La gran industria española lleva años alertando del lastre que suponen los altos precios de la energía para su actividad y de sus problemas para poder competir con sus rivales de otros países europeos. Los grandes grupos industriales con presencia en el mercado español se quejan de estar en desventaja en relación a sus competidores de Francia o Alemania, que se benefician de mayores bonificaciones en su factura eléctrica, y por eso reclaman al Gobierno más ayudas y descuentos, sobre todo en un momento en que se reclama a la industria inversiones millonarias para impulsar de manera definitiva su descarbonización.
El Ministerio de Industria, comandado por Jordi Hereu, ha activado el proceso para repartir ayudas por 300 millones de euros para compensar los costes indirectos de CO2 soportados el año pasado por unas 200 empresas con un alto consumo eléctrico. Una cifra que sube un 23% en relación al repartido en los dos últimos años, con 244 millones ambos ejercicios. Pero es apenas un tercio del montante que venía reclamando la gran industria para paliar los costes soportados el año pasado. Y ahora la gran industria quiere que esa cifra se duplique de cara a 2025.
Frente a los 300 millones que distribuirá el Gobierno, la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Electricidad (AEGE), la patronal que agrupa a una treintena de los mayores grupos industriales, reclamaba una gran ampliación presupuestaria para compensar los costes indirectos del CO2 y calculaba que el sector tenía derecho a compensaciones por un importe de cerca de 900 millones de euros este año, dada la evolución de los parámetros que se utilizan para calcular el importe máximo de las ayudas. Y según las estimaciones de la patronal, el Gobierno debería repartir en torno a 700 millones de euros a las compañías electrointensivas el año próximo, más del doble que las cifras que se maneja para este ejercicio, según confirman fuentes de la asociación a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.
Las cuentas del sector
Los grandes grupos industriales se benefician cada año de un sistema de compensación de parte de los costes de las emisiones indirectas de CO2 que asumen en sus costes energéticos, orientada a los sectores y subsectores con mayor riesgo de ‘fuga de carbono’ (esto es, riesgo de deslocalización por el coste diferencial con otros países de fuera de la Unión Europea).
La recaudación en España por las subastas de derechos de emisión de CO2 ascendió el año pasado a 3.600 millones y la Ley de Cambio Climático permite repartir un 25% de esos fondos entre la industria en riesgo de deslocalización y cubrir hasta un 75% de estos costes indirectos, por eso la gran industria reclama un aumento tan sustancial del presupuesto para este año. Por eso AEGE -que agrupa a gigantes como ArcelorMittal, Acerinox, Sidenor, Ferroatlántica o Tubos Reunidos– calcula que las compañías tenían derecho a percibir ahora cerca de 900 millones.
Los precios de los derechos de emisión de CO2 han caído durante este año y los ingresos de las subastas descenderan en torno a un 15%, según las estimaciones de la gran industria. Es por eso que la patronal calcula que para compensar los costes indirectos sufridos este año, en 2025 el Ministerio de Industria debería elevar las ayudas hasta más que duplicarlas y situarlas cerca de los 700 millones de euros. Sin embargo, desde el sector se reconoce que el actual escenario en que es factible que vuelvan a prorrogarse los presupuestos generales del Estado (PGE) por falta de apoyos parlamentarios suficientes complica aprobar una gran subida de esta partida.
Esfuerzo presupuestario en aumento
La Comisión Europea aprobó el año pasado una revisión del plan de ayudas del Gobierno español para toda una década. El anterior plan contemplaba 2.900 millones de euros para compensar parte de los costes de emisiones indirectas de CO2 entre 2021 y 2030, en el nuevo programa ahora Bruselas permitirá a España destinar un máximo de 8.510 millones entre 2022 y 2031. Con estos nuevos topes presupuestarios, y con los actuales niveles de los precios del CO2, la patronal de la gran industria electrointensiva ve justificada su reclamación de elevar la partida de ayudas.
“Sabemos que el esfuerzo [presupuestario] debe ir en aumento”, reconoció hace unas semanas la propia secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, y lo hizo precisamente en el foro anual de AEGE. El Gobierno destaca, en cualquier caso, que desde 2019 ha destinado cerca de 900 millones de euros para compensar los costes de emiisiones de CO2 a la gran industria.
Además de elevar las ayudas directas, desde AEGE se lleva tiempo reclamando una reforma integral del marco regulatorio de los electrointensivos para poder beneficiarse de más descuentos y equiparar sus condiciones a los de sus rivales de Francia o Alemania, por ejemplo, dejando de pagar el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica (IVPEE), no soportando el cargo del Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), convirtiendo en permanente la rebaja temporal del 80% de los peajes de acceso que pagan los electrointensivos en su factura eléctrica desde la crisis energética, así como aligerando otros aspectos fiscales y de los cargos por costes ligados a la política energética.
