Con la aprobación del real decreto que cambia las mayorías necesarias para el nombramiento del Consejo de Administración de RTVE, el Gobierno, o, mejor dicho, su presidente Pedro Sánchez a título personal, se ha asegurado el control total de la televisión pública española durante los siguientes seis años, en una deriva que resulta difícil no calificar ya a estas alturas de flagrantemente autocrática.
RTVE no ha tenido nunca en España una imagen de independencia total como aquella de la que goza y sigue gozando hoy en gran medida la BBC británica. Pero la necesaria búsqueda de mayorías ha obligado tradicionalmente a un proceso de negociación política que, al menos formalmente, la ha dotado de cierta legitimidad frente a los ciudadanos, sobre todo durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
Pero con el cambio aprobado hoy por el Gobierno, esa apariencia de equilibrio desaparece y el Gobierno se asegura el control absoluto de RTVE durante un plazo de tiempo que se alargará lo que resta de esta legislatura y la mayor parte de la siguiente.
Y eso aunque las mayorías parlamentarias cambien tras una hipotética victoria del PP en las urnas. Incluso tras esa victoria, y a menos que los populares cambiaran de nuevo la ley, estos se verían obligados a convivir con una RTVE fuertemente partidista.
Con este real decreto, el Congreso elegirá ahora a once miembros del Consejo de Administración de RTVE (hasta ahora eran seis), mientras que el Senado se quedará con los actuales cuatro. ¿Qué explicación existe para esa desproporción, más allá de que el PP tiene hoy mayoría absoluta en el Senado?
Este cambio permitirá no sólo que el Gobierno se asegure una amplia mayoría en el Consejo, sino dar entrada en él a todos sus socios de gobierno: PNV, Junts, ERC, Podemos, Sumar, BNG e incluso EH Bildu, que sin duda aprovechará su hipotética presencia en el Consejo para ‘supervisar’ el relato que haga la televisión pública española sobre el terrorismo de ETA.
RTVE se convierte así en una televisión de partido o, mejor dicho, ‘de bloque’. En Telefrankenstein.
El real decreto del Gobierno viola además el espíritu del Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación, cuyo objetivo es «salvaguardar la libertad, el pluralismo y la independencia de los medios de la UE». El mismo reglamento que ha justificado el plan de «regeneración democrática» del Gobierno con el que este aspira a controlar y amordazar a los medios de comunicación privados críticos.
Ese reglamento dice que «los Estados miembros se asegurarán de que los procedimientos para el nombramiento y la destitución del directivo al frente de la gestión o de los miembros del consejo de administración de los prestadores del servicio público de medios de comunicación tengan por objeto garantizar la independencia de los prestadores del servicio público de medios de comunicación«.
¿Pero qué independencia puede esperarse de un Consejo de Administración alineado tan rotundamente con la mayoría parlamentaria de gobierno?
El Gobierno lleva así hasta las últimas consecuencias su objetivo de no pactar nada con el PP y da la razón a los sectores más críticos de los populares, aquellos que defienden la tesis de que no tiene sentido hacer una oposición «con sentido de la institucionalidad» frente a quien sólo ha negociado con el PP cuando, como en el caso del CGPJ, la Constitución le obligaba imperiosamente a ello.
La respuesta del PP no puede ser de mera denuncia de la arbitrariedad del Gobierno o limitarse a afirmar que el Gobierno busca el control absoluto de RTVE, algo que es poco más que una obviedad.
EL ESPAÑOL considera la independencia de los medios públicos, y especialmente de RTVE, uno de los Rubicones de la democracia española. El PP debe por tanto boicotear en la medida que lo permita la legalidad el nombramiento de los cuatro consejeros que le corresponden al Senado.
Una RTVE de partido, financiada con los impuestos de todos los españoles, pero controlada por el Gobierno y sus socios de Sumar, Podemos, ERC y EH Bildu, que es tanto como decir convertida en una herramienta de propaganda contra la mitad de esos ciudadanos, es radicalmente incompatible con una democracia sana, y tendrá consecuencias en la posición de España en los ránkings internacionales de calidad democrática.
Ningún gobierno de una democracia liberal debería aspirar jamás a tener una «política mediática». La conversión de RTVE en Telefrankenstein nos colocará al nivel del Gobierno de Viktor Orbán y deteriorará gravemente la calidad de nuestra democracia, como afirmó The Economist hace apenas una semana, quedándose incluso corto en sus previsiones. Quizá porque su artículo crítico con Sánchez fue publicado antes de que se conociera su asalto a RTVE.
