Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Pensilvania, investigador del Instituto de Análisis Económico del CSIC y director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente es referencia obligada cuando se habla de haciendas autonómicas en España. Ha vivido 22 años en Cataluña y en 2014 se trasladó a Madrid. Crítico con el procés, siempre ha cuestionado los cálculos del «déficit fiscal» catalán que esgrimen los partidos independentistas y advierte que Cataluña está en la media de la financiación que reciben las comunidades del régimen común.
En los últimos meses, De la Fuente ha sido una de las voces que ha cuestionado, desde la academia, el pacto de financiación alcanzado por ERC y el Gobierno para Cataluña. Un modelo que, de generalizarse, como promete el Gobierno al resto de las comunidades del régimen común, pondría en cuestión la financiación del Estado.
Pregunta.- La Generalitat de Cataluña y la de Valencia comparten una reivindicación: el actual sistema provoca la infrafinanciación de algunas comunidades, muy especialmente las del arco mediterráneo, al que se suman Baleares o Murcia. ¿Comparte ese análisis?
Respuesta.- Sólo en parte. Según nuestras estimaciones, Murcia y la Comunidad Valenciana son ahora mismo las dos comunidades con menor financiación por habitante ajustado, pero Cataluña está en la media y Baleares entre las mejor financiadas dentro del régimen común.
P.- ¿Es partidario de que el Gobierno dé a conocer periódicamente las balanzas fiscales?
R.- Sí, pero también los datos subyacentes para que podamos comprobar los cálculos.
P.- ¿Los problemas del actual modelo son intrínsecos al sistema de financiación diseñado en 2009 o derivan del hecho de que se trate de un modelo caducado?
R.- Son intrínsecos al sistema actual.
P.- Uno de los elementos de los que parte la propuesta inicial de Esquerra es que el Estado retiene más recursos de los que le corresponden, teniendo en cuenta que son las comunidades autónomas las que asumen los servicios más caros -Sanidad y Educación- y reclama revisar el «reparto vertical», entre Estado y autonomías, más que el «reparto horizontal», entre comunidades. ¿Comparte ese análisis?
R.- No. El Estado también tiene competencias importantes y caras, como complementar el gasto en pensiones, o las prestaciones no contributivas. No está claro que haya un desequilibrio en su favor. Lo que hay que hacer, en mi opinión, es darles a todas las administraciones herramientas tributarias suficientes para que puedan obtener los recursos que necesiten para financiar sus servicios, pero dando la cara ante sus ciudadanos, no pidiendo que el Estado se los regale, porque entonces siempre querrán más.
Lo que hay que hacer es dar a todas las administraciones herramientas tributarias suficientes, no pidiendo que el Estado les regale los recursos, porque entonces siempre querrán más
P.- El acuerdo alcanzado entre socialistas y ERC propone un nuevo modelo de financiación por el que la Generalitat «recaude, gestione y liquide» todos los impuestos soportados en Cataluña. El Gobierno asegura que todo lo que se pacte con Cataluña será trasladable a cualquier otra comunidad que lo reclame ¿Cree que sería viable implementar ese modelo en todas las comunidades del régimen común?
R.- Viable quizás, en el sentido de que el país no se hundiría en el mar, pero sería muy mala idea. Se perdería eficiencia y eficacia en la recaudación y podríamos dejar al Estado sin recursos tributarios propios y por tanto sin autonomía, cosa que también él necesita. Entraríamos en una deriva confederal que podría dejarnos con un estado disfuncional y seguramente mucho más desigual que el que ahora tenemos.
P.- PSC y ERC insisten en que, a diferencia de lo que sucede con las comunidades forales, en este acuerdo se fijan dos transferencias al Estado, una en pago a los servicios prestados por el Estado en Cataluña, y una segunda en concepto de solidaridad interterritorial. ¿Permitiría esa cuota evitar el quebranto del sistema de financiación que denuncian sus opositores?
R.- Las transferencias de las comunidades forales deberían incorporar también un componente de solidaridad, porque la nivelación interterritorial es una competencia del Estado no transferida a las administraciones forales, pero en la práctica esa aportación es muy pequeña. Sospecho que lo mismo pasaría, al menos a medio y largo plazo, con la cuota de solidaridad catalana. El que negocia con el dinero en la mano y sin especial cariño al conjunto del Estado tiende a aportar lo menos posible.
El que negocia con el dinero en la mano y sin especial cariño al conjunto del Estado tiende a aportar lo menos posible
P.- Los partidos catalanes reclaman que esa solidaridad esté limitada por el principio de ordinalidad. Es decir, que, una vez repartidos los recursos destinados al reequilibrio territorial, el volumen de recursos per cápita de las comunidades más ricas no puede quedar por debajo del de las más pobres. ¿Esta condición tiene equivalencia en otros sistemas federales como el alemán?
R.- Si se explica bien, el respeto a la ordinalidad es una restricción muy razonable. Un sistema sensato de nivelación la cumplirá de forma natural sin necesidad de hacer esfuerzos especiales. Así sucede, por ejemplo, en Canadá. En España se incumple porque el sistema contiene cosas muy raras, en la forma de una serie de fondos que son básicamente una lotería. En Alemania se incumple ‘un poco’ pero porque se incluyen en el sistema de financiación ayudas al desarrollo regional que aquí irían por otra vía, fuera del sistema.
El principal peligro sería que se ceda capacidad normativa en Sociedades y que eso genere una guerra de rebajas para atraer a empresas a cada territorio
P.- El acuerdo incluye además cierto margen de capacidad legislativa para la Generalitat en materia fiscal, en línea con lo que ya sucede en los impuestos cedidos. ¿Se rompe así la igualdad de mercado, como de hecho denuncian desde el PSOE respecto a Madrid?
R.- Ese margen ya existe, como dices, y no tiene por qué romper la unidad de mercado. El principal peligro sería que se ceda capacidad normativa en Sociedades y que eso genere una guerra de rebajas para atraer a empresas a cada territorio que podría llegar a ser un problema serio.
