La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, no ha soportado la presión de los miles de vecinos y vecinas que este miércoles llenaron la Plaza Mayor mostrando su rechazo a la decisión municipal de rescindir el apoyo económico a las onegés Burgos Acoge, Atalaya y Accem —a las que se había sumado Cáritas renunciando a la partida que le correspondía en protesta por la medida— y anuncia que finalmente mantendrá los convenios con todas las organizaciones.
La primera edil ha comparecido esta tarde después de la polémica surgida cuando la semana pasada se dio a conocer que el Ayuntamiento abandonaría a su suerte a esas organizaciones para que Vox, en coalición de gobierno con los populares, apoyara los presupuestos, algo que la ultraderecha había puesto como condición.
“Rectificar es de sabios”
Ayala ha señalado que la decisión de dar marcha atrás ha sido meditada con su equipo y que se ha tomado de forma unilateral por parte del gobierno del Partido Popular: “rectificar es de sabios”, ha dicho, al tiempo que promete que las tres organizaciones percibirán las mismas cantidades que se les adjudicaron en 2024, es decir, que no se suprimirá la partida de 119.000 euros que permite a estas organizaciones atender a las personas migrantes en la ciudad.
La reacción al anuncio de su cancelación fue unánime por parte de las oenegés, que consideraron “vergonzosa” no sólo la exigencia de Vox, sino también las declaraciones de su portavoz, Fernando Martínez-Acítores, en torno al “efecto llamada” y las supuestas consecuencias del trabajo de estas entidades con las personas migrantes más necesitadas en el “fomento de la inmigración ilegal”.
“Con los derechos no se negocia”, podía leerse en algunos de los carteles de los miles de manifestantes que se congregaron el miércoles para exigir al Partido Popular que no cediera con la extrema derecha mientras la alcaldesa justificaba la necesidad para no sentirse responsable de dejar a Burgos sin presupuestos, dado que la pretensión de Vox era algo así como una condición sine qua non para los de Abascal.
Finalmente, Ayala da su brazo a torcer y escucha la indignación no sólo de las oenegés, que llamaron su atención acerca de la necesidad de resistir a esas exigencias que “dañan la convivencia y la cohesión social”, sino también de la ciudadanía, partidos de la oposición y sindicatos, entre otras muchas entidades que apoyaron la protesta.
Vox: “Ni un euro a actividades de inmigración ilegal”
Acto seguido, tras la comparecencia de la alcaldesa dando marcha atrás, ha llegado a explicarse el vicealcalde de Vox. Acítores insiste en que “sería la pera” que el ayuntamiento subvencionara “actividades ilegales”, y subraya que no quieren “ni un euro a actividades de inmigración ilegal”.
Si bien no se baja del carro del gobierno, por el momento, sí muestra su inflexibilidad y contraataca anunciando nuevos requisitos para dar su apoyo a los presupuestos, que se dirimirán la próxima semana, en la comisión de Hacienda.
No parece, no obstante, que la alcaldesa esté dispuesta ya a volver a pasar por el aro, al menos no por uno tan estrecho, dado que tanto el presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, como la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, —según la propia regidora ha reconocido— han respaldado su cambio de rumbo.
