Nuevo conflicto institucional a cuenta de las obras de conexión de la presa de La Colada, apenas unos días después de que la Junta haya adjudicado el proyecto definitivo del trasvase. En esta ocasión se trata de una actuación menor, pero de interés económico para la Diputación Provincial, y ha sido desvelada este martes por el presidente de la institución Salvador Fuentes.
El responsable del ente supramunicipal ha explicado que la empresa pública Acuaes (que se encarga de acometer grandes obras hidráulicas, entre otras cuestiones) le ha exigido recientemente un canon de 500.000 euros en concepto de derechos de paso para poder ejecutar una obra de mejora sobre el tendido eléctrico en una zona conocida como Los Pelayos. Esa obra, que tiene previsto acometer la Diputación con sus propios recursos, está pensada para conectar los grupos electrógenos que ahora mismo funcionan con gasoil para bombear el agua desde La Colada hasta Sierra Boyera, donde está la potabilizadora.
La intervención de mejora serviría, según Fuentes, para liberar a esos grupos electrógenos de un exceso de trabajo, de forma que puedan desactivarse al menos durante la noche. Con la conexión a la red eléctrica las máquinas podrían funcionar sin necesidad de emplear gasoil, que le cuesta una pequeña fortuna a la Diputación cada vez que hay que activarlas (hasta 6.000 euros diarios).
La red eléctrica
La presa de La Colada necesita grandes cantidades de energía para su funcionamiento, y la obtiene de una línea de media tensión que pasa cerca que conecta con Los Pelayos. La idea de la Diputación era aprovechar esa cercanía para conectar también los grupos electrógenos a la misma red eléctrica. Fuentes lleva más de un año negociando con la Confederación Hidrográfica del Guadiana para realizar esta obra, aunque la última demanda procede de una sociedad pública como es Acuaes (Aguas de las Cuencas de España).
Esta obra no es relativamente económica, pero deja de serlo si hay que pagar el canon. Según las cuentas de Fuentes, las exigencias de Acuaes suponen el doble de lo que cuesta conectar los motores a la red eléctrica. El presidente de la Diputación asegura que el departamento jurídico de la institución duda de que este canon sea de obligado cumplimiento.
