El Gobierno busca ‘in extremis’ fórmulas legales para convertir en permanente el impuesto extraordinario a las grandes energéticas y a la banca, y explora cómo modificarlos para sumar los apoyos parlamentarios suficientes para sacar adelante la reforma frente a la reticencia (casi ya rechazo directo) de PNV y Junts.
Si no hay reforma, el gravamen expirará a final de año. Y con esa urgencia, los pesos pesados económicos del Ejecutivo -la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo– insisten en que el objetivo prioritario es mantener de manera indefinida el gravamen a energéticas y banca para elevar su contribución pública en un momento de beneficios récord y al alza. Los planes del Gobierno han puesto en pie de guerra a los gigantes nacionales de la energía y al sector bancario.
Pero son las grandes energéticas las que se han movilizado las que mucho más claramente para presionar al Gobierno y tumbar la reforma que busca cronificar el impuesto, concebido como temporal durante la crisis energética. Gigantes como Repsol y Cepsa se han lanzado a congelar inversiones milmillonarias en el mercado español a la espera de conocer el desenlace final del gravamen. Y otras grandes energéticas simplemente velan armas o amenazan con seguir sus pasos. Unas inversiones en el aire que amenazan, muy fundamentalmente, con dar un golpe importante y frenar el esperado ‘boom’ del hidrógeno verde en España.
España quiere ser protagonista de la que está llamada a ser la próxima revolución energética y convertirse en el mayor ‘hub’ europeo del hidrógeno verde. Grupos energéticos e industriales cuentan con más de un centenar de proyectos para aprovechar el nuevo filón del hidrógeno verde (que utiliza electricidad procedente de energías renovables para su generación) y que busca ser crucial para impulsar la ineludible descarbonización de la economía al servir para sustituir el gas natural por un gas verde sin emisiones en los sectores económicos que tiene difícil la electrificación de sus procesos.
El nuevo Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) aprobado por el Ejecutivo contempla un objetivo de 12.000 megavatios (MW) de capacidad de electrólisis -el proceso que se utiliza para generar el hidrógeno- en 2030. Compañías españolas e internacionales cuentan con una ‘megacartera’ de en torno a 170 proyectos en el mercado español con una capacidad de producción de más de 22.000 MW, que pulveriza los objetivos de producción de hidrógeno renovable a los que aspira el Ejecutivo, según los registros de la Cátedra de Estudios del Hidrógeno de la Universidad Pontificia Comillas.
Repsol y el ‘populismo fiscal’
La revuelta empresarial contra el impuesto especial a las energéticas amenaza con dar un golpe millonario a esa revolución. Repsol, la mayor de las petroleras españolas, es la que se ha mostrado más beligerante para frenar el impuesto y su perpetuación. La compañía comandada por Josu Jon Imaz como consejero delegado mantiene en el aire proyectos de inversión de 1.500 millones de euros en País Vasco, Cataluña y Murcia ligados a la descarbonización de sus instalaciones industriales, producción de combustibles renovables y también en todos ellos vinculados a plantas de producción de hidrógeno verde.
Repsol, que es la compañía que más ha pagado por el impuesto especial en los dos últimos años con unos 800 millones, ha venido amenazando con llevarse todas o gran parte de esas inversiones a otros países, singularmente Portugal. Y, de hecho, ha desplazado ya una inversión de 15 millones de euros en un nuevo proyecto de hidrógeno renovable a su complejo industrial de Sines, en Portugal. Aunque Repsol ha sido la más dura en las críticas y en sus advertencias, puede ser Cepsa la que provoque un mayor roto en inversiones verdes en España.
El propio Imaz se puso al frente de la crítica esta semana con una tribuna publicada en varios medios de comunicación denunciando el “populismo fiscal” del Gobierno y advirtiendo que mantener el impuesto extraodinario “ralentizará al mínimo” las inversiones del sector. “Miles de millones de euros se desviarán a otros países. Es posible que, ante la dificultad de descarbonizarse, el sector del refino español vaya teniendo dificultades para mantenerse antes de que acabe esta década”, denunció, al tiempo que destacaba que “me repugna particularmente la demagogia en torno a las cuestiones fiscales” y que ahora existía “simplemente populismo y demagogia al grito de ‘que paguen las empresas para favorecer a los que lo pasan mal’.”
Cepsa, un golpe clave
El consejo de administración de Cepsa, controlada por el fondo soberano de Abu Dabi y por el fondo estadounidense Carlyle, ha decidido dejar en suspenso sus inversiones en proyectos de hidrógeno verde en España por la incertidumbre regulatoria y fiscal en el país. Un frenazo que puede resultar clave porque Cepsa desarrolla uno de los mayores proyectos de hidrógeno verde de España. El Valle Andaluz del Hidrógeno contempla inversiones conjuntas por 5.000 millones de euros, tanto en la construcción de dos plantas de producción de hidrógeno en Cádiz y Huelva con una potencia de 2.000 MW (por 3.000 millones de euros) como en el despliegue de plantas de renovables para alimentar los electrolizadores (otros 2.000 millones más).
La magnitud del ‘megaproyecto’ de Cepsa -cuya presentación formal estuvo comandada por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez- lo convierten en engranaje imporante de la estrategia nacional de convertir el país en un gran centro de producción y exportación de hidrógeno verde, en paralelo a la construcción por parte de Enagás de una gran red troncal de tuberías para transportarlo dentro del país y del gran corredor internacional que conectará con Portugal, Francia y Alemania (el faraónico proyecto del H2Med).
«Cepsa está valorando el impacto que puede tener un incremento de su fiscalidad si se aprueba un nuevo impuesto permanente», apuntan desde la compañía, que subraya que mantener el impuesto «provocaría un efecto muy relevante sobre la rentabilidad de los proyectos de hidrógeno, por lo que tendría que ralentizar las inversiones previstas en España y dar prioridad a proyectos de hidrógeno verde en otros países que, inicialmente, tenía planificados en una expansión internacional para una segunda fase del plan estratégico ‘Positive Motion'». Cepsa dice tener ya identificados proyectos en Argelia, Marruecos, Brasil y Estados Unidos que van a acelerarse si finalmente quedan liberados recursos en España por el denominado ‘impuestazo’. Cepsa registró el año pasado unas pérdidas de 233 millones tras hacer frente a pagos por más de 320 millones por el impuesto extraordinario.
Repsol y Cepsa no están solas en críticas. Las grandes petroleras que operan en España hacen frente común. La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) -la patronal que agrupa Repsol, Cepsa Galp, Disa o BP- ha mostrado abiertamente su rechazo a un impuesto permanente al sector energético, advirtiendo de que este gravamen o la falta de claridad sobre el horizonte fiscal podría «desalentar las inversiones en el país», poniendo en peligro los 16.000 millones de euros que prevé abordar el sector para su descarbonización hasta 2030, parte de ellas vinculadas a la construcción de plantas de producción de hidrógeno verde.
De temporal a permanente
El Gobierno aprobó en lo peor de la crisis energética un nuevo gravamen temporal del 1,2% sobre las ventas -no los beneficios- de las grandes energéticas, las que facturan más de 1.000 millones de euros al año (gigantes como Repsol, Cepsa, Iberdrola, Endesa o Naturgy), y que se aplicaría durante dos años. En estos dos años de aplicación la recaudación procedente sólo del sector energético ha superado los 2.400 millones de euros.
Durante este tiempo, las grandes energéticas y las patronales que las agrupan ya han venido han criticado con dureza el gravamen, han presentado recursos ante la Audiencia Nacional para intentar tumbar el impuesto por considerarlo ilegal y desproporcionado. E igual que sucede ahora, también habían amenazado ya con la paralización de proyectos de inversión millonarios si el Gobierno prolongaba el gravamen extraordinario. Actualmente, las petroleras son las que están liderando la protesta abierta contra la prolongación del gravamen, mientras que las grandes eléctricas como Iberdrola, Endesa o Naturgy están apostando por la moderación y por evitar un choque en público (aunque en años previos sí han advertido de la posibilidad de ralentizar o de deslocalizar inversiones).
El Ejecutivo prorrogó el gravamen especial a las mayores petroleras, gasistas y eléctricas un año más, hasta final de 2024, y anticipó su intención de convertirlo en permanente pero reformándolo para permitir grandes deducciones a las compañías por las inversiones en transición energética que realizaran. La extensión del impuesto es uno de los puntos pactados entre PSOE y Sumar en su acuerdo de gobierno de coalición progresista, y la intención ha sido sucesivamente incluirlo en los proyectos de ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2024 (que no llegó a presentarse) y de 2025 (cuya tramitación, de momento, se ha retrasado).
La falta de apoyos parlamentarios y la amenaza de abrir nuevos litigios por el propio diseño del gravamen están dificultando al Gobierno sacar adelante su conversión en permanente, con la posibilidad cierta -ya reconocida por la propia ministra de Hacienda- de que no pueda mantenerse el impuesto por no contar con respaldo de los socios parlamentarios, singularmente de Junts y de PNV.
De momento, el Gobierno tiene una fecha límite. Tras ampliar el plazo, el próximo 30 de octubre vence el tope temporal para presentar enmiendas al proyecto de ley para un impuesto mínimo global del 15% para multinacionales y grupos empresariales. Un proyecto de ley que el Ejecutivo pretendía que fuera el vehículo para introducir, vía enmienda, la creación de los nuevos impuestos permanentes antes de que acabe el año (para que pueda ser aplicado sobre la actividad de 2024, aunque se recaude en 2025).
Conseguir un acuerdo para sumar los apoyos parlamentarios suficientes antes del fin del plazo parece díficil. El Gobierno tiene otra vía para intentar perpetuar el impuesto. Existe la posibilidad de aprobar por decreto ley los nuevos tributos antes del 31 de diciembre, lo que permitirá que entrara vigor de los impuestos permanentes de forma inmediata. Pero posteriormente el decreto debería someterse a la convalidación del Congreso de los Diputados, con las mismas dificultades para conseguir el respaldo suficiente de los grupos parlamentarios.
 para presionar al Gobierno contra la reforma para perpetuar el impuesto especial.){kind=link}