«La solicitud de un 40% más de la prima por cada funcionario es un auténtico disparate que no se corresponde con los datos reales». Lo sostiene Manuel Martín, presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) cuando El Periódico de España le pide que valore la delicada situación que atraviesa MUFACE, tras el rechazo de las aseguradoras de presentarse al concierto de asistencia sanitaria para el 2025-2026. Martín, que niega que las compañías pierdan dinero a costa de las mutualidades, lo tiene clarísimo: «Estamos ante una estrategia de chantaje que pretende utilizar a los funcionarios y generarles alarma para que hagan presión ante el Gobierno y se mantenga un sistema obsoleto«, critica.
MUFACE lleva meses en boca de todos. En las últimas semanas, tras anunciar el 5 de noviembre DKV, ASISA y Adeslas que abandonan el modelo porque no les salía a cuenta la oferta del Gobierno de subir la prima al 17,12% (frente al 40% que, como indica Manuel Martín, pedían las compañías y el aumento del 24% que proponía MUFACE) la situación ya se ha tornado inédita (el futuro del organismo pende ahora mismo de un hilo) y arrecian en las calles las protestas de los funcionarios, convocados por los sindicatos, pidiendo que se garantice su atención sanitaria.
Movilizaciones que, asegura el presidente de la FADSP, están motivadas por la angustia que les están trasladando las propias aseguradoras. «Las empresas sanitarias están utilizando una técnica muy conocida, que es generar alarma social y poner encima de la mesa motivaciones que no se sostienen con los datos en la mano», afirma Martín. El objetivo, «mantener un sistema obsoleto que, además, la propia Ley General de Sanidad, consideraba que (en sus inicios) era un modelo transitorio«.
«Elemento distorsionador»
La entidad que preside Martín siempre han sostenido lo mismo: las mutualidades de funcionarios (MUFACE, MUGEJU, ISFAS) «son un elemento distorsionador en el sistema sanitario público y suponen un factor muy importante de desigualdad y discriminación en el acceso de la población a la atención sanitaria». Además, asegura esta Federación, son una fuente de derivación de fondos hacia el aseguramiento privado. Martín declara que «son funcionarios del sector público y lo razonable que sean atendidos en el sistema sanitario público. No tiene sentido mantener este tipo de entidades».
Para el representante de la Federación los privilegios de los funcionarios son evidentes. «El personal tiene derecho a prestaciones suplementarias respecto a lo que recibe el resto de la población, en prótesis, en gafas, etcétera, etcétera. Son unas ventajas que no se justifican y que, por tanto, son una fuente de discriminación».
No habrá colapso
Además, Manuel Martín rechaza, primero, que, como sostienen los sindicatos o la patronal de la sanidad privada, la desaparición de MUFACE vaya a suponer el colapso de la sanidad pública por lo que supondría asumir la atención de 1,5 millones de funcionarios. «La realidad indica que eso supondría un incremento del 2% de la demanda, lo cual no parece que tenga, en fin, unos efectos tan letales«, dice.
Manuel Martín, presidente de la FADSP / CEDIDA
Pero, sobre todo, el presidente de la Federación asegura que no se sostiene el discurso de que las aseguradoras abandonan MUFACE por la infradotación del modelo. «En todo caso, no están en quiebra, sino todo lo contrario. Los beneficios que han obtenido en los últimos años demuestran que están ganando muchísimo más dinero del que estaban ganando nunca», aunque admite que «es verdad que, en algunos casos, el tema del mutualismo, ha producido discretas pérdidas«.
«Utilizar a un colectivo»
El máximo responsable de la Federación insiste: ni «va a producirse un colapso del sistema, ni la quiebra económica de entidades que tienen unos ingresos absolutamente saneados y cuantiosos». Por eso argumenta que la decisión de las aseguradoras de abandonar MUFACE responde a una estrategia: «Es la vieja historia de utilizar a un colectivo como serían los funcionarios, crearles y generarles una alarma importante, decirles que van a quedar sin asistencia o que van a ser atendidos masificadamente en el sector sanitario público«. El Ministerio de Sanidad ya ha anunciado que está haciendo un análisis del impacto que el paso de esos funcionarios tendría en la sanidad pública. De momento, no hay avance, indican fuentes del departamento que dirige Mónica García.
Se pretenden «mantener artificialmente los beneficios de empresas aseguradoras», insiste el responsable de la Federación. Porque, asegura, muchos funcionarios atendidos en MUFACE «están trasladándose voluntariamente a la sanidad pública. Es una tendencia que va incrementándose paulatinamente».
Generan poco gasto
Añade el presidente otro aspecto: la realidad indica que los funcionarios que utilizan el sistema sanitario de MUFACE «son personas jóvenes, con estabilidad laboral, con lo cual generan poco gasto. El gasto público se dispara a partir de los 65 años». Martín concluye admitiendo que «es verdad que se está generando un problema, pero es un problema político de estas aseguradoras intentando mantener algo que es insostenible».
Con el concierto de MUFACE desierto para los dos próximos años, las aseguradoras estarían ahora dispuestas a estudiar y valorar una nueva oferta por parte del Ejecutivo para dar cobertura sanitaria a 1,5 millones de funcionarios. Siempre que sea más atractiva. Por ahora, no hay novedades respecto a la nueva licitación que iniciará MUFACE, como órgano de contratación para ese nuevo convenio.
