La Fiscalía pidió este miércoles la condena de Marine Le Pen en el juicio por el presunto uso irregular por su partido de asistentes parlamentarios pagados por la Eurocámara y que se le imponga una pena que incluye la inhabilitación, lo que le podría impedir disputar el Elíseo en 2027.
Louise Neyton y Nicolas Barret, los dos fiscales que ejercen la acusación en este proceso iniciado el 30 de septiembre ante el Tribunal Correccional de París, solicitaron que la líder de la extrema derecha francesa sea condenada por malversación de fondos públicos entre 2004 y 2016 y por ser cómplice de ese mismo delito.
Reclamaron en concreto para ella una pena de cinco años de cárcel, tres exentos de cumplimiento, 300.000 euros de multa y cinco años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.
Los representantes del Ministerio Público también pidieron la condena del Frente Nacional (FN, como se llamaba entonces la actual Agrupación Nacional, RN) como persona moral y de los otros 26 encausados en este proceso por haber utilizado de forma indebida el dinero del Parlamento Europeo para el beneficio de la formación ultraderechista a través de los contratos de los asistentes parlamentarios.
En caso de que los jueces del tribunal decidan imponer a Le Pen la inhabilitación para ejercer cargos públicos en la sentencia que se espera para comienzos de 2025, se da por hecho que ella recurrirá, lo que en principio debería suspender la ejecución de la pena hasta que haya una sentencia definitiva.
Pero la Fiscalía reclamó que a todos los acusados se les imponga de forma inmediata la ejecución de las penas de inhabilitación para cargos públicos, lo que plantearía un serio obstáculo para las ambiciones políticas de Le Pen.
Porque la cuestión es si esa eventual inhabilitación sería ejecutoria de aquí a que se tengan que formalizar las candidaturas para las próximas elecciones presidenciales que, si no hay cambios -como una poco probable dimisión de Macron antes del fin de su mandato- deben celebrarse en la primavera de 2027.
En su primera reacción a la requisitoria ante los medios, Marine Le Pen denunció lo que percibe como la voluntad de la Fiscalía de privarla a ella de la posibilidad de poder presentarse a las elecciones presidenciales de 2027 y privar a los franceses «de poder votar por quien quieran».
Le Pen: «Quieren excluirme de la política»
«Lo único que interesa a la Fiscalía es pedir la exclusión de Marine de la política» y «arruinar» a su partido, indicó.
La líder de la extrema derecha dijo que espera que el tribunal no atienda las demandas del Ministerio público y que preste atención a los argumentos que ella y los otros miembros de su partido han desarrollado durante este proceso, que todavía va a prolongarse durante las próximas dos semanas con los alegatos de la defensa.
Aseguró que le había sorprendido escuchar cómo el fiscal les reprochaba ampararse en sus derechos, y presentarlo como si eso fuera un abuso.
Barret justificó el hecho de que no quiere que se dé la posibilidad a Le Pen y a los otros encausados de que se suspenda la pena de inhabilitación mientras se tramitan eventuales recursos por el riesgo de reincidencia que estima que hay en nuevas malversaciones, dado el comportamiento que tuvieron en los hechos objeto de este juicio.
En su requisitoria, Neyton puso el acento en la naturaleza inédita de los hechos que han conducido a este proceso «por su magnitud, su duración y, sobre todo por su carácter organizado, optimizado, sistémico y sistemático«, que acarrearon «un ataque grave y duradero a las reglas del juego democrático (…) y a la transparencia de la política».
El Parlamento Europeo había evaluado en 6,8 millones de euros el monto total de la malversación y, teniendo en cuenta que una parte del dinero ha sido devuelto, reclama 3,7 millones en daños y perjuicios
Según la fiscal, el FN puso en marcha «un sistema organizado» con el objetivo de «servir a los intereses del partido» para ahorrar dinero con los asistentes parlamentarios en un momento en que atravesaba «una situación financiera particularmente tensa».
Además, señaló que había «un interés personal directo» por parte de los máximos dirigentes del partido, porque la malversación les permitía mantener «un tren de vida confortable» y porque ese dinero les ayudó a consolidar, primero en torno a Jean-Marie Le Pen, y luego cuando su hija Marine tomó el relevo de la formación, un equipo con el que llevar adelante «su ambición política personal».
Por eso insistió en que hace falta «una respuesta ejemplar» para ella y para los otros acusados.
