A falta de su cliente más ilustre, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont -que si regresa a España corre el riesgo de ser detenido-, la plana mayor de Junts acompañará este lunes al abogado Gonzalo Boye a la Audiencia Nacional. Su secretario general, Jordi Turull, y su vicepresidente y portavoz, Josep Rius, encabezan la delegación que quiere arropar al letrado ante el juicio en el que cambiará los estrados de la defensa por el banquillo de los acusados. La fiscalía Antidroga pide para él 9 años y 9 meses de cárcel por un delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.
También han anunciado su presencia en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) el presidente del Grupo parlamentario, Albert Batet, y los portavoces en el Congreso y el Senado, Miriam Nogueras y Eduard Pujol, respectivamente, así como un grupo de abogados que, según fuentes de la defensa, quieren así mostrar su apoyo al abogado, en una iniciativa que se suma a la carta remitida al fiscal general del Estado, Álvaro García Oritz, desde el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCRH).
La vista se iniciará con las habituales cuestiones previas, en las que Boye insistirá en atribuir las acusaciones en su contra al exceso de celo del fiscal Antidroga encargado de la causa contra el narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, hasta que se incorporó a la Fiscalía Europea. El abogado acusa al representante del ministerio público de haberle sometido a «una investigación prospectiva basada en hipótesis especulativas» infundadas.
El letrado no estará solo en el banquillo. Le acompañará la cuarentena larga de presuntos implicados en dos operaciones que pretendían introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína, así como la creación de un entramado para blanquear el dinero. En ese marco es en el que una de las personas que el grupo de Sito Miñanco presuntamente utilizaba para enviar el dinero a Colombia fue interceptado por la policía. El 6 de febrero de 2017 varios de los investigados fueron detenidos en el aeropuerto madrileño de Barajas cuando transportaban oculto en el fondo de su equipaje 889.620 euros.
Según el auto de procesamiento dictado por la Audiencia Nacional, para encontrar la forma de recuperar el dinero, Sito Miñanco y dos colaboradores se reunieron con los abogados Gonzalo Boye y Jesús Morán Castro, quienes se supone que elaborarían unos documentos y presentarían unos contratos de compraventa de letras de cambio de acuerdo con los que otro de los acusados se las habría vendido a terceros unos días antes de la aprehensión del dinero en el aeropuerto madrileño.
Para la defensa, las personas que acusan a Boye de estas prácticas delictivas cambiaron su declaración anterior en el juzgado para poder salir de prisión, por lo que sus palabras no tienen credibilidad. Antidroga solicita 31 años y medio de prisión para Sito Miñanco, por dirigir presuntamente la red que pretendía introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína, y 9 años y 9 meses para Boye, que también fue defensor del narcotraficante gallego.
