Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, ha insistido una vez más, en esta ocasión en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, en la necesidad de «blindar a perpetuidad la protección de las viviendas del parque público», medida que fue incluida en la ley de vivienda aprobada en 2022, pero que el Tribunal Constitucional eliminó el pasado mes de mayo tras el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Junta de Andalucía.
La titular de Vivienda y Agenda Urbana cree que hay una «gran mayoría» que apoya que la vivienda protegida deba serlo de por vida y que tras el paso de varios años no sea desclasificada y pase al mercado libre, como ha ocurrido en los últimos 30 años, motivo al que culpa de que España no disponga de un gran parque público de vivienda. Rodríguez ha reconocido que en esta materia las «comunidades autónomas tienen mucho que decir», aunque espera que el acuerdo sea unánime.
La ministra ha situado a la Operación Campamento como ejemplo para el desarrollo de vivienda pública: «Después de 30 años hemos conseguido desbloquear este desarrollo, que se convertirá en un nuevo barrio que habitarán 25.000 personas, que se construirá sobre suelo público que ha adquirido este Gobierno en el que el 100% de las viviendas tendrán la condición de asequible«. En esta línea, Rodríguez ha señalado que utilizarán todas sus herramientas, entre las que incluye a la entidad estatal de suelo Sepes, la Sareb o el ICO para «para desarrollar fórmulas dirigidas a garantizar la función social de la vivienda».
Isabel Rodríguez defiende su política
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana reconoció en el pleno del Congreso de los Diputados que muchas de las medidas que ya están en marcha «no van a dar los efectos inmediatos de manera inmediata«, aunque confía que si sean una contribución para poner fin al problema de accesibilidad a la vivienda. «Nos van a permitir antes de finalizar esta legislatura haber sentado las bases para dar respuesta estructural a este problema«, añadió.
Rodríguez defendió también su medida más reciente, el reglamento para poner coto a los alquileres de corta duración, que en los próximos días finalizará el plazo de exposición pública. Además, la ministra aseguró que ha firmado más de 500 convenios con comunidades y ayuntamientos para la construcción de 25.000 viviendas en alquiler asequible con cargo al Plan de Recuperación, y 65 convenios con entidades financieras para avalar hipotecas de jóvenes y familias con menores a su cargo, un plan dotado con 2.500 millones del ICO. A mayores, Isabel Rodríguez anticipó que el ICO está estudiando operaciones de financiación que permitirán la promoción de 20.000 nuevas casas también destinadas al arrendamiento a precios por debajo de mercado.
