Construcción en Xuxán de viviendas de promoción pública. / LOC
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció hace solo unos días una partida de 200 millones de euros destinada a bonos de alquiler para jóvenes, así como el impulso de un nuevo reglamento para evitar los fraudes en contratos de alojamientos turísticos y de temporada. Esa fue la respuesta que desde el Ejecutivo se dio a las multitudinarias manifestaciones que se realizaron en ciudades de todo el país reclamando el derecho a una vivienda digna.
El detonante de esas protestas es el aumento del 8% de media que se prevé para los precios de alquiler en 2024, a lo que hay que sumar el 10% que ya subieron en 2023. Además, la oferta de viviendas en alquiler está en su punto más bajo en décadas. Se estima que España necesitará más de un millón de viviendas de alquiler social para 2030 si quiere equipararse con la media europea, una meta que parece cada vez más lejana.
Esta situación generalizada en España también se vive en A Coruña, donde el precio del alquiler se ha disparado en los últimos meses, provocando que solo en el distrito que incluye los barrios de Novo Mesoiro y Feáns sea posible arrendar un piso por menos de 600 euros. Para los responsables de varias inmobiliarias de la ciudad, esto es así porque en esa zona existen viviendas de protección oficial que es necesario alquilar a un precio máximo que es fijado por la Xunta.
El pasado martes, tanto el Ayuntamiento coruñés como la Xunta iniciaron el trámite de licitación para la construcción de dos edificios destinados a alquiler social en el barrio de Xuxán. Serán 14 viviendas promocionadas por el Gobierno autonómico y 50 por el local. Es evidente que estamos ante cifras todavía muy bajas como para que estas actuaciones puedan repercutir en el precio que tienen que pagar los ciudadanos a la hora de arrendar una vivienda, para lo que sería necesario que las iniciativas fueran muchas más.
Por ello, hasta que la promoción pública se convierta en algo habitual en nuestras ciudades, es preciso articular otras medidas que sirvan para aligerar la carga económica que supone acceder a un lugar en el que vivir. A Coruña, según anunció la alcaldesa, Inés Rey, comenzó ya los trámites para que la Xunta declare la ciudad como zona tensionada. Se requiere el sí de la Xunta, que en el pasado ya cerró la puerta a esta medida que limitaría los precios del alquiler en determinados barrios de la ciudad. Según los cálculos del propio Concello, el ahorro podría llegar a los 400 euros mensuales para los inquilinos y también se beneficiaría a los propietarios, que podrían desgravar hasta el 90% de la renta que obtienen de esos pisos. Si a esto le sumamos el control a las viviendas turísticas, es posible que se estén dando pasos que nos lleven a paliar en parte este grave problema.
