La Ley Orgánica sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, una transposición de una directiva europea que quedará marcada como la norma que beneficia a los presos etarras, se publicó el pasado sábado en el Boletín Oficial del Estado. Sin embargo, sigue siendo objeto de un choque institucional entre el Congreso y el Senado. Este martes, la Mesa de la Cámara Baja, en base a un nuevo informe de los letrados, ha rechazo la petición del presidente del Senado, Pedro Rollán (PP), de que se vote la ley en el Congreso una última vez tras el rechazo del Senado.
«El Congreso de los Diputados ha cumplido con sus obligaciones constitucionales y reglamentarias«, sentencia el informe de los letrados de la Cámara Baja que propone rechazar la solicitud de Rollán. El texto, de cinco páginas de extensión, asegura que la votación de la ley en el Senado que derivó en el supuesto veto «se habría adoptado fuera de plazo«. Además, independientemente del calendario, señalan que «lo que se sometía a votación no era una propuesta de veto, sino, por conocimiento directo, el Proyecto de Ley Orgánica» y que, por tanto, «el resultado de la votación solo podía ser uno: la aprobación definitiva por las Cortes Generales».
El informe incide en que no se presentó ninguna propuesta de veto, como marca la Constitución. El PP, que no registró iniciativas de esta naturaleza al considerar en un inicio que la norma era correcta, admitió al principio que no tenía margen de actuación alguno para tumbar la ley. Sin embargo, Rollán esgrimió después un informe de los juristas del Senado para considerar un rechazo negativo de la mayoría de la Cámara como un veto. Con la respuesta de este martes, la Mesa del Congreso da por finalizado este asunto.
