La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia acordó este viernes llevar para su aprobación al próximo Pleno las Ordenanzas Fiscales para el 2025, en las que se «confirma la bajada de impuestos para 2024» ante el «basurazo» de Pedro Sánchez que «obliga a repercutir a las ciudadanos 47,6 millones de euros».

El Ayuntamiento de Valencia se refiere así a la nueva tasa por la prestación del servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos que entrará en vigor.

Según la concejal de Hacienda y Presupuestos del PP, María José Ferrer San Segundo, «se trata de una tasa que los Ayuntamientos rechazamos, pero nos obliga a aprobar Pedro Sánchez para consumar el basurazo de su ley de residuos».

Hasta el momento, explicó la edil, el Ayuntamiento asumía el coste de la recogida de basura.

Sin embargo, esta medida no se podrá mantener «porque el artículo 11 de la Ley estatal 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, exige a los Ayuntamientos aprobar, para 2025, una tasa específica, diferenciada y no deficitaria, que tienda a sistemas de pago por generación y que refleje el coste del servicio de recogida y transporte de las basuras».

La dirigente del PP mostró el rechazo del gobierno municipal que lidera la alcaldesa María José Catalá a esta «imposición» y afirmó que «la configuración como no deficitaria de la nueva tasa ata de pies y manos a los Ayuntamientos«.

«Nos obliga a repercutir a los ciudadanos 47,6 millones de euros del coste de la recogida y transporte de residuos; e impone en contra de nuestra voluntad el basurazo de Pedro Sánchez», indicó.

En este sentido, la titular del área de Hacienda puso como ejemplo que «a partir de 2025, no podríamos, como hicimos hace un año, asumir con cargo al presupuesto municipal los 6 millones de euros que correspondían a Valencia de aportación a la EMTRE para que se repercutiera ese importe en los vecinos».

«Hoy, por imposición legal y en contra de nuestro deseo, tendríamos que repercutirlo al ciudadano con un incremento de la tasa», manifestó.

La concejal declaró que «es la primera vez en la historia del municipalismo español que desde el Gobierno de España nos obliga a todos los Ayuntamientos a imponer una nueva tasa».

La configuración legal de la nueva tasa como «no deficitaria» también supone restringir la concesión e importe de las reducciones y bonificaciones que los Ayuntamientos pueden aplicar para reducir las tarifas.

Para tender al pago por generación, como exige la ley, estas cuotas han sido determinadas por los técnicos optando para la recogida y transporte de residuos, por coordinación y coherencia en todo el ciclo de gestión de residuos, por el mismo criterio que emplea la EMTRE en cuanto al tratamiento y eliminación de residuos (TAMER): el consumo de agua, medido en un tiempo definido de 12 meses, de la vivienda.

En el caso de actividades económicas, modulando tanto por el consumo como por el Grupo de Actividades del CNAE (Código Nacional de Actividades Económicas) al que pertenece.

Se prevé un total de 459.222 recibos entre viviendas, comunidades de propietarios y actividades.

En el caso de las viviendas, se estima que para la mitad (201.843 de las 408.396) la cuota resultante será de 39,14 €/año, equivalente a 0,11 euros diarios o 3,3 euros mensuales.

Para aliviar a vecinos y comercios por esta tasa, Ferrer San Segundo confirmó que, «mantendremos también para 2025 la histórica rebaja fiscal aprobada para el año 2024, que fue la mayor bajada de impuestos y tasas de la historia de este Ayuntamiento y de las grandes ciudades españolas».

Además, la nueva ordenanza contempla diferentes beneficios fiscales, que han de tener cobertura legal y ser restringidos en su cuantía para no infringir la imposición de que la tasa no sea deficitaria, pudiendo acumularse las reducciones y bonificaciones como una reducción del 30% a familias numerosas o para familias con escasos recursos.

Además, también se contempla una bonificación de 10 euros para usuarios que utilicen ecoparques o de 50 para la recogida de papel y cartón «puerta a puerta» en empresas, entre otros.

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