Las prisas no son buenas consejeras y menos cuando se trata de estabilizar el puesto de trabajo de más de 20.000 empleados públicos de la Administración autonómica. A poco más de dos meses para que acabe el año el Gobierno regional se encuentra enfrascado en culminar los procesos de estabilización de sus empleados interinos para cumplir el plazo fijado por la ley estatal 20/2021, que establece la finalización de los procesos selectivos el 31 de diciembre con el fin de cumplir con la exigencia de la Comisión Europea para que España reduzca la temporalidad en el empleo público hasta el 8%.
La Dirección General de Función Pública se ha visto obligada a adoptar la decisión de declarar la tramitación de urgencia de los procedimientos vinculados a la estabilización, con el fin de reducir los plazos a la mitad y así poder cerrarlos antes del 31 de diciembre. El Ejecutivo apura los plazos y existe un especial empeño por parte de Función Pública de estabilizar a los 3.500 empleados interinos y temporales de la Administración General de la Comunidad Autónoma en tiempo y forma.
La resolución de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, publicada en el BOC el pasado 10 de octubre, reconoce los problemas existentes para cumplir con los plazos legales. De hecho, advierte que la primera mitad del plazo desde que entró en vigor la ley en diciembre de 2021 se fue en la negociación y aprobación de las bases de los procesos, la publicación de las convocatorias en el BOC y el establecimiento de los plazos para la presentación de las solicitudes. La segunda mitad del plazo está destinado a la instrucción y resolución de los procedimientos, pero el departamento avisa: hay una «seria limitación en el elemento temporal para su cumplimiento».
Por ello Función Pública ha reforzado el departamento con más personal para acelerar los trámites, pero ahora también agiliza los plazos porque el objetivo de este centro directivo es «culminar la totalidad de los procesos de estabilización dentro del plazo establecido por el legislador estatal». Con apenas dos meses hábiles, debido a que en diciembre hay varios festivos y comienzan las fiestas navideñas, se ha adoptado la medida de reducir los tiempos vinculados a estos procesos a la mitad porque sin dicha reducción «no podría garantizarse el cumplimiento del plazo legal máximo de resolución», recoge la publicación oficial, que establece la tramitación de urgencia con reducción de 20 días a 10, de 10 a 5, de 5 a 3 y de un mes a 15 días.
Más flexibilidad
Esta urgencia se refiere al ámbito de la Administración General pero en peor situación se encuentran Sanidad y Educación, áreas donde trabajan la mayoría de los empleados públicos pendientes de estabilizar. La situación más complicada es la de Educación, donde hay más de 5.000 plazas a estabilizar, y todo apunta a que el proceso se alargará más allá del 31 de diciembre de 2024. En el Servicio Canario de Salud (SCS) la situación es más confusa, se trabaja intensamente para acelerar y cerrar todos los procesos y tampoco está claro que se culmine el 100% de los mismos en el plazo legal establecido, con 12.000 plazas pendientes de consolidar.
La situación es compleja y no solo Canarias se encuentra en la tesitura de no poder terminar los procesos antes de la fecha legal. Ya hay comunidades autónomas que se están moviendo en este sentido, una de ellas es Navarra, cuyo gobierno autonómico ha solicitado una prórroga de al menos seis meses al plazo de ejecución de los procesos extraordinarios de estabilización de empleo público, que por ley está previsto para el 31 de diciembre de este año. Fuentes del Gobierno canario y de las centrales sindicales creen que al final existirá cierta «flexibilidad» y el Gobierno central dará cierto margen de maniobra para acabar los procesos en los primeros meses de 2025.
Lo que sí existe entre los interinos afectados es incertidumbre y desasosiego por la falta de información sobre cómo están los procesos y la situación de cada trabajador. Después de casi tres años desde que se inició la cuenta atrás para desarrollar y terminar los procesos de estabilización, los afectados consideran «vergonzoso» que estén en ascuas y con menos de dos meses efectivos para conocer su futuro laboral.
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