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La esperada reunión entre Pedro Sánchez y el presidente de la Junta de Castila y León, Fernández Mañueco, llegará el próximo 22 de noviembre. Habrá que esperar unmes para que se vean las caras en el Palacio de la Moncloa a las 12.00 horas.

Será el día en que cerrará la ronda de reuniones con los presidentes de las comunidades autónomas, ya que va según el orden de estatuto autonómico y Castilla y León es la última.

Un momento muy esperado por Mañueco que lleva tiempo reclamando esta reunión, aunque en este caso será para hablar de la reforma de la financiación autonómica.

Desde la Junta, según han confirmado a este medio, se apuesta por un nuevo sistema que se negocie en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el marco multilateral, desde la igualdad, solidaridad y equidad.

Es por ello que rechaza de plano una financiación singular para Cataluña, que también se ha desestimado en las Cortes de Castilla y León, a propuesta del PP.

Fernández Mañueco será el segundo presidente en entrar el viernes, 22 de noviembre, en el despacho de Pedro Sánchez, justo después del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, citado a las 10:00 horas.

En el día en que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado la reunión con Pedro Sánchez, Moncloa dio a conocer el calendario de encuentros pendientes del titular del Ejecutivo central.

Con los presidentes autonómicos, que sigue el viernes, 25 de octubre, con la presidenta del Govern balear, Margalida Prohens, y la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola.

Fernández Mañueco ha recogido propuestas de los grupos parlamentarios, sindicatos, opas, universidades y colectivos del tercer sector para trasladar al presidente del Gobierno, en una serie de encuentros celebrados en las últimas semanas.

Por ejemplo, el presidente de la Junta de Castilla y León planteará en su reunión bilateral con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que España cuente con una Política Agraria Común «que defienda al agricultor familiar profesional».

Además, exigirá una mayor gestión del agua para el regadío de Castilla y León.

Antes, reunión con el Ministerio

Además, el ministro de Política Territorial ha convocado en el Ministerio para el próximo lunes la reunión del Comité preparatorio, donde se espera que, por fin, pueda fijarse el orden del día.

Para la celebración de esta necesaria reunión, que tantos meses lleva reclamando la Junta de Castilla y León junto a la mayor parte de los Gobiernos autonómicos.

En este Comité preparatorio, la Junta de Castilla y León, representada por el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, lo primero que reclamará al ministro Ángel Víctor Torres es la fijación de la fecha concreta en la que se celebrará la Conferencia de Presidentes.

Además, expondrá una propuesta de orden del día acorde a las preocupaciones expresadas por los castellanos y leoneses durante los últimos meses, y de las que ha tomado buena nota de este Gobierno autonómico.

En dicha propuesta, se recogen los temas de debate que el presidente Alfonso Fernández Mañueco ya ha adelantado en numerosas ocasiones: el sistema de financiación autonómica, el control de la inmigración ilegal, y el déficit de profesionales sanitarios, a lo que se suma ahora también el problema del acceso a la vivienda y la mejora de la seguridad jurídica de propietarios e inquilinos.

La preocupación por estos asuntos no es exclusiva de la Comunidad de Castilla y León, sino que se extiende a todo el ámbito nacional, por lo que se considera que pueden ser admitidos como temas de especial interés por el Estado y por el resto de autonomías.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha señalado que “todos los temas que la Junta de Castilla y León propondrá para ser tratados en la Conferencia de Presidentes son asuntos de importancia nacional, grandes directrices de las políticas públicas que deben ser analizadas de forma conjunta, tendiendo puentes de colaboración institucional que permitan encontrar soluciones reales».

«Esto es lo que, con todo su derecho, exigen los ciudadanos a la clase política; desde el Gobierno autonómico estaremos a la altura de esta responsabilidad y solicitamos al Gobierno de España que actúe de la misma manera”.

 

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