Un alto funcionario del Ministerio de Industria advirtió en noviembre de 2021 al empresario Claudio Rivas Ruiz-Capillas, socio de Víctor de Aldama en el fraude en el negocio de los hidrocarburos, -por el que ambos permanecen en prisión preventiva- de que si quería obtener una licencia para convertirse en operador de productos petrolíferos al por mayor en España, el que fuera asesor en el Ministerio de Transportes Koldo García Izaguirre «debía quitarse del medio en el Ministerio«. Así consta en un mensaje incluido en el informe que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han enviado al juez del caso Koldo, Ismael Moreno, en el que pide que se investigue al exministro José Luis Ábalos.
«Es muy importante que el Grandullón se quite del medio en el Ministerio. Palabras textuales del Jefe de Servicios de Industria, o sea el puto jefe. Qué ya no intervenga ni moleste más ese señor es lo que dice, y me ahorro los calificativos.Vamos que con respecto a Villafuel, por favor, que lo deje ya estar que no haga nada. Si no, ni de coña sale el título; hemos marcado un protocolo nuevo con él directamente para solucionar todas las dudas que ha creado el ‘Grandullón’ dentro del Ministerio», dice de forma literal el mensaje, fechado el 30 de noviembre de 2021.
En esa fecha ya habían pasado cinco meses desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había renovado su Gobierno para prescindir de José Luis Ábalos. Sin embargo, este permaneció en todo momento como diputado en el Congreso hasta su expulsión del PSOE en febrero de 2024. De hecho, en las elecciones de julio de 2023 Ábalos volvió a ser candidato del PSOE por Valencia, consiguiendo finalmente su escaño.
«Grandullón»
«Se observa en el mensaje que Claudio Rivas Ruiz-Capillas sentía que la labor de Koldo García Izaguirre, ‘Grandullón’, en ese momento estaba interfiriendo negativamente en las gestiones para obtener la condición de operador para Villafuel«, dice de forma literal el informe de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso esta redacción.
Sin embargo, en el relato de los agentes de la UCO se evidencia un cambio abrupto de opinión en el seno del Ministerio de Industria, cuya titular en esas fechas era la exministra Reyes Maroto, en relación a la posibilidad de otorgar una licencia para la empresa Villafuel, cuya petición fue finalmente denegada. En este sentido, un mensaje de 9 de diciembre de 2021 evidencia que los integrantes de la trama no esperaban una decisión contraria a sus intereses, pues de forma literal Claudio Rivas Ruiz-Capillas dice: «¿Pero no habían dicho que todo estaba perfecto a tu propia gente de la consultoría?».
Víctor de Aldama / Isaac Buj – Europa Press – Archivo
El expediente señalado había comenzado casi un año antes, en diciembre de 2020, en el Ministerio de Industria, según explica el informe de la UCO, que para llegar a esta conclusión ha analizado los mensajes que se intercambiaron los integrantes de la trama corrupta. Así, de su contenido se desprende que directivos de la empresa Villafuel recurrieron al comisionista Víctor de Aldama para que «intermediaria para poder mantener un encuentro con el Ministerio encargado de otorgar el título de operador» en el mercado petrolífero en España.
Director de Gabinete
«Entre los días 24 y 28 de diciembre de 2020 se gestó una entrevista ante el Director de Gabinete del Ministerio de Industria a la que acudirían Claudio Rivas Ruiz-Capillas, Carmen Pano y tres personas más. Esta entrevista, que finalmente tendría lugar el 14 de enero de 2021, fue promovida y orquestada por Aldama, quien les puso en manos de Koldo García Izaguirre para que fueran recibidos por el referido Director de Gabinete», Juan Ignacio Díaz Bidart.
La Guardia Civil explica en su informe que la empresa Have Got Time SL, que compró el chalé en la provincia de Cádiz que acabó disfrutando el exministro José Luis Ábalos, estaba a nombre de Leonor María González Pano, que a su vez era hija de Carmen Pano, una de las personas que «fue introducida por Aldama, a través de Koldo, al director del Gabinete de la ministra de Industria para poder obtener la condición de operadora para Villafuel«. Sin embargo, quien controlaba en realidad la firma que pagó la vivienda para Ábalos era el empresario Claudio Rivas Ruiz-Capillas.
Salida del Ministerio
Los agentes finalmente concluyen la existencia de «una relación causa-efecto» entre la negativa por parte de Industria, y el desalojo de Ábalos del chalé. Los guardias de la UCO consideran que la obtención de la licencia a la empresa Villafuel «quedó comprometida con la salida en el mes de julio de Koldo-Ábalos del Ministerio de Transportes«.
La empresa Villafuel está implicada en una supuesta organización criminal dedicada al fraude en el IVA de los hidrocarburos, que según las pesquisas desarrolladas por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, habría defraudado a Hacienda en dos años un total de 182 millones de euros. La UCO destaca que la obtención de un título de operador es necesario para llevar a cabo el fraude; y que para ello se necesita una autorización del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).
