El Gobierno británico ha puesto en marcha la segunda fase de su plan de liberación de presos para reducir la saturación en las cárceles de Inglaterra y Gales. Hasta 1.100 reclusos condenados por delitos menores han abandonado este martes los centros penitenciarios tras cumplir al menos un 40% de sus condenas, una medida aprobada por el nuevo primer ministro, Keir Starmer, tras su llegada a Downing Street. La liberación de este martes se suma a la del pasado septiembre, que afectó a otros 1.700 presos, en un plan que prevé la salida antes de tiempo de un total de 5.500 personas de las cárceles y que excluye a las condenadas por crímenes violentos, delitos sexuales o terrorismo.
La población reclusa en Inglaterra y Gales casi se ha duplicado en las últimas tres décadas, alcanzando una cifra cercana a las 87.000 personas. El Gobierno laborista atribuye esta situación límite a la mala gestión del anterior Gobierno conservador, al que ha acusado de evitar tomar decisiones polémicas a pocos meses de las elecciones generales, celebradas el pasado julio. Además de la reducción del tiempo mínimo de condena que los presos deben cumplir antes de obtener la libertad condicional, que pasó del 50% al 40% el pasado julio, el Ejecutivo ha planteado un plan para resolver el problema a largo plazo que incluye la creación de 14.000 nuevas plazas en las cárceles y la imposición de arrestos domiciliarios.
Revisión de condenas
La ministra de Justicia, Shabana Mahmood, ha ordenado la puesta en marcha de una evaluación para revisar las condenas a partir del próximo año y para implementar el uso de nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial, con el objetivo de mejorar la eficiencia de los centros penitenciarios. Sobre la mesa está la posibilidad de dar poderes a los jueces para ordenar arrestos domiciliarios, el uso de nuevos dispositivos electrónicos y la reducción de condenas por buena conducta. «Estoy segura de que la evaluación examinará todos los mecanismos existentes para controlar a los delincuentes en las comunidades, supervisarlos eficazmente y, además, orientar su comportamiento hacia una rehabilitación que sabemos que reduce la reincidencia”, ha asegurado Mahmood.
El Gobierno británico se está fijando en medidas que ya se están implementando en Estados Unidos, entre ellas el uso de «medidores de sobriedad», que permiten monitorizar el consumo de alcohol de los reclusos. También se está estudiando el uso de relojes inteligentes que recuerden a los presos las citas con los agentes de la condicional o con profesionales médicos, algo que podría facilitar su rehabilitación y evitar su reingreso en prisión. Mahmood ha recalcado, sin embargo, que el objetivo es que los reclusos cumplan su pena aunque sea fuera de la cárcel. «Estoy interesada en evaluar el castigo fuera de una prisión. Tiene que ser un castigo, [los reclusos] tienen que tener su libertad restringida, la gente tiene que saber que hay consecuencias por infringir nuestras leyes», ha añadido.
Fallos organizativos
La delicada situación en los centros penitenciarios ha obligado al Gobierno a tomar medidas de emergencia, algo que ha desencadenado en errores logísticos y fallos organizativos. Algunas personas que no deberían haber sido puestas en libertad fueron liberadas, entre ellas 37 reclusos cuyas condenas no habían sido registradas correctamente. El sindicato Napo, que representa a los agentes de la libertad condicional, asegura que un «número significativo» de las 1.700 personas liberadas el pasado septiembre han vuelto a ingresar en prisión. También se han detectado errores en el uso de brazaletes electrónicos, según la BBC, que han llevado a que algunos presos abandonen la cárcel sin este mecanismo de control. El Gobierno británico reconoce que estas medidas de emergencia no son ideales, pero confía en que la implementación del plan a largo plazo sirva para resolver un problema que por ahora está lejos de ver el final.
