La Comisión Europea continuará su plan para instaurar centros de deportación de migrantes en países extranjeros a la Unión Europea. Esta medida se ha presentado como la manera de incrementar las devoluciones de las personas que finalmente no se hagan con el derecho a permanecer en el área comunitaria.
Sin embargo, la comisaria de Igualdad, Helena Dalli, ha asegurado este miércoles ante el pleno del Parlamento Europeo que, aunque el nuevo Ejecutivo de Ursula von der Leyen seguirá adelante con esta fórmula, la propuesta de Bruselas no permitirá las devoluciones sin explicación, respetando en todo momento “el Derecho internacional y el principio de no devolución”, prohibiendo este último las devoluciones en caliente.
Además de ello, la comisaria ha podido asegurar que desde Bruselas se prestará “importante atención al respeto de los derechos fundamentales, al considerar medidas como los centros de deportación”.
En este sentido, Dalli ha recordado que la Comisión se encuentra en contacto con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para «asegurar» que, «siempre, en todos los casos» regirán los principios de Derecho. También ha defendido la importancia del Pacto de Migración y Asilo recién acordado entre los 27 para gestionar la presión migratoria de manera «ordenada y eficaz», además de recordar qye es fundamental «mantener el nivel de ambición dentro del calendario».
División en Europa
Esta polémica medida sobre política migratoria ha contado con dos principales posiciones en el Hemiciclo: la alianza entre conservadurismo y la ultraderecha, que aboga por la expulsiones de migrantes, y la del bloque de izquierdas, que contradice la legitimidad de este modelo migratorio impulsado desde el partido de Giorgia Meloni y su política de deportaciones a Albania.
A pesar de los intentos de algunos países para elevar a 27 el debate sobre la necesidad de externalizar las expulsiones de migrantes fue Von der Leyen quien formalizó el debate la semana pasada al incluir los centros de deportación en su carta a los líderes de la UE. En esta, la jefa del Ejecutivo comunitario sugería la medida de los centros deportación.
En respuesta, los primeros borradores de los líderes europeos respecto a esta cuestión contemplan la necesidad de considerar «nuevas formas de evitar y contener la migración irregular«, siempre respetando el Derecho de la UE e Internacional.
Aunque no se mencionan explícitamente los centros de deportación sugeridos por Von der Leyen, se subraya la importancia de implementar la legislación adoptada en la UE y aplicar la legislación existente.
La postura española
Por otra parte, la aplicación del que será el pacto final está prevista para el año 2026, pero países como España ya han solicitado que se aceleren los trámites para su «plena» puesta en práctica en 2025.
«La Comisión está dispuesta a acelerar el ritmo de aplicación y ejecución de algunos elementos», ha expresado en esta línea Dalli, antes de advertir de que en todo caso se haría «manteniendo el equilibrio entre solidaridad y responsabilidad, así como entre la dimensión exterior y la interior».
En este sentido, el portavoz del Partido Popular Europeo (PPE) en el debate, Tomas Tobé, ha llamado a «recuperar el control» en materia migratoria y a proceder a una aplicación del Pacto «rápida y eficaz», mientras que ha exigido a Bruselas presentar su propuesta sobre devoluciones «en los primeros 100 días» de mandato de la nueva Comisión.
Al mismo tiempo, su compañera de bancada y líder del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat, ha señalado que, la situación de Canarias, Ceuta y Melilla respecto a política migratorias «es de grave riesgo de colapso» acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de «inacción», así como de «peligro para la seguridad» del bloque.
Por otra parte, la eurodiputada del PSOE Iratxe García, líder de los Socialistas y Demócratas, ha avisado de que su grupo «no permitirá que la carta de Von der Leyen entierre el Pacto Migratorio», defendiendo que «la única carta que estamos obligados a cumplir es la Carta de Derechos Fundamentales de la UE», que garantiza el derecho al asilo y veta las expulsiones colectivas.
«Las deportaciones indiscriminadas no sólo es una cuestión de política migratoria, también representa la más indigna abdicación de los valores de la UE», ha remachado García, quien ha considerado «inaceptable arrodillarse ante la extrema derecha», ha argumentado la socialista.
