El ‘batacazo’ judicial que tumba el convenio y el PIGA del proyecto de ampliación de la plataforma logística de Zaragoza, conocido como Plaza 4.0, tiene consecuencias que pueden afectar al empleo y la inversión anunciada en los terrenos afectados. Es el caso del proyecto de la empresa Lidl, que tiene previsto instalar un macroalmacén en una de las parcelas que, tras la ampliación, quedaría en manos del Gobierno de Aragón. Tras la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, el Ejecutivo aragonés ha expresado su compromiso para que dicha inversión no corra peligro, sea como sea.
El consejero de Fomento, Octavio López, ha dejado la puerta abierta a recurrir la sentencia que anula el convenio y el PIGA de Plaza 4.0 ante el Tribunal Supremo, aunque se ha mostrado convencido de que se deben cumplir los preceptos que marca el auto del tribunal aragonés para «dar visos de legalidad» a la operación y ajustar todos los trámites pendientes, como la ausencia de un informe del Departamento de Hacienda para el procedimiento de ampliación, una de las principales cuestiones que afea la sentencia.
No obstante, López ha insistido en que el objetivo fundamental del Ejecutivo que dirige Jorge Azcón es «salvar la inversión y el empleo» planteado por la empresa Lidl. Nada menos que 100 millones y 200 empleos directos. Si finalmente la llegada de Lidl puede concretarse en Plaza o si deberá trasladarse a otros «suelos disponibles en la ciudad de Zaragoza o su área metropolitana» no está definido. De hecho, es una de las cuestiones que deberán dirimirse en los próximos días, «en función de las necesidades de la empresa».
«De momento, vamos a ver si podemos cumplir en la implantación que ellos han elegido. Vamos a ver cuánto de importante es la ubicación para ellos. Si la ubicación no fuera una cuestión sustantiva, intentaremos ayudarles a encontrar otra ubicación que pueda cumplir los plazos que ellos manejan», ha concretado López. Cabe recordar que la empresa contaba con empezar la construcción en el primer semestre de 2028. Y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón anula la ampliación de Plaza donde se iba a instalar Lidl.
La vía judicial
El consejero de Fomento ha relatado que la sentencia del TSJA supone, en términos jurídicos, que hay una «nulidad radical» de la operación de ampliación. Sin embargo, más de dos años después de que el Ejecutivo de Javier Lambán firmada con CIPSA NORTE el convenio de colaboración, hay trabajo avanzado que no se puede obviar. Sobre todo, ha dejado claro López, «porque hay una empresa con la que se tiene el compromiso de instalarse en esos terrenos».
A partir de ahora, el consejero va a consultar «a todo el elenco» de servicios jurídicos a su alcance -los del Gobierno de Aragón, Aragón Plataforma Logística y la secretaría general técnica del área que dirige- para tomar una decisión sobre si recurrir o no la sentencia con un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Una instancia «de dudosa efectividad», ha reconocido López. Esta decisión, ha insistido, se tomará «a la mayor brevedad posible, pensando en que la logística y la ampliación de Plaza es muy importante».
Mientras tanto, López ha insistido en que el promotor de la ampliación, CIPSA NORTE, «se tiene que ajustar a la sentencia» del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y tener en cuenta al resto de propietarios de los suelos, quienes recurrieron el convenio y a quienes la Justicia les ha dado la razón.
Lidl, con «actitud serena»
El consejero de Fomento ha reconocido que, tras los primeros contactos con la empresa Lidl, esta ha mostrado «actitud serena» a pesar del batacazo judicial a la ampliación de Plaza. «Confían en la decisión de la DGA», ha manifestado.
«Puede ser que se reactive Plaza 4.0 pero con plazos más dilatorios, y ellos serán quienes marquen su interés por un suelo concreto y la fecha en la que necesitan que esté urbanizado», ha explicado.
