En las últimas semanas, se ha instalado en el Gobierno un mantra sobre el diferencial en la recaudación que tiene España frente a otros países de la Unión Europea. Cerrar esa brecha, permitiría al Ejecutivo alcanzar con más facilidad el objetivo de déficit al que se ha comprometido con Bruselas, pero con los impuestos que ya están en vigor no se alcanza la recaudación necesaria, tal como publicó este periódico. Por ello, el Gobierno está negociando con sus socios parlamentarios otras medidas.
Fuentes del Ministerio de Hacienda confirman estas conversaciones con los socios habituales del PSOE en el Congreso de los Diputados. No solo se habla con PNV y con Junts sobre los impuestos a la banca y a las energéticas, hay otras cuestiones encima de la mesa, aunque las reuniones “se están llevando con discreción”, subrayan las mismas voces.
El Gobierno ya ha dicho públicamente que el objetivo es que lo que eran gravámenes temporales a los beneficios extraordinarios que la inflación y la política monetaria estaban dando al sector financiero y al energético se conviertan en permanentes, que pasen a formar parte del sistema tributario español. Aquí, el PNV ha encontrado una vía para que las empresas radicadas en Euskadi no lo paguen, algo que puede suponer atraer más inversión.
Como avanzó este periódico, el objetivo de los nacionalistas vascos es lograr que el tributo energético pase a ser un impuesto. De esta forma, se podría transferir desde las arcas nacionales a la hacienda vasca y esta optaría por bonificarlo. La preocupación del nacionalismo por el impacto de la medida en las decisiones empresariales del sector es importante. No en vano, compañías como Petronor o Iberdrola son las principales contribuyentes a las arcas públicas vascas en forma de impuestos. Sólo entre ambas compañías aportan el equivalente a alrededor del 15% del presupuesto de todo el País Vasco.
La permanencia de estos impuestos tampoco cuenta con el visto bueno de los nacionalistas catalanes. Una parte de Junts considera que votar a favor del impuesto supondría poner en riesgo inversiones millonarias para la planta de Repsol en Tarragona. Por otro lado, los catalanes quieren evitar otro voto en línea con el PP y Vox. De momento, el Congreso ha ampliado el plazo de enmiendas y tanto el Ejecutivo como los grupos han ganado tiempo.
Sumar: impuesto a las herencias y 21% a pisos turísticos
Pero hay otras medidas encima de la mesa. Sumar ha planteado una serie de impuestos que permitirían ampliar la recaudación de las arcas públicas. Desde un impuesto solidario a las herencias, que permitiría reforzar el impuesto sobre sucesiones que está bonificado en varias comunidades autónomas, a la introducción de un gravamen de solidaridad ambiental para el queroseno, los yates, aviones privados y bienes de lujo.
En materia de vivienda, uno de los temas centrales a los que se enfrenta el Ejecutivo, Sumar ha planteado subir la fiscalidad de las viviendas turísticas al 21%, de las viviendas vacías y limitar las deducciones de IRPF a quienes alquilen a precios asequibles.
La formación que hasta hace poco lideraba Yolanda Díaz también ha planteado quitar las exenciones de impuestos de la Sanidad y la Educación privadas, así como acabar con los beneficios fiscales de las sociedades de inversión inmobiliaria.
Reforma fiscal
La Comisión Europea espera una reforma fiscal por parte de España, porque así se comprometió el Gobierno en el Plan de Recuperación. Sin embargo, como publicó este medio, el Ejecutivo quiere convencer a Bruselas de que la situación económica del país ha mejorado sustancialmente y sus ingresos están asegurados por la buena marcha del empleo.
No obstante, Moncloa ha prometido que los ingresos tributarios aumentarían un 0,3% sobre el PIB el próximo año. Teniendo en cuenta el PIB de 2023, los ingresos por impuestos deberían crecer en 4.500 millones de euros, por lo que no es suficiente con hacer permanentes los gravámenes energético y bancario.
Bruselas ya ha sugerido a España que tiene varias vías de reducir el diferencial de recaudación, pero una de ellas pasa por aumentar los impuestos sobre el consumo, fundamentalmente el IVA. La Comisión también cree que hay margen en el ámbito de los impuestos medioambientales. Con todo, se trata de tributos que afectarían a las clases medias y bajas y sobre los que el Gobierno todavía no se ha pronunciado.
