Pedro Sánchez ha dejado claro este jueves su frontal rechazo a los campos de deportación de inmigrantes situados fuera del territorio de la UE, una receta que está cogiendo fuerza entre buena parte de los estados miembros y que cuenta con un primer laboratorio de la mano de Italia, gobernada por la ultraderechista Giorgia Meloni, que ya ha abierto centros de expulsión en Albania. “No estamos a favor de esas fórmulas. No atajan los problemas y crean otros nuevos”, ha señalado el presidente del Gobierno desde Bruselas, donde ha participado en un Consejo Europeo centrado en la espinosa cuestión migratoria.
«En último término, está en juego qué Europa queremos ser. Necesitamos afrontar el fenómeno pensando en las futuras generaciones y no en las próximas elecciones”, ha argumentado el líder del PSOE.
Con esta posición, que coincide con la de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, Sánchez rema a contracorriente dentro de la UE. La mayoría de países reclaman ya explorar este tipo de vías, a pesar de que las llegadas de irregulares a territorio comunitario se han reducido un 42% en los primeros nueve meses de 2024. No son solo los que tienen a la derecha en el poder. Dinamarca, con un gobierno socialista de coalición, también la defiende. Otros, como Francia e Irlanda, prefieren esperar hasta conocer los detalles. Y Alemania no ha dado una respuesta clara.
Una «aproximación en positivo»
“Nosotros optamos por una visión más volcada en la dimensión exterior, en cómo anticipar la llegada de migrantes irregulares, reforzando la cooperación con terceros países (…) Mi planteamiento es hacer una aproximación en positivo al fenómeno migratorio”, ha insistido el jefe del Ejecutivo, que la semana pasada compareció en el Congreso para dar cuenta de su política en este campo y transmitió una postura basada en la necesidad de respetar los derechos humanos, combatir la ola xenófoba y defender la inmigración “ordenada”. No solo por una cuestión moral. También por pura necesidad económica.
“España tiene que elegir entre ser un país abierto y próspero o uno cerrado y pobre”, dijo entonces, unas palabras que este jueves ha vuelto a repetir, haciéndolas extensibles a toda Europa, ya que “la competitividad, el crecimiento y la sostenibilidad del Estado del Bienestar dependen de la migración. Nuestra credibilidad ante el resto del mundo depende también de cómo gestionemos este fenómeno”.
