El subteniente de la Guardia Civil José Luis Rodríguez García, destinado en el Ministerio de Transportes durante el mandato de José Luis Ábalos, mantendrá por el momento su condición de imputado en el caso Koldo. Así lo ha acordado el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno en un auto con fecha de este jueves, al que ha tenido acceso este diario, en el que rechaza levantar la imputación al guardia, tal y como éste había solicitado, «hasta que no concluya el examen de la documentación y efectos» que se le intervinieron en su día.
Al inicio de la investigación se apuntó a este subteniente como responsable de haber puesto en contacto a los representantes del Ministerio de Transportes con los empresarios responsables de la trama como Juan Carlos Cueto, verdadero responsable de Soluciones de Gestión, la empresa que consiguió el contrato millonario para la compra de mascarillas.
Además de servir en la Benemérita, figuró como empleado de una empresa de pizarras en Valdeorras (Orense) en la que acabaron parte de los beneficios obtenidos o Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, de la que recibió cinco transferencias entre marzo y septiembre de 2021. Se le cita también por las reuniones en la marisquería madrileña La Chalana, donde la Guardia Civil colocó micrófonos.
En coincidencia con la Fiscalía Anticorrupción, y con base en «indicios objetivos y fundados de su participación en los hechos» investigados, el juez Moreno le imputa indiciariamente delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, y delito de tráfico de influencias. Cuando estalló la trama el pasado mes de febrero le fueron intervenidos dispositivos digitales así como documentación que, a día de hoy aún se encuentran pendientes de análisis e informe.
Por ello, el juez concluye que en este momento procesal, hasta que no concluya el examen de la documentación y efectos intervenidos, no procede modificar la situación procesal de Jose Luis Rodriguez García, «sin perjuicio de lo que resulte en el transcurso y/o avance de la investigación», añade el auto.
Tal y como informó este diario, el pasado mes de septiembre Rodríguez ya reclamó al juez que levantara su imputación tras confirmar la firma Rolex que el reloj que le fue intervenido durante el registro de su vivienda que llevaron a cabo agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) es falso.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que los presuntos comisionistas de la trama compraron fincas en Galicia que «fueron adquiridas por Soluciones de Gestión para después ser traspasadas a Comercializadora Santa Bárbara, también integrada en el grupo Cueto». Los investigadores creen que en esta operativa intervino el subteniente, que conducía un vehículo a nombre de dicho grupo empresarial.
Otras providencias
Una vez cumplido con el trámite de elevar la exposición razonada contra el exministro José Luis Ábalos al Tribunal Supremo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 ha dictado una serie de resoluciones en las que, además de confirmar la imputación del guardia civil Rodríguez, también ha rechazado las pruebas solicitadas por distintas partes como la acusación popular que ejerce el PP y la defensa del director general de Gestión de Personas de ADIF, Michaux Miranda Paniagua.
El PP pretendía que el juez ahondara en la investigación relativa al rescate de Air Europa, pero el magistrado considera que «de lo actuado hasta la fecha no se desprende participación» de «personas directamente vinculadas a Air Europa en el proceso de adjudicación de los contratos objeto de investigación en el presente procedimiento».
El juez Moreno también rechaza llamar a declarar al director financiero de Puertos del Estado, porque a la vista de las declaraciones de las funcionarias encargadas de tramitar el expediente de contratación «no va a aportar nada relevante en cuanto a la intervención de Air Europa en la adjudicación del contrato de suministro de mascarillas a Soluciones de Gestión». Por otro lado, no acepta otras diligencias solicitadas por el alto cargo de Adif Michaux Miranda Paniagua, igualmente imputado.
