus hijos con la suficiente antelación para evitar pagar el nuevo impuesto. «El Gobierno dice que quiere fomentar el crecimiento económico pero esto creará el efecto contrario. Todos sufriremos con esto», añade.
Rechazo de la oposición
La protesta ha contado con el apoyo de los representantes de los principales partidos de la oposición, tanto de izquierdas como de derechas. Entre ellos la líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch; el máximo responsable del Partido Liberal Demócrata, Ed Davey; y el líder del partido de derecha populista Reform UK, Nigel Farage. También han mostrado su descontento por la medida los Verdes y la organización ecologista Greenpeace, que ha pedido al Gobierno inversiones de 6.000 millones de libras (7.200 millones de euros) para ayudar a las explotaciones respetuosas con el medio ambiente, así como un impuesto especial a los «enormes beneficios» de los supermercados y de las grandes explotaciones agrícolas.
El Ejecutivo, sin embargo, se ha mostrado firme en su decisión y ha responsabilizado al anterior Gobierno conservador por las medidas adoptadas. «Todos nos sentimos traicionados por el estado en que los conservadores dejaron la economía. Un agujero negro de 22.000 millones de libras no es un problema pequeño. Es enorme, y arreglarlo es necesario si queremos estabilizar la economía y reconstruir nuestros servicios públicos«, ha asegurado el ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Steve Reed, a la BBC. Los laboristas destacan que el impuesto del 20% sobre las propiedades agrícolas sigue estando muy por debajo del que se aplica sobre el resto de propiedades, del 40%, e insisten en que la mayoría de las explotaciones estarán exentas de pagarlo.
