1. Compra de botes de humo posterior al anuncio
  2. “Se disminuye el riesgo de lesiones”
  3. Sustituir los medios de mayor riesgos
  4. Para los 52 grupos de UIP y 72 de UPR
  5. Prohibidas a Mossos y Ertzaintza
  6. Compras de pelotas de goma
Policías nacionales de las UIP.

La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana es objetivo de batir por partidos y organizaciones de izquierdas desde que se aprobó en el año 2015 en las Cortes Generales durante la legislatura con mayoría absoluta del Partido Popular y el Gobierno de Mariano Rajoy.

Consiguieron incluso extender la expresión ‘Ley Mordaza’, para tildar así la norma de represiva contra derechos como el de manifestación.

Después de seis años de Gobierno del PSOE de Pedro Sánchez, y con una mayoría en el Congreso de los Diputados de partidos de izquierdas, nacionalistas e independentistas, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana parece encauzada.

Los partidos más a la izquierda exigían una derogación, mientras que el PSOE apostó por suprimir “los elementos más lesivos de la ley”, es decir, retocar la norma pero si tumbarla del todo.

Hace unas semanas, el PSOE, Sumar y EH Bildu anunciaron un acuerdo para aprobar una nueva Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana, que supondrá cambios respecto a la legislación actual en puntos como las devoluciones en frontera en el perímetro fronterizo de Ceuta y Melilla, en el castigo a insultos y desobediencias a los agentes de las Fuerzas de Seguridad, y en las pelotas de goma.

Ese punto ha lastrado la negociación en los últimos años, ya que de nuevo los partidos a la izquierda del PSOE reclamaban prohibir este material a las unidades antidisturbios, mientras los socialistas se resistían a eliminar las pelotas de goma.

Ese punto impedía el pacto para cambiar la ley. Al final, los dos partidos del Gobierno de Pedro Sánchez y los independentistas vascos de izquierda han pactado que “se termina con el uso de las balas de goma, sustituyéndose estos por medios menos lesivos”.

Para ello, incluirán una disposición adicional en la nueva ley con el siguiente texto:

— “Gestión policial y material antidisturbios. Las autoridades competentes deberán desarrollar protocolos específicos, de acuerdo con estándares internacionales, sobre la gestión policial de manifestaciones y reuniones, incluyendo la utilización de uso de la fuerza y material antidisturbios, en orden a utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables. Asimismo, se sustituirá progresivamente el uso de los proyectiles cinéticos denominados balas de goma por otros menos lesivos”.

Si se llega a aprobar esta reforma legal, las pelotas o balas de goma terminarán desapareciendo del material de dotación de las Unidades de Intervención Policial (UIP) y de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional, así como de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil, unidades todas ellas especializadas en misiones de mantenimiento del orden público frente a altercados callejeros.

Esta medida ha indignado a la mayoría de sindicatos de la Policía Nacional, sobre todo, y a asociaciones profesionales de la Guardia Civil. Consideran que la retirada de las pelotas de goma deja indefensos a los agentes, y provocará más lesionados en casos de altercados violentos, ya que los antidisturbios tendrán que intervenir siempre en el “cuerpo a cuerpo”, cargando con la defensa (porra) y el escudo, al no tener ningún elemento lanzador que mantenga a distancia a los manifestantes violentos.

Compra de botes de humo posterior al anuncio

El anuncio del pacto entre los partidos del Gobierno de coalición con EH Bildu tuvo lugar el 3 de octubre.

Dos semanas después, el 17 de octubre, la División Económica y Técnica de la Dirección General de la Policía lanzó una licitación pública para la “Adquisición de mínimo de 2.480 artificios triple fumígenos (ATF), para la dotación colectiva de los policías integrantes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) y de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional, en un plan anual para el año 2024”.

El presupuesto asciende a 72.019,20 euros.

Esa licitación lanzada poco después de que se anunciara el acuerdo para retirar las pelotas de goma a las unidades antidisturbios permite consultar varios documentos: pliego de prescripciones técnicas, cuadro de características y memoria justificativa. Los elaboraron la Unidad Económica, de la División Económica y Técnica, y el Área de Armamento y Equipamiento Policial.

Los documentos fueron firmados, en un caso, el 29 de julio, y en otros dos, el 12 de septiembre: es decir, antes del pacto contra las pelotas de goma.

De esos documentos destaca la justificación que utilizó la Policía Nacional para defender la necesidad de comprar artificios triple fumígenos (ATF), los botes de humo que en casos de altercados callejeros pueden lanzar los antidisturbios para tratar de dispersar a masas de personas y a manifestantes violentos.

Los suelen disparar con las mismas escopetas con bocachas con las que lanzan, hasta ahora, las pelotas de goma. Pero también los pueden lanzar con la mano.

“Se disminuye el riesgo de lesiones”

Estos documentos no citan las pelotas de goma, ni hacen una comparación entre ese material y los botes de humo que se pretenden adquirir.

Pero llaman la atención algunos argumentos esgrimidos por la Policía Nacional.

Asegura que “la utilización de los artificios fumígenos, en el caso de graves alteraciones contra el orden público provocadas por masas hostiles, presenta diversas ventajas operativas”, y cita tres:

— “Sus elementos se inician y fragmentan en el aire, por lo que se disminuye el riesgo de lesiones por su impacto contra los integrantes de la masa que se pretende disolver, así como [la] utilización contra los propios policías”.

— “No precisan de sustancia explosiva alguna para su iniciación, con ausencia total de llama, impactos, aristas, etc.; evitando quemaduras y posibles lesiones en su utilización”.

— “Aumento de su período de vida útil, los cuales se usan en los casos de graves alteraciones del orden público mediante su lanzamiento a través de una bocacha unida a la escopeta policial”.

La primera ventaja citada es especialmente relevante en el contexto de los cambios en la Ley de Seguridad Ciudadana pactados por PSOE, Sumar y EH Bildu que se podrían aprobar en los próximos meses y entrar en vigor.

La nueva redacción de la ley insta a las autoridades competentes a desarrollar protocolos de gestión policial de manifestaciones que tengan como objetivo “utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables”.

La nueva disposición concreta que “se sustituirá progresivamente el uso de los proyectiles cinéticos denominados balas de goma por otros menos lesivos”.

Como se ve, la Dirección General de la Policía defiende la necesidad de comprar más de 2.000 botes de humo (artificios triple fumígenos) argumentando que su uso “disminuye el riesgo de lesiones por su impacto contra los integrantes de la masa que se pretende disolver”.

Para evitar que los manifestantes los agarren y los lancen de vuelta contra los policías, se exige que los artificios se consuman completamente “en un lapso de entre 15 y 20 segundos”.

También como elemento a tener en cuenta se cita que, como no necesitan sustancia explosiva, no generan llama, se evita que la utilización de los botes de humo provoquen quemaduras y otras lesiones.

Sustituir los medios de mayor riesgos

La Policía Nacional defiende además que con esta licitación de compra de botes de humo da cumplimiento al artículo 4 del Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, por el que se establecen normas sobre prevención de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.

Ese artículo concreta unos principios generales para promover las condiciones de seguridad y salud en el ámbito de la función policial.

Uno de esos principios es “elegir los medios y equipos de trabajo más adecuados, teniendo en cuenta la evolución de la técnica, sustituyendo, siempre que sea posible por la naturaleza y circunstancias de los servicios a realizar, los que entrañen más riesgos por otros que supongan poco o ninguno”.

Ese principio es al que se acoge la Dirección General de la Policía para justificar la compra de más de 2.000 botes de humo.

También argumenta que para cumplir la misión encomendada a las Fuerzas de Seguridad en el artículo 104 de la Constitución, de “proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”, y también para “alcanzar los objetivos operativos que del mismo se puedan derivar, es necesario dotar a la institución policial de los medios materiales, de uso colectivo o individual, que se estimen necesarios en relación con el servicio, de forma que, buscando el equilibrio entre estos y los principios del buen gobierno exigibles a la Administración Pública (eficacia, eficiencia y calidad), su adquisición, distribución y efectiva utilización, deben permitir lograr la mayor optimización que resulte posible”.

Para los 52 grupos de UIP y 72 de UPR

La Dirección General apunta también que “se requiere satisfacer las necesidades de material antidisturbios demandadas por los 52 grupos de UIP y 72 grupos de UPR de la Policía Nacional, desplegados por todo el territorio nacional”.

Entre las misiones de estas unidades destacan tres, en este contexto:

Prevención, mantenimiento y restablecimiento en su caso de la seguridad ciudadana.

Intervención en grandes concentraciones de masas, reuniones en lugares de tránsito público, manifestaciones y espectáculos públicos.

— Intervención en motines y situaciones de análoga peligrosidad.

“Para poder llevar a cabo las citadas misiones de forma eficaz, y sobre todo garantizando la seguridad de los ciudadanos y de los propios funcionarios, sus integrantes han de estar dotados de los medios adecuados”, y “las frecuentes intervenciones policiales realizadas por las UIP y UPR, principales usuarias de este medio de protección policial [los botes de humo] generan el mayor consumo de este material”.

Por último, indica la Policía que los artificios triple fumígenos “son necesarios para completar la formación generalista impartida en la Escuela Nacional de Policía a los policías de nuevo ingreso, así como la necesaria realización de prácticas operativas de los integrantes de las citadas UIP y UPR”.

Prohibidas a Mossos y Ertzaintza

Hay que señalar que las unidades especializadas en intervención antidisturbios de la Ertzaintza y de los Mossos d’Esquadra llevan años sin utilizar pelotas de goma, por decisión de los gobiernos o parlamentos autonómicos del País Vasco y de Cataluña.

El Gobierno Vasco retiró las pelotas de goma a su policía autonómica después de que en una carga de los antidisturbios de la Ertzaintza por incidentes tras un partido de Europa League entre el Athletic de Bilbao y el equipo alemán Schalke 04 muriera un hincha local, Íñigo Cabacas, al que alcanzó en la cabeza un proyectil policial.

El Parlament de Cataluña aprobó en 2013 que desde 2014 se prohibiría el uso de pelotas de goma. El caso que llevó a esa prohibición fue el de Esther Quintana, una mujer que perdió un ojo al recibir el impacto de una pelota de goma de los Mossos durante la huelga general del 14 de noviembre de 2012.

Para cumplir esa resolución, unidades de los Mossos d’Esquadra como la Brigada Móvil (Brimo) sustituyeron las pelotas de goma por proyectiles de foam: un material, parecido a la gomaespuma, en teoría menos lesivo, si bien los proyectiles que se disparan con un lanzador tienen una parte trasera más dura.

Pero la Policía Nacional y la Guardia Civil no se consideran vinculados a esa resolución, y por ello sus agentes antidisturbios utilizaron pelotas de goma por ejemplo el 1 de octubre de 2017, al intervenir en los puntos de votación del referéndum ilegal de independencia. Un hombre, Roger Español, perdió un ojo por una pelota de goma que le disparó un antidisturbios, después de que él, lanzara una valla hacia los agentes.

También dispararon pelotas de goma al intervenir en los graves disturbios que provocaron manifestantes independentistas y activistas antisistema en octubre de 2019 en Cataluña, en el marco de las protestas contra la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a una docena de líderes de la intentona secesionista del otoño de 2017.

Esas intervenciones igualmente causaron heridos por el impacto de estos medios antidisturbios.

Compras de pelotas de goma

La prohibición de las pelotas de goma planea desde hace años, ya que se ha intentado impulsar en las Cortes Generales en distintos momentos.

Pese a esa amenaza, las direcciones generales de la Policía Nacional y la Guardia Civil han seguido adquiriendo proyectiles cinéticos (pelotas de goma), así como cartuchos de proyección, que se colocan en las bocachas y detonan para lanzar las pelotas de goma.

La polémica sobre las pelotas de goma ha derivado también en reclamaciones para conocer datos concretos sobre el uso de estos medios, las cantidades utilizadas… peticiones a las que en ocasiones la Dirección General de la Policía se ha negado a responder con información precisa.

Varios agentes de los 'antidisturbios' de la Policía Nacional en un dispositivo en Pamplona.
Varios agentes de los ‘antidisturbios’ de la Policía Nacional en un dispositivo en Pamplona.

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