Terminada la primera sesión de la comisión de investigación sobre el supuesto trato de favor de la Universidad Complutense de Madrid a Begoña Gómez, los diputados de la Asamblea de Madrid han empezado a preparar la siguiente. Los populares planifican ya su estrategia e incluye un gesto que contradice lo previsto hasta ahora. El PP de Isabel Díaz Ayuso renuncia a citar a otros tres comparecientes en la próxima sesión del 20 de noviembre, solo llamará a uno.
Esta decisión se toma después de una sesión en la que Begoña Gómez ha renunciado a contestar a las preguntas de la oposción durante su comparecencia. Hierática, antes de escuchar las cuestiones que le han planteado, se ha defendido diciendo que «la verdad pondrá las cosas en su sitio». E inmediatamente después, tanto el rector de la UCM, Joaquín Goyache, como la interventora, Elvira Gutiérrez-Vierna, han negado que haya habido algún trato de favor con los másteres o la cátedra que codirigía, aunque no han aclarado todas las dudas de los diputados.
La mesa de la comisión, con mayoría del PP, había aprobado un plan de trabajo por el que el grupo parlamentario con más cupo de comparecencias – el PP- tenía prioridad para activarlos. Con el reparto que se ha hecho, el PP puede llamar a 10 personas, Más Madrid a 4, el PSOE a 3 y Vox solo a uno. Este miércoles los populares han consumido tres, pues tanto Begoña Gómez como el rector de la UCM y la interventora, han acudido al parlamento autonómico a petición del PP. Pero siguen siendo la formación con mayor número de comparecientes posibles, por eso se daba por hecho que volverían a repetir la jugada en la segunda sesión, dejando que la oposición solo pudiera citar a alguien a partir de la tercera y relegando a Vox hasta la última sesión de febrero.
La decisión del PP a renunciar a dos comparecientes en la próxima sesión ha llevado a la oposición a advertir que esto es muestra del escaso «interés» que tienen en investigar lo ocurrido en la UCM o a aplaudir que pone de manifiesto que tras escuchar a los tres comparecientes de hoy la cosa «les ha salido muy mal», en boca del PSOE. En Más Madrid lo reiteran, diciendo que los populares se han quedado hoy «sin argumentos ni relato».
Pero lo cierto es que la comisión ha terminado con percepciones dispares en los grupos parlamentarios. Frente a la satisfacción de los socialistas, antes y después de conocer que el PP reserva a sus comparecientes para más adelante, los populares ponían el foco en que hoy ha quedado claro que ha podido haber irregularidades con el software del máster en la UCM por el que Begoña Gómez está investigada. «No sé» ha respondido el rector cuando le han preguntado por su existencia. La interventora ha explicado que tampoco tiene conocimiento porque los contratos por los que pudo crearse ese software están «exentos de comprobación material de la inversión» por ser de una cuantía inferior a los 60.000 euros.
Sin embargo, esa es prácticamente la única cuestión a la que no han dado una respuesta clara. El resto de las intervenciones de ambos han servido para justificar la actuación tanto de la UCM como de la actividad de Begoña Gómez. Goyache ha explicado que fue a La Moncloa a reunirse con ella porque la universidad estaba cerrada por la pandemia, ha negado haberse visto allí con Pedro Sánchez, ha asegurado tajante que «todo fue absolutamente legal y regular» y ha desmentido que hubiera algún tipo de trato de favor («desde luego que no»).
El rector ha reconocido que las circunstancias que acompañan a la cátedra que codirigía Begoña Gómez son excepcionales, porque de los 51 que se imparten en la universidad solo el de ella cuenta con una codirectora no licenciada, pero al mismo tiempo ha justificado que es posible y no supone una irregularidad. Así, ha respondido a las preguntas que Begoña Gómez ha dejado en el aire.
La interventora, por su parte, ha explicado que hubo irregularidades en la contratación de algunos servicios, reconociendo que es «absolutamente extraordinario», pero inmediatamente ha justificado que los problemas que ella misma advirtió en su informe quedaron solventados y que eso demuestra que el sistema de fiscalización funciona. Se trataba de una factura firmada por Gómez como codirectora, por la que se contrató a la empresa Making Science para su cátedra por 24.000 euros, que fue anulada por no haberse solicitado un informe previo que era obligatorio al superarse el umbral económico mínimo para este tipo de expedientes.
Sobre el resto de la fiscalización realizada a los gastos de la cátedra de Transformación Social Competitiva, y pese a la insistencia de los diputados del PP y Vox, la funcionaria ha afirmado que ni hubo un «troceo» de los contratos para evitar los controles, ni se facturó nada «extraño» ni por servicios que no fueran propios del convenio de la cátedra. De hecho, ante las cuestiones que le fueron lanzadad desde las filas socialistas concluyó que «no se han encontrado irregularidades en la gestión de la cátedra» codirigida por la esposa de Pedro Sánchez.
Tras esta primera sesión, el próximo día 20 está reservado a «altos cargos de universidades públicas madrileñas«. Los populares renuncian a llamar al vicerrector, y en su lugar citan solo al decano de la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM, Jorge Clemente. Los otros dos comparecientes serán los que ha elegido Más Madrid: la presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Madrileñas (CRUMA) y rectora de la Universidad Carlos III y a la rectora de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Amaia Mendikoetxea.
