- Protocolos de seguridad de la información
- No se puso en riesgo la seguridad del Ejército
- Transparencia y ayuda a las empresas
- Se tomaron medidas de urgencia
- Porcentaje de pedidos estimados por provincias
No se puso en peligro la seguridad del Ejército de Tierra, pero se han tomado medidas en el ámbito de la seguridad de la información.
Son dos de los puntos más destacados de la respuesta que el Gobierno de España ha dado a los parlamentarios del Partido Popular que pidieron explicaciones en el Congreso de los Diputados a la polémica por la difusión, en documentos de una licitación pública para comprar uniformes, de cifras de efectivos por cada unidad del Ejército de Tierra, detalladas por debajo del nivel de regimiento, por batallones, grupos, cuarteles generales…
Confidencial Digital contó el revuelo que habían provocado en ciertos ámbitos varios anexos colgados en la plataforma de Contratación del Estado, en una licitación de la Junta de Contratación del Ejército de Tierra consistente en “Acuerdo Marco de adquisición de prendas de uniformidad, coordinación, almacenamiento, preparación, distribución y logística inversa de las peticiones de los suministros”.
Para informar a las empresas interesadas en ese contrato, dio detalles de las previsiones de cuántas prendas de la uniformidad tendrían que entregar en cada unidad del Ejército de Tierra.
Pero el anexo revelaba con un alto nivel de detalle la dimensión no de las brigadas, ni de los regimientos, sino de unidades de entidad menor a ese nivel.
Los mensajes de estupor y alarma en redes sociales, y algunos avisos tramitados por otros canales, provocaron que se retirara el anexo de esa licitación de Contratación del Estado, como se contó en estas páginas.
El diario The Objective reveló entonces que aún quedaba otro anexo con cifras que también podían ser comprometidas: eran porcentajes sobre el total del personal del Ejército de Tierra. También ese documento fue retirado para que ya no se pudiera consultar.
Protocolos de seguridad de la información
El Gobierno de España firmó el 11 de octubre la respuesta a la pregunta parlamentaria del Grupo Popular que sobre este asunto registraron Rafael Hernando, portavoz adjunto del Grupo Popular, y tres diputados adscritos a la Comisión de Defensa: Carlos Rojas (que es el portavoz popular en la comisión), Agustín Conde (ex secretario de Estado de Defensa) y Pablo Pérez Coronado.
En el último párrafo de la respuesta parlamentaria (se puede consultar íntegra pinchando aquí), el Ejecutivo de Pedro Sánchez -cabe entender que la respuesta la redactó el Ministerio de Defensa- afirma que “la publicación de la Orden DEF/807/2024, de 22 de julio, por la que se aprueba la política de seguridad de la información del Ministerio de Defensa, garantiza el compromiso de la organización y la confianza por mantener actualizada la normativa que regula su gestión”.
A continuación revela que “para evitar controversias como las aparecidas en los medios de comunicación, por parte del Ejército de Tierra se han cursado los protocolos de actuación en materia de seguridad de la información”. No da más detalles sobre esos protocolos, ni los cambios que pueden haber supuesto en la tramitación de licitaciones públicas, o en otros ámbitos en los que se maneje información interna sobre el propio Ejército.
No se puso en riesgo la seguridad del Ejército
Termina el Gobierno con una afirmación que trata de rebajar la alerta: “No se considera que se haya puesto en riesgo la capacidad operativa y la seguridad del Ejército de Tierra”.
En otro punto de la respuesta, asegura que “en el mencionado contrato, solo se presenta un número general del máximo de entregas, sin que el mismo responda al detalle de plantillas, grados de cobertura, tipos de empleos militares, escalas o especialidades”.
El ‘Anexo IV Unidad de entrega ET’ incluía 20 páginas de una tabla con cinco columnas. En la primera se indicaba la denominación de la unidad, en la segunda y la tercera se ubicaba la unidad por población y provincia, y en la tercera se reflejaba el “Personal”: así estaba encabezada la columna, no con “máximo de entregas”.
Se entendió que se recogía el personal de cada unidad, para que las empresas tuvieran una idea de dónde podrían tener que entregar más prendas, y que pudieran prever las cifras de uniformes que harían falta en cada cuartel.
El Gobierno habla de “un número general del máximo de entregas”, pero las cifras eran muy precisas. Por ejemplo, en unas agregadurías de Defensa en el exterior se indicaba 1, en otras 2, en otras 4…
En grandes unidades, como regimientos de infantería y caballería, en grupos de artillería, unidades logísticas y de ingenieros, no se daban cifras aproximadas, ni redondeadas: un determinado regimiento tenía marcado 1.034 en la columna de “Personal”, y en otro se indicaba “591”, por poner dos ejemplos.
Además, ni siquiera se agrupaba todo el personal de un mismo cuartel, sino que por ejemplo de desagregaba datos entre distintas unidades del Ejército de Tierra situadas en la base ‘Álvarez de Sotomayor’, donde se ubica la Brigada ‘Rey Alfonso XIII’ IIª de la Legión.
Transparencia y ayuda a las empresas
El Gobierno justificó el detalle de las cifras recogidas en esos anexos -que, hay que insistir, fueron retirados de la plataforma de Contratación del Estado- en la necesidad de poner a disposición de las empresas la información necesaria para conocer el servicio que deben prestar.
“La publicación en la Plataforma de Contratos del Sector Público (PLCSP) tiene como objetivo proporcionar a los licitadores toda la información que pueda ser relevante para la ejecución del servicio o suministros que se les solicitarán en el futuro contrato”, comienza la respuesta a las preguntas de diputados del PP.
Añadió que “el principio de transparencia en la contratación pública se fundamenta en la necesidad de garantizar un proceso abierto, accesible y responsable, donde la información se encuentra disponible para los ciudadanos y otras partes interesadas. Este principio se aplica con el objetivo de fomentar la confianza en las instituciones, prevenir la corrupción y asegurar que los recursos públicos se gestionen de manera eficiente”.
Junto a la transparencia para prevenir la corrupción, alegó el argumento de la información que precisan las empresas, en el caso cuestionado, las interesadas en suministrar prendas de los uniformes al Ejército de Tierra, o más bien quien asumiría el papel de integrador u operador logístico para enviar los artículos necesarios allí donde se necesiten.
“La contratación pública demanda un nivel de detalle que resulta esencial para que las empresas que participan en la licitación puedan presentar ofertas que se alineen con las circunstancias y necesidades específicas del organismo contratante”, un enfoque que “no solo favorece al ente que realiza la contratación, sino también a la empresa que finalmente recibe la adjudicación”.
Subrayó el Gobierno que “a mayor precisión en la información proporcionada, más ajustada y competitiva será la oferta de licitación”, y por eso “la información que se brinda se convierte en un elemento fundamental, indispensable para calcular adecuadamente la propuesta”, algo que “garantiza no solo la viabilidad de las ofertas, sino también la efectiva provisión de productos y servicios a las Fuerzas Armadas”.
En defensa de esta forma de proceder, el Gobierno esgrimió otro argumento: “La distribución geográfica y los posibles pedidos a servir son datos necesarios para que las empresas licitadoras puedan estimar sus costos, tal como se menciona en el informe elaborado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para este propósito”.
Efectivamente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia elaboró un informe muy extenso sobre el macrocontrato de suministro de uniformes que tramita el Ejército de Tierra, y planteó una serie de advertencias y recomendaciones que, por ejemplo, forzó al Ejército a dividir el contrato en lotes, pese a que su primera intención era lanzarlo todo en un lote único.
Se tomaron medidas de urgencia
La lectura de la respuesta parlamentaria puede llevar a la conclusión de que el Ministerio de Defensa desinfla por completo la alarma que se suscitó en torno a la licitación para suministrar uniformes a las Fuerzas Armadas a través del Ejército de Tierra.
Es la impresión que parece dar, al cerrar la respuesta señalando que no se puso en riesgo la capacidad operativa y la seguridad del Ejército de Tierra, y que las cifras dadas no eran datos concretos de plantillas, grados de cobertura, tipos de empleos militares, escalas o especialidades, sino “un número general del máximo de entregas”.
Pero, pese a esos argumentos tranquilizadores, lo cierto es que “por parte del Ejército de Tierra se han cursado los protocolos de actuación en materia de seguridad de la información”; es decir, que se han tomado medidas, si bien parece que el objetivo es “evitar controversias como las aparecidas en los medios de comunicación”.
Sin embargo, nada dice el Gobierno sobre las actuaciones que llevó a cabo cuando surgió la polémica. En primer lugar, retiró el ‘Anexo IV Unidad de entrega ET’, aunque ahora afirme que no revelaba “detalle de plantillas, grados de cobertura, tipos de empleos militares, escalas o especialidades”, y que “no se considera que se haya puesto en riesgo la capacidad operativa y la seguridad del Ejército de Tierra”.
Cuando The Objective reveló que otro anexo igualmente podía dar pistas sobre las dimensiones de cada unidad, ese anexo también fue retirado.
El mismo diario publicó que el Estado Mayor del Ejército puso en marcha una investigación interna por este asunto, y que el teniente coronel del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra que gestionaba la licitación del macrocontrato de suministro de uniformes fue apartado de esas funciones.
Porcentaje de pedidos estimados por provincias
ECD reveló el 9 de octubre, un mes después de estallar la polémica, que la Junta de Contratación del Ejército de Tierra había subido a la licitación en la plataforma de Contratación del Estado otro documento, en el que se había optado por una solución para orientar a las empresas sobre dónde tendrían que suministrar más uniformes, en el caso de que sea elegidas para este contrato.
La solución consistió en una nueva tabla. En este caso, no detallaba las unidades del Ejército de Tierra, incluso de la Armada y del Ejército del Aire, así como de la estructura conjunta, como sucedía en anteriores anexos eliminados.
En su lugar, las agrupaba por provincias o ciudades autónomas. Y para cada una de ellas indicaba un porcentaje de “pedidos estimados”. De esta forma, sólo se revelaban datos globales de cómo están distribuidos territorialmente los efectivos del Ejército de Tierra, pero agrupados de forma global, sin detallar por unidades.
Esta tabla sustituta podría ser consecuencia de esos “protocolos de actuación en materia de seguridad de la información” que se han cursado en el Ejército de Tierra a raíz de esta polémica.
A eso se añade que en alguna otra licitación posterior en vez de colgar pliegos con detalles, se ofrecen documentos en los que se indican contactos con el órgano de contratación para pedir más información.
Además, buenos conocedores de las licitaciones públicas del Ministerio de Defensa alertaron de que se habían retirado numerosos documentos de licitaciones relacionadas con las Fuerzas Armadas.
