La inversión de 1.100 millones de euros de Repsol en la planta química de Tarragona sigue pendiente de un hilo. La posibilidad real de que el Gobierno convierta en permanente un impuesto a las empresas energéticas que nació con la intención de ser temporal ha enfriado la apuesta de la multinacional en El Morell (Tarragonès), que ha congelado la inversión «hasta que no se elimine el gravamen», según fuentes de la compañía.
Desde Repsol apuntan que el impuesto les cuesta lo mismo que la propia inversión, mientras que la Cambra de Comerç de Tarragona o Foment del Treball cierran filas con la empresa energética, al igual que uno de los socios del Gobierno, Junts, en la vertiente política, ya que supedita su apoyo a que desaparezca esta figura fiscal. El sector empresarial avisa de que el tributo es un «ataque directo» a la competitividad de la industria química tarraconense. Y el impacto afecta también a las plantas de la compañía en Cartagena (Murcia), Puertollano (Ciudad Real), A Coruña y Bilbao, ya que es un plan de actuaciones de descarbonización de entre 2.000 y 3.000 millones hasta 2027, que incluye las previstas en Tarragona, advierten desde la compañía. En la actualidad, la condición ‘sine qua non’ para invertir es que deje de exigirse este gravamen.
En el polígono químico norte de Tarragona, el grupo presidido por Antoni Brufau tiene previstas dos inversiones para transformarlo en un ‘hub’ energético descarbonizado. Por una parte, la construcción de una ecoplanta para producir metanos y bimetanos renovable a partir de residuos no reciclables, valorada en 800 millones de euros, que ya contaba con una subvención de la Unión Europea para la descarbonización y los permisos pertinentes. Por otra parte, la instalación del mayor electrolizador del país para hidrógeno verde asociado a la misma planta, presupuestado en 300 millones de euros.
«Una apuesta brutal» para Tarragona
«Esta es una apuesta brutal desde un punto de vista tecnológico, de circularidad y medioambiental, que ahora pende de un hilo porque este gravamen nos está descapitalizando, nos impide invertir y nos crea inseguridad jurídica», apuntan fuentes de Repsol a EL PERIÓDICO. El impacto para el territorio que recibe esta inversión es «muy importante» porque representa el futuro del complejo industrial químico. En una industria con un grado de integración tan alto, y más en un caso como el del polígono petroquímico de Tarragona, la no ejecución tendría «un gran impacto en el sector» y, concretamente para Repsol, aseguran que «penaliza el esfuerzo necesario para la transformación de sus complejos industriales en ‘hubs’ multienergéticos y pone en peligro la viabilidad de estos centros».
El impuesto a la banca y las energéticas se aprobó en 2022 como un gravamen temporal para hacer frente a la subida de precios de la combustibles por la guerra en Ucrania, y de momento está previsto que finalice el 31 de diciembre de 2024. En los dos primeros años, Repsol ha pagado 800 millones de euros, a los que habrá que añadir el coste de 2024, lo que la empresa valora en más de 1.000 millones de euros, casi el valor total de la inversión prevista en Tarragona. Además, la multinacional avisa de que la industria petroquímica está en un proceso de reestructuración en Europa y que «el cierre de las plantas que resultan menos competitivas es habitual». Esto lleva a un proceso de deslocalización, por lo que Repsol podría estar estudiando nuevas ubicaciones fuera de España para concentrar la inversión que tenía preparada hacer en Catalunya, el País Vasco y Murcia.
¿Y si el gravamen a las energéticas desaparece?
De momento, la aprobación final de la enmienda del Gobierno para convertir en permanente el impuesto todavía está en el aire, a la espera de las negociaciones del Ejecutivo con los partidos de la oposición. Junts ya ha mostrado su desacuerdo y ha afirmado que no dará su apoyo, por lo que el resultado de la votación final en el Congreso, en un mes, podría ser negativo. Aunque en Repsol llevaban oponiéndose al gravamen desde que se creó, las alarmas se dispararon después de que Hacienda afirmara a principios de este mes que mantenía su plan de aprobar antes de acabar el año un real decreto ley que permitiera convertir en impuestos permanentes los actuales gravámenes temporales sobre banca y energéticas.
En este sentido, desde Repsol recuerdan que la inversión se quedará «congelada hasta que se elimine el gravamen». Si no hay acuerdo y el 1 de enero de 2025 el impuesto se suprime definitivamente, la voluntad de Repsol «es llevar a cabo la inversión». Los permisos y la aportación europea para la primera construcción -la ecoplanta-, recuerdan, ya están asegurados. En todo caso destacan que para invertir es necesario «un marco regulatorio y fiscal estable y el impuesto no garantiza ese entorno».
La Cambra de Tarragona cierra filas con Repsol
A la alineación política de Junts con su reclamación, Repsol, cuyo consejero delegado, Josu Jon Imaz, lleva meses desplegando una auténtica ofensiva para recabar apoyos, suma a su vez la oposición del PNV, que no ve tampoco con buenos ojos el impuesto. La compañía insiste en que el tributo es «discriminatorio» y reprocha al Gobierno que grave a energéticas que invierten en España mientras que a «aquellos que importan y no invierten en el país no se les aplica«. En esta línea, el presidente del lobi empresarial Femcat, Oriol Guixà, ha afirmado cuando le han preguntado sobre esta cuestión ha afirmado que el impuesto no debería pagarlo «una empresa que invierta en el territorio. Y ha puesto como ejemplo a Endesa que desde que «se regaló» a la italiana Enel, redujo sus inversiones. «Si Endesa hace grandes inversiones o reinversiones no habría que cobrarle una tasa», ha añadido, a la que vez lo ha extendido también al resto de la industria.
También la Cambra de Comerç de Tarragona se ha posicionado del lado de la multinacional y pide «responsabilidad y rigor» al gobierno central en esta cuestión. La presidenta de la Cambra, Laura Roigé, alerta a este medio del «peligro» que representa el gravamen para la economía de las comarcas tarraconenses y avisa que, de hacerse permanente, «incidirá negativamente en la competitividad de las empresas del sector, con graves consecuencias para la transformación y la supervivencia del complejo industrial».
La Cambra define el complejo petroquímico como una de los sectores «más importantes» de Tarragona, que crea miles de puestos de trabajo calificados y generador de riqueza, y que las inversiones en su descarbonización son necesarias para hacer evolucionar la industria. «Damos pleno apoyo a Repsol y a la industria química, uno de nuestros motores», por eso desde el ente comercial creen que el ‘impuestazo’ es «un un tributo que ataca directamente la competitividad de nuestra industria ante la de otros países y sectores, porque solo se aplica aquí y a unas determinadas empresas», denuncia Roigé.
La presidenta de la Cambra de Comerç recuerda que «es precisamente de estos beneficios que tienen que salir los recursos necesarios para la descarbonización» y también avisa de la posibilidad de que las empresas se planteen la posibilidad de buscar otras localizaciones «con condiciones más favorables». «Esto implicaría la pérdida de centenares de millones de euros en inversiones y en puestos de trabajo», concluye Roigé. Los primeros, estos 1.100 millones que, de momento, están en el aire.
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