Francia sería menos Francia si no fuera por sus constantes huelgas. En los últimos meses, las protestas han pasado a un segundo plano. Hasta ahora, los sindicatos han esperado pacientes al desbloqueo político, pero tras la presentación de los impopulares presupuestos para 2025, las calles francesas empiezan a calentarse.
El primer ministro francés, Michel Barnier, ya ha anunciado que el plan presupuestario se centrará principalmente en el ahorro y todo apunta a que se aprobará a golpe del artículo 49.3, un comodín que, ante la falta de apoyos en el Parlamento, permite al Gobierno aprobar leyes y presupuestos sin necesidad de votación en la Asamblea Nacional.
Unos presupuestos de austeridad, la pérdida de poder adquisitivo de los franceses y el aumento de los precios por la inflación multiplican las huelgas programadas hasta final de año. Los sindicatos ya han lanzado una primera ola de aviso para las próximas semanas.
Huelgas hasta fin de año
El sector automovilístico ha sido el primero en empezar, tras el anuncio de cierre de varias fábricas y el despido de más de 1.000 trabajadores de Michelín, una de las empresas francesas más consolidadas a nivel internacional. A ellos, le seguirán los agricultores franceses que este lunes vuelven a las calles para protestar contra el acuerdo Mercosur, coincidiendo con el inicio del G20 en Brasil, donde se especula que se acabará ese acuerdo de libre mercado.
La huelga de agricultores se se extenderá a todo el territorio nacional de manera indefinida hasta que el Gobierno no ofrezca, según afirman los sindicatos, medidas y soluciones concretas. Contra las medidas de austeridad del Ejecutivo de Emmanuel Macron, el sector público también ha lanzado un preaviso de huelga para el próximo 18 de noviembre hasta el 31 de diciembre.
No son los únicos. El sector ferroviario se sumará a este calendario de protestas el próximo 20 de noviembre, un parón que provocará retrasos y cancelaciones de decenas de trenes. Se espera que la huelga se reconduzca el 11 de diciembre de manera indefinida si el gobierno no cede a las peticiones de los trabajadores.
Privatización del sector ferroviario
La perspectiva de diciembre agitado pone a prueba la paciencia del gobierno y de los ciudadanos franceses. Particularmente amarga será la huelga de transportes, que se llevará a cabo durante las Navidades, el periodo con más movimiento del año.
Los trabajadores del sector protestan contra la venta de Fret SNC, la empresa estatal ferroviaria, y contra la apertura a la competencia de las líneas regionales. Está previsto que SNCF desaparezca el próximo 1 de enero para renacer en forma de dos empresas independientes, abiertas al capital privado: Hexafret para el transporte de mercancías y Technis para el mantenimiento de locomotoras. Se trata de un plan negociado por el Estado francés con la Comisión Europea para evitar un procedimiento de liquidación de la empresa, que obligaría a despedir a 5.000 empleados. El temor entre los trabajadores es que este plan lleve al gremio a la privatización gradual.
El sector de los transportes es uno de los que más huelgas lleva a cabo en Francia, generando importantes pérdidas económicas y afectaciones directas para la población. De ahí que el 62% de los ciudadanos considere que esos parones deberían prohibirse durante las vacaciones navideñas, según un sondeo llevado a cabo por el instituto CSA.
Una ley contra las huelgas
Precisamente, el senador Philippe Tabarot pidió hace unos días al Ministro de Transportes que examinara un proyecto de ley del Senado destinado a limitar el derecho a huelga en el sector de los transportes. El político del partido derechista Los Republicanos denunció que estas protestas son un «chantaje tradicional» durante la Navidad.
El pasado mes de abril, el Senado ya aprobó un proyecto de ley que tiene como objetivo «salvar de las huelgas ciertos días del año» (especialmente durante las vacaciones escolares) y garantizar así el funcionamiento de los servicios públicos. Este proyecto comprende 30 días al año, con un máximo de 7 días de huelga consecutivos, durante los cuales el servicio de transporte público no podrá llevar a cabo protestas. Sin embargo, este texto generó importantes dudas entre algunos senadores por «vulnerar el derecho a huelga». De ahí que, la Asamblea Nacional no haya votado aún el texto.
Esta vez parece que el gobierno no tiene la intención de ceder a las huelgas del sector público y se mantiene en su posición de ajustar las cuentas para llegar al objetivo de ahorrar 60.000 millones de euros y sanear la economía de Francia.
