“Son el mayor desahuciador de España”

Los vecinos de los barrios trabajadores, agrupados en torno a sindicatos y colectivos de vivienda, continúan plantándole cara a Sareb, el conocido como banco malo y participado en un 51% por el Estado a través del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB). Este jueves, PAH Vallekas ha dado un paso más y se lleva a la entidad a los tribunales por incluir cláusulas abusivas en sus contratos de alquiler. La demanda pionera está centrada en una inquilina del barrio sureño de Madrid que ha acumulado 10.000 euros de deuda en tan solo un año, pese a no haber dejado de pagar su alquiler social.

Giselli, vecina afectada, reside en su vivienda desde hace tres años con un contrato de Sareb que “permite la subida encubierta del alquiler” a través de una cláusula. “Nos fuerzan a firmarla sabiendo que la alternativa es el desahucio, en medio de presiones de las empresas privadas mediadoras con denuncias falsas por usurpación, amenazas e, incluso, desalojos extrajudiciales”, apunta Sonia García, portavoz de PAH Vallekas. Antes de llegar a este punto, Giselli había sufrido dos intentos de desahucio, parados por la plataforma, y conoció su deuda por un burofax que certificaba la subida del alquiler.

“La ley es clara y no permite subidas del alquiler dentro del contrato, así que Sareb y otros grandes tenedores incluyen una supuesta bonificación cuya retirada de facto supone la subida del alquiler”, presenta Diego Redondo, abogado de Giselli. Esta es una de las cláusulas abusivas denunciadas y consiste en que el contrato de alquiler recoge el precio de mercado, por ejemplo 1.000 euros, y Sareb establece una bonificación determinada, por ejemplo 80%, que reduce el alquiler drásticamente, pero que puede retirar a su antojo, con criterios “subjetivos” y sin previo aviso, volviendo el alquiler al precio de mercado.

Esta cláusula está unida a otra de acompañamiento social que supone de facto un paternalismo extremo sobre el alquilado. “Un acuerdo sociolaboral que convierte a Sareb en tutor legal del inquilino, al que obligan a comunicar qué cambios de relevancia socioeconómica hay en su vida, bajo la amenaza de retirar la bonificación”, relata Redondo. “No se especifica que cambios socioeconómicos hay que comunicar, cualquiera que pueda alterar tu vida e influir en el pago de tu renta, tanto para bien como para mal. Tanto si has recibido una ayuda, te has quedado embarazada o te vas a divorciar”.

“Bajo la amenaza de desahucio”. Esta frase es repetida una y otra vez por diversos colectivos de vivienda que apuntan hacia Sareb como “el mayor desahuciador de España, sobre todo en Barcelona, provincia con más desahucios”. Afirmación que choca con la garantía del Gobierno de que los desalojos están suspendidos. “Sareb desahucia y mucho”, garantiza el letrado, “toda esa prohibición es una mentira, es propaganda política y electoral que se ha hecho a través de leyes de Vivienda y Reales Decretos que no tienen capacidad de paralización estructural”.

El comienzo de una campaña contra Sareb

Esto es “solo el comienzo”, advierte García, porque estas cláusulas “están presentes en los 10.000 contratos que forma parte de la bolsa de alquileres precarios de Sareb”. La PAH, incluida junto a otros muchos colectivos en la campaña Plan Sareb, señala al Gobierno de coalición como principal responsable de los procederes del banco malo. “Estos son los contratos que Sareb y el Gobierno venden como parte de un futuro parque de vivienda pública y social”, denuncian, pero niegan la mayor y aseguran que “todas y cada una de las viviendas de Sareb siguen siendo activos financieros”.

 “La prioridad ha sido mantenerlas como activos con un leve barniz social”, continúa García, que lamenta “la oportunidad perdida para la desmercantilización de la vivienda” a través de este ente. “Esta realidad va mucho más allá de Sareb y apunta al conjunto de políticas progresistas de vivienda que, en lugar de desmercantilizar este bien básico, aseguran el beneficio privado de empresas mediadoras, constructoras y propietarios de suelo”, espeta la portavoz, señalando que son políticas que “no van a reforzar el parque público de vivienda”. Pero, de cuántas y qué tipos de viviendas hablamos.

“El 54% del listado de Sareb anunciado por el Gobierno en 2023”, trasladan desde Plan Sareb, “no será vivienda pública, ni siquiera asequible”. Los sindicatos se apoyan en que el rango más alto de precios de estas viviendas privadas del Plan Viena de Sareb va a alcanzar los 1.000 euros al mes y el más bajo se ubicará en los 500 euros. “Es inalcanzable para buena parte de la población”, destacan. El resto del listado son viviendas “precarias” que las comunidades autónomas y los ayuntamientos rechazan “por su estado y sus costes de gestión” y 10.000 de los bancos “provenientes del Fondo Social de Viviendas de Rajoy”.

Sareb niega las acusaciones y defiende su actuación

La Sareb es la otra parte de esta demanda y ElPlural.com ha querido ponerse en contacto con el ente para conocer cómo ha recibido la noticia. “Desconocemos los términos exactos de la demanda porque no nos ha llegado, pero estamos tranquilos porque nuestro programa de alquiler social y acompañamiento se ajusta a derecho y a la ley de Arrendamientos Urbanos (LAU)”, han trasladado. Preguntados por este periódico por las cláusulas abusivas se ha mostrado “convencidos del que programa funciona”, asegurando que muestra de ello es que se han firmado más de 8.000 alquileres, “muchos de ellos con la PAH de por medio”, apuntan.

Asimismo, desde el banco malo defiende el acompañamiento social que desde los colectivos denuncian por su paternalismo. “Quien entra en el programa es porque es vulnerable y está en una situación irregular en una vivienda de Sareb, que puede ser por muchos motivos. Si la situación es de vulnerabilidad, se les ofrece un alquiler social con acompañamiento, por lo tanto, hay una corresponsabilidad de la familia por mejorar y dejarse ayudar”, relatan.

Sobre la renta, aseguran que esta “no puede superar el 30% de los ingresos de la familia” y solo varía si los ingresos de la familia aumentan o bajan. “Pero eso, a día de hoy, no ha sucedido en los más de 8.000 alquileres”, señalan.  Centrándose en el caso que ha motivado la demanda, desde Sareb aseguran que Giselli tiene un alquiler de 80 euros que según precio de mercado serían 700 euros, que está al corriente de pago y que se le condonó una deuda previa.

En lo referido a las mediadoras privadas y a los desahucios, desde la entidad justifica sus actuaciones. “Sareb una entidad orgánicamente muy pequeña porque tenemos un mandato liquidador de cara a 2027 y todo lo que hacemos, supervisado desde Sareb, es a través de servicios especializados”, señalan en lo referido a la mediación. Sobre los desahucios trasladan que eso “no sucede cuando hay una persona vulnerable, solo se sigue adelante con recuperar la vivienda cuando dentro viven personas conflictivas o existe no vulnerabilidad acreditada”, relato que choca con lo denunciado por los colectivos y sindicatos.