Una catástrofe sin precedentes, vidas rotas, horizontes teñidos de negro, pero con el respaldo de un pueblo unido. Este podría ser un resumen ajustado de lo acontecido en la última semana. La DANA que ha azotado con grave fuerza la provincia de Valencia ha dejado un balance más que trágico y sin precedentes, situándose como el mayor desastre natural del siglo en el país: más de 200 víctimas mortales, hasta 70 municipios afectados y miles de familias desamparadas.
Todos aquellos problemas que hasta hace una semana copaban la actualidad mediática, la quietud política, la opinión pública o las preocupaciones del día a día de la gente de a pie han pasado a un segundo plano. Toca mover cielo y tierra para ayudar al pueblo valenciano. La oleada de solidaridad protagonizada por miles de voluntarios ha traspasado fronteras: rastrillos, escobas, bolsas repletas de comida y agua, e incluso tractores han sido la viva imagen del vuelco de los españoles con los afectados por la DANA, una escena que aún persiste. Una escena que, sin duda, ha definido a la perfección el corazón y la entrega del pueblo para con sus vecinos.
Pero yendo a los datos que tenemos en mano, el balance, tanto a nivel humano como material, es trágico. La cifra provisional de víctimas mortales se sitúa en al menos 215. Un dato que se fracciona con 211 fallecidos tan sólo en la Comunidad Valenciana -concretamente, en la provincia de Valencia, la más castigada por este desastre natural-, así como tres víctimas en Castilla – La Mancha y una en Andalucía. Continúa el proceso de levantamiento e identificación de víctimas, por lo que este número podría subir en los próximos días.
Habiéndose cumplido una semana de la llegada de la DANA a España y todo lo que arrasó tras su paso, aún continúan las labores de búsqueda de víctimas mortales entre los numerosos escombros en distintas localidades valencianas, también en Letur (Albacete), donde han aparecido restos humanos este martes, pero sigue habiendo cuatro personas en paradero desconocido.
Mapa humano y material de una catástrofe sin igual
La cuantía de daños se entiende aún mejor con una vista panorámica del territorio devastado. Hasta 70 municipios se han visto arrasados por la DANA. Paiporta, Chiva o Sedaví son algunas de las localidades que hasta hace una semana muchos españoles no conocían, pero que ahora todos situamos en el mapa y en nuestros pensamientos.
Bajo estos nombres, se esconden miles de familias valencianas: Alaquàs, Albal, Albalat de la Ribera, Alborache, Alcàsser, L’Alcúdia, Aldaia, Alfafar, Alfarb, Algemesí, Alginet, Almussafes, Benetússer, Benifaió, Beniparrell, Benicull de Xúquer, Bétera, Bugarra, Buñol, Camporrobles, Carlet, Catadau, Catarroja, Caudete de las Fuentes, Corbera, Quart de Poblet, Cullera, Chera, Cheste, Xirivella, Chiva, Favara, Fortaleny, Fuenterrobles, Godelleta, Guadassuar, Llíria, Loriguilla, Llaurí, Llombai, Macastre, Manises, Massanassa, Mislata, Montserrat, Montroi, Paiporta,Paterna, Pedralba, Picanya, Picassent, Polinyà de Xúquer, Real, Requena, Riba-roja de Túria, Riola, Sedaví, Siete Aguas, Silla, Sinarcas, Sollana, Sot de Chera, Sueca, Tavernes de la Valldigna, Torrent, Turís, Utiel, València -población de pedanías Sur: Faitanar, La Torre, Forn d’Alcedo, Castellar-Oliveral, Pinedo, El Saler, El Perelló y El Palmar-, Yátova, Benicull de Xúquer y Llocnou de la Corona.
Según las cifras arrojadas por el Servicio de Gestión de Emergencias Copernicus de la UE, más de 4.100 hectáreas y un total de 3.906 edificios se han visto perjudicados por la DANA. Un fenómeno meteorológico que ha afectado a más de 60.000 personas, a 15,2 kilómetros (km) de vías ferroviarias y a 531,6 km de carreteras.
En estos puntos, aún se siguen retirando enseres, muebles desechados por el lodo y vehículos destrozados de las principales calles, así como se continúan las labores de achiques de agua de parkings, garajes y otros lugares que se vieron rápidamente inundados por la descomunal tromba de agua.
Actualmente, sobre el terreno se encuentran desplegados más de 1.700 bomberos de 42 organismos y 6.700 militares, número que aumentará hasta los 7.800, según confirmó el Gobierno central. En el ámbito de la seguridad ciudadana, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, hay un total de efectivos 6.000 de Policía Nacional y Guardia Civil, más de 400 efectivos de las distintas policías locales y 103 efectivos de la Policía de la Generalitat.
De la misma manera, en cuanto a las necesidades de primer orden, se ha restablecido ya el 98% del servicio eléctrico y el 93% de la población afectada ya dispone de suministro agua. No obstante, se recomienda el uso de agua embotellada para consumo humano, el resto puede destinarse a las labores de limpieza.
Respecto al estado de las carreteras, en Valencia sigue cortada la A-7, de Quart de Poblet a Torrent; la N-3, Siete Aguas; la CV-33, Torrent; la CV-36, de Picanya a la A-7; la CV-50, Chiva. Además, está afectada la A-3, en Chiva, Requena y Mislata. En Castellón está cerrada la CV-134, La Salzadella; y la CV-137, Càlig. La Generalitat también ha lanzado 12 nuevas líneas de Metrobús para facilitar un servicio alternativo a Metrovalencia.
¿Y la responsabilidad política?
Esta tragedia no ha estado exenta de influencia política. Aún en estos momentos, el debate continúa candente por quién o a qué administraciones le correspondía mandar las órdenes pertinentes ante la emergencia. El foco de las críticas se ha situado tanto en el mando de la Generalitat Valenciana como del Gobierno central, incluso de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), pese a haber mandado esta última hasta siete avisos previos y haber estado actualizando toda la información primordial sobre este fenómeno adverso.
Ha quedado en claro, con el marco regulatorio autonómico y las directrices estatales en mano, así como las consiguientes explicaciones de las distintas autoridades al respecto, que las leyes estatales sitúan la responsabilidad en las competencias autónomas, al estar integradas en estas la gestión, coordinación y activación de las alertas de protección civil y equipos de emergencias.
Sin ir más lejos, en la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, dispone a las comunidades autónomas a encargarse de informar sobre cualquier incidencia o alerta que puedan perjudicar a la población civil, así como delimitar que cada autonomía tenga un Plan Territorial de Emergencias, el cual se enmarca dentro del respectivo Plan Estatal.
